El TSJC cita a inspector jefe de Enseñanza y a dos directoras por su papel en 9N

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al presidente catalán, Artur Mas, por la consulta del 9N, ha citado como testigos al inspector jefe de Enseñanza y a dos directoras de instituto, una de los cuales se negó a ceder las llaves de su centro para la votación.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado del TSJC Joan Manel Abril ha citado como testigo para el próximo jueves 30 de julio al inspector jefe de Enseñanza, que asistió a las dos reuniones que convocó la directora territorial de Barcelona -los días 16 y el 22 de octubre-, para informar a los centros sobre su papel en la consulta alternativa del 9N.

A instancias de la Fiscalía, el magistrado también ha citado el mismo día como testigos a la directora del IES Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), donde se acogieron urnas de la consulta, y a la del IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que se negó a ceder las llaves del local, por lo que se tuvo que buscar un centro alternativo.

El TSJC ha citado a estos tres testigos después de que el pasado 13 de julio la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza en Barcelona admitiera que convocó dos reuniones con directores de instituto, y que dos inspectores de la conselleria advirtieran que algunos responsables de escuelas les aseguraron que en la reunión se les pidió que permitieran la apertura de los centros para la votación.

La directora territorial de Enseñanza en Barcelona, Montse Llobet, precisó ante el juez que convocó y celebró las dos reuniones para dar información y tranquilizar a una cincuentena de directores de instituto, ante la gran preocupación que le mostraban por si incurrían en alguna responsabilidad penal si abrían las escuelas para la consulta, aunque negó que les dieran instrucciones.

A las reuniones estuvo presente el inspector jefe de Enseñanza, Francesc Güell, que ha sido citado como testigo.

La Fiscalía sospecha que la celebración de estas reuniones contradice un escrito que les remitió la consellera de Enseñanza, Irene Rigau -también investigada en la causa por el 9N-, en la que negó que se hubieran celebrado reuniones entre los responsables de su departamento y directores de centros de enseñanza dirigidas a “determinar la manera de proceder en relación al proceso participativo” del 9N.

Por contra, los dos inspectores de la conselleria que denunciaron ante la Alta Inspección que se habían celebrado estas reuniones advirtieron al magistrado que algunos directores de instituto les informaron que la directora territorial sí que les dijo que permitieran la apertura de los centros y que, si no se querían implicar en el proceso, buscaran voluntarios para que lo hicieran.

Además, uno de los dos inspectores aseguró que algunos directores le aseguraron que en la reunión hubo presiones a los responsables de instituto, aunque no las concretó.

Uno de los inspectores remitió una carta a la directora del instituto Pompeu Fabra, el pasado 17 de octubre, en la que le advertía que, para salvar su “responsabilidad”, no debía permitir el uso de las instalaciones de su centro si no recibía instrucciones concretas, por escrito, por parte de la Generalitat.

El magistrado también ha citado como testigo a la directora del instituto Pedraforca, de L'Hospitalet de Llobregat, que se negó a abrir el centro para la consulta, por lo que las urnas se tuvieron que instalar en el cercano colegio Sant Jaume, en Collblanc-La Torrassa.

En un apunte en su cuenta de Facebook, la directora de este instituto de L'Hospitalet, Dolores Agenjo, ha recriminado a la directora territorial que no dijera “toda la verdad” sobre las reuniones, porque, según su versión, sí que se dieron instrucciones a los directores para que entregaran las llaves de los centros.

“A la pregunta de si se daría una orden escrita, se contestó que no, porque no hacía falta, ya que la Generalitat es la propietaria de los centros”, sostiene esta directora, que agrega que cuando algunos directores pidieron en la reunión que se aclarara si era de obligado cumplimiento obedecer las “instrucciones organizativas” les dijeron que no, pero “sí pertinente cumplirlas”.

El sindicato Manos Limpias ha pedido esta semana al TSJC que adopte medidas de protección para los dos inspectores que denunciaron la celebración de estas reuniones, “dadas las represalias y repudias sociales y mediáticas” que han sufrido desde que comparecieron ante el magistrado que investiga a Mas, Rigau y a la exvicepresidenta Joana Ortega por la consulta.