El PP no reconoce como víctimas de la dictadura a torturados o exiliados

El PP ha registrado enmiendas a la Ley de Memoria Democrática con la intención de que la norma se circunscriba a la localización y exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, una categoría en la que sólo encuadra a “las personas fallecidas o desaparecidas” en la contienda civil o el régimen que le siguió, pero de la que excluye, por ejemplo, a los torturados o los exiliados. Además, plantea suprimir la posibilidad de sacar los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, del lugar preponderante del Valle de los Caídos en el que se encuentran ahora.

El objetivo de las enmiendas parciales de los 'populares' es suprimir gran parte de los artículos del proyecto del Gobierno, en concreto todos los que se basan en el concepto de 'memoria democrática' y que aluden al despliegue de políticas públicas relativas a la misma. De hecho, el primer partido de la oposición aboga por cambiar incluso el nombre de la norma y plantea que se denomine ley “para la localización, exhumación y entrega a sus familiares de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”.

También sugiere modificar su exposición de motivos, para ensalzar en la misma la Transición, y el artículo que define la condición de víctimas, de forma que sólo se considere como tales “a las personas fallecidas o desaparecidas” como consecuencia de la contienda o el régimen que se instauró tras la misma.

No a la Fiscalía especial

El PP pide, asimismo, la supresión del artículo para crear un banco de ADN de las víctimas, de los puntos que aluden a la retirada de símbolos o del callejero franquista, de los relativos a la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y de los destinados a la creación de los llamados 'lugares de la memoria'.

Respecto al Valle de los Caídos, que según el pacto alcanzando entre el PSOE y Unidas Podemos pasaría a llamarse Valle de Cuelgamuros, el PP rechaza que se considere 'lugar de memoria', aunque sí acepta que se den a conocer las circunstancias de su construcción y su significado “con el fin de fortalecer los valores constituciones y democráticos”.

Así, respalda que se prohíba la celebración en el recinto de “actos de naturaleza política”, pero sin especificar que estos tengan que incluir la exaltación de la Guerra, la dictadura o sus protagonistas como establece el proyecto del Gobierno.

El texto que tramita el Congreso prevé que las criptas adyacentes a la basílica y los enterramientos existentes en la misma tengan carácter civil, pero el PP prefiere eliminar ese calificativo y se limita a señalar que se rijan por los ley que regula los cementerios municipales.

Lugar religioso

Además, aunque comparte la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, subraya que eso no debe alterar “el carácter religioso del lugar y su condición de basílica” y defiende que sigan pudiéndose enterrar allí los monjes benedictinos que residen en el monasterio.

Asimismo, el PP busca eliminar el precepto que abre la puerta a la reubicación de los restos de José Antonio Primo de Rivera, que sigue enterrado en el altar mayor, donde hasta octubre de 2019 reposaban también los resto de Francisco Franco.

Mientras que el proyecto del Gobierno remite a un real decreto para fijar el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos y que determine su organización, funcionamiento y régimen patrimonial, el PP recalca que éste debe ser conforme a la Ley de libertad religiosa, pero también al Acuerdo con la Santa Sede.

En cuanto al censo estatal de víctimas que prevé la nueva norma, los 'populares' lo enmiendan para subrayar que debe recoger a las víctimas “de ambas zonas de la contienda”.