Llarena divide en dos la causa del 1-O para que las euroórdenes no retrasen los trámites
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido dividir en dos partes la causa que sigue contra los responsables de la celebración del referéndum del 1-O. El instructor ha abierto una pieza separada en la que incluirá a los procesados que se encuentras en Alemania, Bélgica o Suiza, para que los trámites sobre su entrega no dificulten juzgar al resto de acusados.
Según informan fuentes jurídicas, la decisión de Llarena responde a la petición que realizó la Fiscalía el pasado mes de abril, con el argumento de que dividir las causas impediría que los fugados perjudicasen el avance de los trámites contra el resto de procesados. El juez hace suyo este argumento y separa la causa en dos piezas mientras espera respuesta de tres tribunales extranjeros.
Así, la causa por rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia quedará dividida en dos partes: una contra quienes se encuentran en prisión o han comparecido ante la justicia española, y otra contra los procesados que se hayan en distintos países europeos, a la espera de que se resuelvan las euroórdenes dictadas contra ellos.
El juez que instruye la causa por el 1-O da así un paso más hacia la celebración del juicio oral, después de que el pasado 20 de marzo dictara auto de procesamiento contra los investigados. En él acusó de rebelión y malversación al expresident Carles Puigdemont, al exvicepresident Oriol Junqueras, a siete exconsellers, los 'Jordis', Marta Rovira y Carme Forcadell. Atribuyó solo desobediencia, que no implica cárcel pero sí inhabilitación, a cinco exconsellers, los miembros de la Mesa, Mireia Boya y Anna Gabriel.
Llarena justificó el procesamiento por rebelión, delito para el cual debe utilizarse la violencia, en relación con los hechos del 20 de septiembre ante la Consellería de Economia. “En modo alguno puede entenderse que el cerco tuviera un contenido exclusivamente intimidatorio (…) los hechos aquí expuestos determinaron el efecto inherente a la violencia, esto es, una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”.
“Aunque no fuera el reflejo de una violencia que estuviera ideada desde el principio como un instrumento para la consecución de la independencia (lo que esta resolución no excluye), desde luego permitió que todos los involucrados en el proceso se representaran el riesgo de que futuras movilizaciones pudieran estallar con episodios de fuerte lesivididad y daño en el grupo social”, añadía Llarena.
El instructor todavía está pendiente de que las autoridades alemanas resuelvan la entrega o no de Carles Puigdemont, después de que un tribunal de ese país haya descartado inicialmente atribuirle el delito de rebelión. La justicia alemana debate ahora si debe ser extraditado por malversación de fondos, un delito sobre el que también han planteado dudas.
Además, Llarena espera respuestas de la justicia escocesa, país donde se encuentra Clara Ponsatí, la belga, donde están Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret, y la Suiza, donde se encuentra la dirigente de ERC Marta Rovira. En este último país están también Anna Gabriel, pero contra ella solo se dictó orden de detención nacional.
