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El Gobierno ha dejado claro que no dejará pasar ni una a los independentistas. Ante la reacción en Catalunya por la sentencia del procés, Pedro Sánchez avisó de que actuaría con “firmeza” y “proporcionalidad”. A partir de ahí, comenzó una cascada de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional para acotar el margen del Govern y del Parlament respecto a la autodeterminación. A pesar de la advertencia del tribunal, los partidos independentistas –con el presidente Roger Torrent a la cabeza– elevan el desafío tramitando una iniciativa en esos términos. El Ejecutivo socialista aguarda, no obstante, antes de abrir la vía penal, aunque avisa de que se colocan “en el precipicio”.
La respuesta del Gobierno va perfectamente coordinada con el PSC de Miquel Iceta, que ha planteado a la Mesa del Parlament la reconsideración de la resolución sobre la autodeterminación que ha sido admitida a trámite este martes. Hasta que no se produzca ese replanteamiento en el órgano que pilota la actividad de la Cámara, el Ejecutivo no abordará el siguiente paso.
“Estamos en fase de solicitud de reconsideración y luego se tiene que pronunciar la Mesa. Solo en caso de que no se reconsidere pueden abrirse otros escenarios”, señalan fuentes gubernamentales. El mensaje oficial de Moncloa sitúa en la votación en el Pleno del Parlament el momento en el que pasar a la vía penal: “El gobierno actúa cuando hay decisiones tomadas por el Pleno, no sobre anuncios, propuestas o declaraciones de intenciones”. Si aguardan hasta ese momento, la respuesta por la vía penal se produciría, por tanto, después de las elecciones del 10N.
Lo que aseguran en la cúpula del Gobierno es que los independentistas se “colocan ya en el precipicio” con la tramitación de esa iniciativa tras el apercibimiento del Constitucional. La Mesa del Parlament y el Govern recibieron recientemente un aviso del tribunal, a instancias del Gobierno, en el que advertía de las posibles repercusiones penales de aprobar iniciativas relacionadas con la autodeterminación. En concreto, podrían incurrir en un delito de desobediencia.
Pero los independentistas han desoído estas advertencias y, este martes, los grupos de JxCat, ERC y la CUP han registrado una propuesta de resolución en la que vuelve a hablarse sobre la autodeterminación o la reprobación de la monarquía, dos preceptos que puede entenderse que desarrollan anteriores resoluciones ya suspendidas y que, por tanto, no pueden tramitarse. Sin embargo la Mesa del Parlament ha decidido dar luz verde a la iniciativa.
Algo similar ha ocurrido en el Govern también este martes, cuando el president, vicepresident y consllers han aprobado un acuerdo de gobierno en la misma línea, donde también se rechaza la sentencia y se reafirma en la defensa de la autodeterminación. Aunque en el texto no se cita ninguna resolución o moción concreta, de nuevo puede entenderse que este acuerdo del Govern desarrolla alguna de las resoluciones suspendidas o anuladas por el Constitucional, algo expresamente prohibido.
Fuentes jurídicas del Parlament, sin embargo, rebajan la gravedad de los hechos, al entender que los actos de la Mesa y del Govern pueden enmarcarse en una línea de provocación política pero más en el plano simbólico que en el efectivo. Además indican que tanto la redacción como el contexto en la que se produce esta resolución está muy lejos del que se producía en 2017, cuando sí había una voluntad de llevar a cabo actuaciones contrarias a las decisiones de los tribunales, razón por la que consideran que, para la Fiscalía, no sería sencillo defender que se han cruzado una línea penal.
Recurso a una resolución contra Marchena
El Ejecutivo sí tiene previsto recurrir de forma inmediata la iniciativa de ERC que se debate este jueves. No obstante, tendrá que esperar a que sea publicada en el Boletín Oficial y a que la analicen los servicios jurídicos. Se trata de una propuesta de resolución que los republicanos registraron por su cuenta para posicionarse contra la sentencia y que este jueves se debatirá en la Cámara. En el texto califican el proceso contra los líderes independentistas de “arbitrario y sesgado” y acusan a Manuel Marchena y el resto de magistrados de haber gestionado el juicio de una forma “más propia de un sistema judicial autoritario”.
El incremento de la tensión en Catalunya ha pillado a Sánchez en plena precampaña. A pesar de que en Moncloa confiaban en que el recrudecimiento de la situación y la respuesta del Gobierno le daría puntos de cara a la contienda electoral, en el PSOE comenzó a cundir la preocupación la semana pasada con días consecutivos de disturbios retransmitidos en directo. Ahora que se han suavizado, los socialistas respiran con cierto alivio. “Yo espero que en estos 20 días que quedan, que en política son un mundo, la gente se dé cuenta de que la respuesta del Gobierno ha sido impecable”, comenta una dirigente del PSOE en conversación con esta redacción.
A lo que no está dispuesto Sánchez es a dar munición a la derecha, que le ha acusado durante todo su mandato de tener un pacto con los independentistas. Por eso, no tiene previsto tener ningún acercamiento a Quim Torra, pese a las llamadas de teléfono que le ha hecho en los últimos días. “Si tiene que hacer una llamada, que anda por ahí llamando, que haga una llamada a la convivencia, al rechazo generalizado de la violencia y a la solidaridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, afirmó en un mitin en Huelva este martes.
Diálogo: ni en Catalunya ni con la Moncloa
Una vez que el presidente de la Generalitat subió el tono contra los violentos, Sánchez también invitó a Torra a que “hable” con los catalanes no independentistas a los que ha “vuelto la espalda e ignorado”. Iceta dio en ese momento un paso en esa misma dirección al solicitar al jefe del Govern una reunión de los partidos catalanes antes de plantear verse con el presidente del Gobierno en funciones.
Iceta aspiraba a que Torra volviese a activar la llamada “mesa de diálogo”, algo que el líder de los socialistas catalanes ya le reclamó durante el último pleno. Sin embargo el president le respondió revelando que había sido el propio Iceta quien había pedido que se suspendieran las reuniones durante el periodo electoral, para preservar el espacio de posibles manipulaciones partidistas. Con esta respuesta, a la que Iceta no replicó, Torra venía a anunciar que la mesa se volvería a reunir tras la formación de Gobierno en España.
Mientras la comunicación entre los partidos catalanes está atascada, Sánchez continúa evitando coger el teléfono a Torra, que este miércoles ha hecho el cuarto intento de hablar con él. “La irresponsabilidad no sólo ha ido creciendo sino que ya se ha hecho internacional”, ha dicho Torra, “sencillamente den una vuelta por las cabeceras de los diarios del mundo. Los problemas políticos se resuelven de forma política”, ha considerado. Unos argumentos que no convencen a la Moncloa, que sigue apostando por no coger el teléfono.