La jueza renuncia ahora a citar como imputados por una protesta a los diputados de Unidas Podemos alegando que son aforados
La titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles, ha decidido dejar en suspenso la citación como investigados de los tres diputados de Unidas Podemos a los que llamó a declarar por un delito de atentado a la autoridad en una protesta de los trabajadores de la empresa Alcoa el pasado marzo. La jueza ha tomado la decisión de “desistir” de sus declaraciones al tener ahora la “sospecha razonada” de que son parlamentarios y que, por tanto, la competencia para investigarles es del Tribunal Supremo.
Así lo aseguran fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que no explican qué ha llevado a la magistrada a tomar decisión ni dan detalles de cómo ha tenido conocimiento “fehaciente” de su condición de diputados y dar marcha atrás. El atestado policial en el que basó su investigación y que se remitió al juzgado el 28 de marzo, el mismo día que se produjeron los incidentes cerca del Congreso de los Diputados, hacía hincapié múltiples veces en esa condición.
Los diputados no dan legitimidad a las citaciones, por lo que no están respondiendo a los primeros requerimientos que hizo la jueza, informan en el grupo confederal. Rafael Mayoral fue llamado a declarar el pasado miércoles 18 de septiembre, aunque no acudió. Antón Gómez-Reino está citado este martes para declarar por videoconferencia en un juzgado de A Coruña y tampoco se presentará, mientras que Yolanda Díaz no ha recibido ninguna citación.
Tras su citación como investigados, el grupo confederal solicitó la “comparecencia urgente” del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, para que explique en el Congreso lo que consideran una “persecución política” previa a las elecciones del próximo 10 de noviembre. “Este caso de policía política y de reactivación de las cloacas del Estado es un ataque al sistema democrático del que el ministro del Interior tiene que venir a rendir cuentas”, aseguró Mayoral. El diputado recordó los informes apócrifos que en 2016 golpearon a Podemos mientras negociaba un Gobierno con el PSOE y ante otra inminente repetición electoral.
Grande-Marlaska subrayó que los agentes de la Policía Nacional no realizaron “un informe ad hoc” ni imputaron ningún delito en sus actuaciones remitidas a la autoridad judicial, informa Europa Press. El pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aseguró que el atestado narra lo ocurrido “como todos los de esas características” y que fue remitido a la autoridad judicial para que “hiciera la valoración pertinente”. “Los policías no hacen ninguna imputación, que esto quede claro”, apostilló.
Protesta en el Congreso de los Diputados
Los hechos investigados se remontan al pasado 28 de marzo de 2019, cuando varios centenares de trabajadores de Alcoa, cuyas factorías en Galicia y Asturias estaban a punto de cerrar, se trasladaron a Madrid a manifestarse frente al Congreso de los Diputados. Un cordón de antidisturbios de la Policía Nacional les impidió el acceso a las inmediaciones del Parlamento.
Un grupo de diputados del por entonces grupo de Unidas Podemos-En Comú-En Marea se acercaron a respaldar la protesta y a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez su intermediación para evitar el cierre de las factorías. Entre ellos, los cuatro investigados, pero también el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, o el secretario general del PCE, Enrique Santiago.
El atestado en el que se basa la imputación acusa a los diputados no ya de impedir el trabajo policial, sino de provocar la ruptura de la línea de vallas y agentes que impedían el paso a los manifestantes hacia la puerta del Congreso. Las imágenes muestran cómo los diputados se interponen entre los agentes antidisturbios y los manifestantes para evitar las cargas policiales.
El documento policial señala además que “de manera súbita e inesperada, los diputados del grupo parlamentario 'PODEMOS' (sic) y acompañados de representantes sindicales (...) acercándose a este y a las espaldas de la línea policial establecida, hacen gestos ostensibles con las manos a los concentrados, para que estos sobrepasen el vallado y la línea policial”.
En otro momento, el atestado les acusa de participar, desde detrás de la propia línea policial, “activamente” en la ruptura del vallado y de interponerse entre los agentes y los manifestantes.
