El pasado jueves, una comitiva del Partido Popular de Huelva se plantaba en la localidad de Lucena para reunirse con los agricultores que demandan que se les permita usar agua superficial si se cierran los pozos ilegales de los que se les abastece. Estos agricultores corren serio peligro de quedarse sin medio de vida por la falta de inversión del plan de regadíos, que requiere 150 millones de euros del Gobierno central para solventar la situación. Un tema de Fermín Cabanillas.
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