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Restoy y Segura afirman que extremaron las precauciones pero las cuentas de Bankia no presentaban salvedades

Restoy deja la Audiencia Nacional tras declarar como investigado por Bankia

EUROPA PRESS

MADRID —

El ex subgobernador del Banco de España y ex vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, y el expresidente de esta segunda entidad Julio Segura han defendido este lunes durante su declaración como investigados en el “caso Bankia” que la información sobre el estado de las cuentas de la entidad que fue remitida a ambos órganos supervisores no presentaba salvedades por parte del auditor y fue suficiente para avalar su salida a bolsa. De hecho, han indicado que extremaron precauciones y fueron más exigentes en este caso.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes presentes en las declaraciones que ambos han prestado frente al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que se han prolongado durante casi tres horas en las que ni el fiscal del caso Alejandro Luzón ni el abogado del Estado en nombre del FROB han realizado pregunta alguna a los investigados.

Según las mismas fuentes ninguno de los exresponsables ha realizado grandes revelaciones y se han limitado a defender el papel del órgano supervisor durante la operación. Así, el subgobernador del Banco de España y ex vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, ha confirmado “existían provisiones genéricas suficientes en Bankia - alcanzaban los 6.500 millones de euros- y no había ningún defecto de provisiones” y ha citado expresamente el escrito del FROB que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción desde hace dos años en el que se ratifica esta afirmación.

Los dos habían sido citados como responsables en sus correspondientes entidades en el momento de la constitución de BFA-Bankia y su posterior salida a bolsa después de que el pasado 11 de octubre fueran dados a conocer unos correos en los que el equipo de inspección del Bde advertía reiteradamente “de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 se opuso inicialmente a su citación, que ha venido obligada por la Sala de lo Penal tras el recurso presentado por la acusación popular en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC). Pese a que esta parte no ha preguntado por estas misivas, tanto Restoy como Segura han negado haber conocido en su día estos correos, al no encontrarse ninguno de ellos en dicho momento en la entidad supervisora financiera.

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