El Supremo precisa que Montoro no descartó la malversación para el 1-O

El juez del caso del procès en el Supremo, Pablo Llarena, ha aclarado hoy en un auto en el que confirma los procesamientos de los imputados en este sumario, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en contra de lo que las defensas han argüido, no descartó la malversación en relación con el 1-O.

Los procesados alegaron que las declaraciones públicas del ministro de Economía y Hacienda en las que supuestamente negaba el uso de dinero público para el 1-0 hacen insostenible el procesamiento por el delito de malversación, ha recordado hoy Llarena en un auto que confirma los autos de procesamiento.

Después de examinar el contenido completo de las declaraciones de Cristóbal Montoro, el juez deduce que las mismas “fueron acompañadas de una serie de matizaciones que, en ejercicio del derecho de defensa que corresponde a los investigados, estos silencian en su intento de aportar contundencia a su exculpación”.

Afirma que, pese a proclamar un principio de confianza respecto de los funcionarios de la administración autonómica, el ministro recoge “la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada”.

Es decir, que no detectó malversación pero pudo ser porque se produjo fraude para ocultarla, señala el juez.

Hacienda “no sólo no acredita que la investigación de este proceso se muestre errónea, sino que la propia fiscalización de las cuentas de la Generalitat que se ha llevado por el Ministerio de Hacienda detectó (y mucho antes de que se desatara la polémica que la defensa esgrime)” indicios de malversación.

El juez subraya que “la alegación de las defensas de que el procesamiento por este delito es injustificado, utilizando para ello una mención incompleta de las manifestaciones hechas por el Ministro de Hacienda en una entrevista periodística, no desbarata los indicios que la investigación recoge”. “Antes al contrario”, añade.

En su auto, aglutina estos indicios y, así, cita las pruebas de los costes en publicidad del referéndum en los medios de comunicación públicos, la distribución de documentación electoral, los sobres para remisión de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y cartelería o la intervención de una pluralidad de observadores internacionales.