El caso Perla Negra afronta una de sus últimas fases y se centra en el patrimonio de los principales investigados

El caso Perla Negra,  que investiga el sobrecoste del edificio de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León y la compra de unos terrenos para un polígono a empresarios con precios inflados, afronta ya una de sus últimas fases. El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid está a la espera de recibir varios informes para poder continuar con las diligencias y decidir sobre nuevas imputaciones o archivos. Entre esos informes pendientes está el de la Agencia Tributaria acerca de las 83 cuentas del exvicepresidente Tomás Villanueva y sus familiares. No se esperan grandes resultados ya que Villanueva falleció un día después de que se le comunicase la diligencia que le afectaba y la investigación penal no puede avanzar tras la muerte del investigado, aunque sí que se podría exigir la responsabilidad civil a sus herederos si se descubriese algún delito.

Además, la UDEF está investigando el patrimonio de una buena parte de los investigados, en busca de algún indicio de enriquecimiento ilícito, y también las extrañas transacciones económicas entre los arquitectos que cobraron los 4,4 millones y que realizaron ingresos a Parqueolid, la constructora del edificio.

Prueba de que el caso está avanzando y llegando al final, es la criba efectuada por el juez: ha archivado actuaciones sobre 11 de los 30 investigados en la causa. Era un paso esperado ya que la imputación se realizó por la participación de estos en decisiones y resoluciones administrativas. “Debían ser escuchados como investigados para mayor garantía de sus derechos”, explica el juez en el auto al que ha tenido acceso eldiario.es. Sin embargo, se ha podido concluir “con la falta de responsabilidad, al menos criminal”. El juez incide además en que algunos de ellos “tienen una relación casi nula” o “no tenían poder decisorio o  de actuación sobre los mismos, al margen de su posición en un organismo colegiado que bien poco puede analizar las circunstancias que llevaron a su intervención o que no tuvo otra intervención que la de conocer las actuaciones realizadas a posteriori. En algunos casos, además estamos ante personas que, como la investigación desvela, fueron las únicas que parece pusieron algún obstáculo o ”pero“ a la actuación”.

En este último caso se encontraba el delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo, hermano del exministro de Defensa, que declaró ante el juez que había avisado al presidente Juan Vicente Herrera de que la operación que se pretendía llevar a cabo –alquilar el edificio con una opción de compra a precio muy elevado- no era una buena decisión.

Su declaración judicial causó tal revuelo que, dos días después Herrera convocó una rueda de prensa urgente. No le quedó más remedio que reconocer que Trillo había dicho la verdad, pero a la vez quiso matizar o diluir sospechas. Según su versión ante los medios de comunicación, dejó el asunto en manos de los técnicos y el alquiler millonario se canceló y se acordó una compra por 52 millones. Si se hubiese ejecutado la opción de compra, el edificio habría tenido un precio superior a los 100 millones de euros. Lo que Herrera no explicó es cómo se había negociado con la constructora para que cobrase la mitad de lo previsto inicialmente.

En realidad, ese precio de compra de 52 millones se superó con creces y se pagaron incluida la carga financiera, 70. Para llegar a ese precio, hubo dobles pagos, según reflejó la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) . Fuera de ese montante quedan los 4,4 millones de euros que se llevó el estudio madrileño de arquitectos Unifica Servicios Integrales, el mismo que reformó en negro la sede del PP en la calle Génova. Los consiguió sin concurso ni expediente alguno.  Pero es que además incluso ese precio de compra de 52 millones está en duda: Economía tenía en su poder dos tasaciones que valoraban el edificio y que precisaban un precio de 39 o 41 millones. La empresa pública, Gesturcal, que se encargó de la compra, nunca tuvo conocimiento de estas, sólo de una de 52 millones.

Junto a Trillo, han visto archivada su causa, el representante de Caja Duero en el consejo de administración de Gesturcal, donde la caja tenía un pequeño porcentaje, un apoderado de la empresa pública que gestiona los parques empresariales, el exdirector gerente de la ADE, el representante en el consejo de la Diputación de Soria y el exdirector general de Presupuestos y Estadística de la Junta. Se sobresee la causa también para un exconsejero de Gesturcal que apuntó directamente al exvicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, como responsable de la compra del Perla Negra, un consejero de la ADE, y un administrador de los principales imputados, los hermanos Esgueva.

Quedan fuera del caso también el director general de Calidad y Sostenibilidad, José Manuel Jiménez y el que fue director general de Industria, Carlos Martín Tobalina que, a pesar de su imputación fue ascendido y en la actualidad es el viceconsejero de Economía de la Junta. Martín Tobalina fue el que, según unas facturas aportadas recientemente a la causa, se desplazó por Bruselas a bordo de una limusina con chófer.