Tribunal de Cuentas apurará cuántos militares hay en el Gobierno de Bolsonaro

El pleno del Tribunal de Cuentas de Brasil decidió este miércoles investigar cuántos militares de las Fuerzas Armadas, activos y de la reserva, ocupan cargos civiles en el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

El juez Bruno Dantas, autor del pedido, afirmó que es “importante” que la sociedad sepa “exactamente” el número de militares en el actual Ejecutivo “dados los riesgos de desvirtuación de las Fuerzas Armadas que ello puede representar”.

“Las alusiones a una posible militarización excesiva del servicio público civil son constantes. Se trata de una cuestión relevante que ha levantado la preocupación de sectores importantes de la sociedad”, señaló el magistrado en su pedido, que fue aprobado por el tribunal.

Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército y un nostálgico de las dictaduras militares de derechas, ha dado a su Gobierno un marcado acento castrense desde que llegó al poder el 1 de enero de 2019.

Un tercio de sus ministros es de origen militar y, según el portal Poder 360, citado por el Tribunal de Cuentas, existen casi 3.000 integrantes de las Fuerzas Armadas repartidos entre los tres poderes, de los que más del 90 % estarían en puestos del Ejecutivo.

El organismo, que fiscaliza los bienes públicos del Estado brasileño y actúa como Contraloría, comparará además el número que obtenga a raíz de sus pesquisas con el de los tres últimos Gobiernos a fin de “evaluar la situación y presentar los datos a la sociedad”.

Dantas citó además la alerta que lanzó esta semana el juez Luis Roberto Barroso, de la Corte Suprema, en una entrevista en el programa de televisión “Roda Viva”, donde destacó “los riesgos de la militarización de los sectores civiles del Gobierno”.

“Creo que es malo y preocupante comenzar a poblar cargos del Gobierno con militares. Eso es lo que ocurrió en Venezuela, es la 'chavización': comienzan a identificarse con el Gobierno, con las ventajas, con los privilegios... Eso es un desastre, no puede ocurrir”, advirtió Barroso.

Bolsonaro, de 65 años, tiene además varios frentes abiertos con la Justicia que pueden poner contra las cuerdas su mandato, que se extiende hasta el 1 de enero de 2023.

El jefe de Estado es investigado en el Supremo por presuntas presiones e injerencias políticas e ilegales en la Policía Federal.

En la Justicia electoral también tramita otro caso que podría anular su triunfo en las elecciones de 2018 por la diseminación de noticias falsas durante su campaña.

Por otro lado, el Supremo también ha puesto su mira en las manifestaciones de sesgo “antidemocrático”, según la Fiscalía, que piden una “intervención militar” y el “cierre” del Congreso y el Supremo, y en las que ha participado Bolsonaro en varias ocasiones.

El líder ultraderechista ha criticado las diligencias ordenadas por la máxima corte del país para avanzar en esas investigaciones, a las que ha calificado de “abusos”.

Todo ello coincide también con un intenso debate sobre el alcance del artículo 142 de la Constitución, relacionado con las Fuerzas Armadas.

El jefe de Estado recordó la semana pasada que las Fuerzas Armadas están bajo “su autoridad suprema”, según dicta la Carta Magna, y que éstas “no cumplen órdenes absurdas”, como “la toma del poder”, ni tampoco aceptan “tentativas” por parte de otros poderes basadas en “juicios políticos”.

La declaración se produjo poco después de que un juez del Supremo delimitase las funciones de los militares.

Bolsonaro también mantiene un duro embate con el Congreso que, como el Supremo, ha matizado y suspendido algunas de sus más polémicas medidas, como la liberación de armas a la población civil.