Carmen Calvo, sobre la ley del ‘solo sí es sí’: “La política tiene que encontrar una solución rápida porque el problema es muy grave”

Antes de cerrar, te dejamos un repaso de los temas que han marcado la actualidad de este jueves:

El Congreso suaviza el impuesto a las energéticas y excluye su negocio regulado y el de fuera de España. La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso ha aprobado dos enmiendas transaccionales del PNV y PDeCAT para que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España y que se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas. La próxima semana se aprobará la ley que regula los impuestos extraordinarios a las empresas energéticas, la banca y grandes fortunas.

La Fiscalía revisará las rebajas de penas por la ley del 'solo sí es sí' con “clara prioridad de amparo a las

víctimas”. La institución ha reclamado a todas las fiscalías superiores que le remitan las resoluciones judiciales y los informes de los fiscales en aquellos casos en los que se hayan producido revisiones a la baja de condenas a delincuentes sexuales tras la aprobación de la nueva ley. García Ortiz ha asegurado que huirán de los ”automatismos“.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciará el sábado su candidatura a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hará en un acto público de su partido que tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de la

capital grancanaria, en cuyo ayuntamiento ya fue concejala entre 1999 y 2004.

La Justicia condena a Antena 3 a dejar de emitir 'El Rosco' de Pasapalabra. La Audiencia de Barcelona concluye que Atresmedia no tiene los derechos de autor de la prueba e impone a la cadena una indemnización por daños morales de 50.000 euros.

Y una noticia internacional: Nancy Pelosi anuncia su retirada como líder demócrata en la Cámara de Representantes de EEUU. “Ha llegado el momento de que una nueva generación lidere a la agrupación demócrata”, ha dicho la política estadounidense, de 82 años.

Esto es todo. ¡Hasta mañana!

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha recordado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el debate de la Ley Integral de Libertad Sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí', “se resuelve con argumentos jurídicos” y, por tanto, se debe esperar a que los tribunales unifiquen criterios a la hora de aplicar la norma.

“Estamos ante un debate jurídico y se debe resolver con argumentos jurídicos, por eso no hay que precipitarse. Lo deseable es que, cuanto antes, tanto la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo unifiquen criterios de las sentencias”, ha señalado Bolaños a la prensa, en referencia a las declaraciones de Feijóo, quien hoy ha exigido al Gobierno responsabilidades políticas por la crisis provocada por la aplicación de la citada ley tras la rebaja de penas a algunos agresores sexuales.

El líder de la oposición ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que elija entre destituir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, o a la ministra de Justicia, Pilar Llop -o a las dos a la vez- o dimitir él mismo.

Bolaños ha defendido la labor del Ejecutivo y del PSOE en defensa de las mujeres, “protegiéndolas” y “ampliando derechos, libertades y su seguridad”, al contrario que, según ha dicho, los gobiernos del PP, “que nunca ha hecho nada por las mujeres en los años que llevamos de democracia”. El ministro también ha asegurado que “nadie espera” soluciones propuestas por Feijóo, a quien ha reprochado que “descalifique” a Sánchez fuera de España.

La Fiscalía General ha puesto en marcha la monitorización de la cascada de rebajas de condenas a delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. En un escrito, la fiscal de sala jefa de la Secretaría Técnica solicita información a fiscales de todo el país sobre estos procedimientos.

En los últimos días diversos tribunales han hecho públicas resoluciones en las que rebajan las condenas impuestas a violadores, abusadores y pedófilos porque las nuevas condenas mínimas del Código Penal, entienden, permiten rebajar las penas de estos criminales. La Audiencia de La Rioja ha sido la única que, por ahora, ha entendido que la ley no permite estas rebajas generalizadas.

La Fiscalía se dispone ahora a analizar el impacto de la ley y los procedimientos de revisión puestos en marcha y arranca “un seguimiento de las resoluciones judiciales que supongan una reducción de las penas impuestas”.

Solicitan a todos los fiscales los autos dictados por juzgados o tribunales territoriales “en los que se haya procedido a la revisión de sentencias firmes condenatorias” así como los informes que el Supremo haya emitido en estas causas. En Madrid la Fiscalía ha apoyado estas rebajas mientras que en La Rioja se ha posicionado en contra.

Escribe Alberto Pozas.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez del 'caso Villarejo' de archivar la causa para Iberdrola Renovables al considerar que los presuntos delitos que habría cometido la filial al contratar al comisario jubilado para investigar a una compañía suiza estarían prescritos.

En un auto de este martes, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Tercera desestiman los recursos de la Fiscalía Anticorrupción, de Podemos y del apoderado de la empresa suiza Eólica Dobrogea contra la resolución adoptada el pasado 27 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón.

La Sala recuerda que Iberdrola Renovables fue llamada a declarar como investigada en la causa el 9 de julio de 2021 por hechos que se produjeron en 2011 y que consistieron en el supuesto encargo por parte del entonces director de Seguridad de la compañía, Antonio Asenjo, a CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, entonces funcionario de policía en activo, para el denominado proyecto Wind.

El ahora comisario jubilado habría investigado a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario Christopher Kaap y a su apoderado Corneliu Dica. Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la eléctrica española en un procedimiento arbitral.

Por esos servicios la empresa de Villarejo habría cobrado por parte de Iberdrola Renovables un total de 29.500 euros que fueron supuestamente abonados en febrero de 2012.

Rubén Manso, diputado de Vox en el Congreso, ha acusado al Gobierno de coalición de “deshumanizar a la oposición” y ha considerado que el Ejecutivo está “a un paso del gulag”, el sistema de campos de concentración soviéticos donde millones de personas fueron oprimidas entre 1930 y 1950.

“Sus medidas no son las adecuadas. Nos meten en el grupo de 'unos señores', deshumanizando a la oposición, que es el paso previo al gulag”, ha señalado este jueves Manso durante su intervención en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. “Nada me disgusta más que estar aquí escuchando a unos señores que no se dan cuenta de que el idealismo, la legislación ideológica, nos lleva hacia el gulag, y en eso es en lo que estamos, aunque no se den cuenta”, ha añadido.

Manso también ha criticado las medidas desplegadas por el Gobierno a lo largo de estos últimos cuatro años al tiempo que ha denunciado el aumento de la desigualdad.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que “el presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última” de la crisis provocada por la aplicación de la 'ley del solo sí es sí' es “de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la ministra de Justicia, Pilar Llop, o de las dos a la vez”. En caso contrario, ha dicho Feijóo, será Sánchez quien deberá “asumir toda la responsabilidad” de lo que ha considerado una “desprotección de las niñas, adolescentes y mujeres españolas”.

Feijóo ha participado este jueves en la Asamblea Política del PP Europeo (PPE), celebrada en Lisboa. “Vivimos en España las dramáticas consecuencias de una decisión populista tomada por el Gobierno en contra del criterio de los expertos, del PPE, de los jueces, en definitiva del sentido común”, ha sostenido el líder de la derecha española. “La entrada en vigor de la conocida como 'ley del sí es sí' ha provocado un goteo constante de presos condenados por delitos sexuales que han visto reducidas sus condenas y algunos liberados de inmediato”, ha apuntado.

“No ha sido una sorpresa. Lo veníamos advirtiendo antes de la aprobación de la ley, el órgano de los jueces y las principales asociaciones feministas españolas”, ha añadido Feijóo, quien ha lamentado las “consecuencias dramáticas” que puede tener, en su opinión, y que “lejos de rectificar, el Gobierno ha arremetido contra los jueces a los que ha calificado de fachas con toga o de colectivo machista”, ha zanjado.

Escribe Aitor Riveiro.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha asegurado este jueves que su equipo ya advirtió hace dos años al Ministerio de Igualdad que la ley del 'solo sí es sí' recogía penas menores a las de la anterior regulación y que podría provocar revisiones a la baja de condenas ya impuestas a agresores sexuales.

“Les expresábamos en un primer documento las dudas que nos generaba el texto en relación a la rebaja de las penas en algunos delitos por agresión y abuso sexual. Un año después, en noviembre de 2020, me reuní con la propia ministra [de Igualdad, Irene Montero] y se lo pude verbalizar y lamento haber tenido razón en ese momento”, ha señalado Fernández.

En ese entonces la ministra Montero, asegura, le transmitió tranquilidad, “pero parece que no se correspondía con la realidad a tenor de los hechos que tenemos encima de la mesa”, ha añadido.

Fernández ha insistido en que el ministerio de Igualdad “estaba avisado” y ha asegurado que que el Instituto de de la mujer de Castilla-La Mancha hizo un “análisis riguroso” de ese primer borrador en el que expresaron sus dudas, además de transmitirlas personalmente.

Sin embargo, también ha reconocido que “lo que está pasando no era el deseo de nadie, tampoco de la ministra de Igualdad”, por lo que ha instado a “reaccionar e ir con humildad”, porque no se trata de “un problema político, sino de un problema para las víctimas”, ha zanjado.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ha avisado al Juzgado de Instrucción Número 32 que debe admitir el recurso en el que pedía la paralización de la comisión rogatoria de Andorra relativa a la querella de la Operación Catalunya en la que figura como investigado. Así, se ha corregido a sí misma y ha anulado la decisión anterior en la que desestimó la petición del exlíder del PP.

En dos autos, los magistrados de la Sección Segunda han estimado el recurso de queja de Rajoy y han dispuesto que se le tenga por personado en la comisión rogatoria del Principado que tramita el juzgado madrileño. Además, han considerado pertinente que dicho juzgado admita el recurso de reforma que había presentado el exlíder del PP en el que solicitaba la no tramitación de la comisión rogatoria.

Previamente, la misma Sección había fallado en sentido contrario al considerar que la pretensión de Rajoy había perdido fundamento al partirse del presupuesto fáctico de que la comisión rogatoria ya había sido devuelta a Andorra, algo que cuando se firmó la anterior resolución -el 5 de octubre- no se había hecho.

En aquella ocasión, los magistrados explicaron que, aunque creían que el juzgado debía haber admitido el escrito de Rajoy, no podían estimar su recurso porque creían que la juez ya había enviado la respuesta al Principado. Ahora, la Audiencia de Madrid -en defensa de la tutela judicial efectiva- ha declarado la nulidad de su primer auto.

Con información de Europa Press.

Paramos un momento la narración de la actualidad política para traerte algunas noticias que está dejando la jornada:

-Escrivá propone subir un 30% lo que cotizan los salarios más altos y la pensión máxima a largo plazo: el Ministerio de la Seguridad Social ha propuesto una subida del 30% de lo que cotizan los salarios más altos durante los próximos 30 años, aunque la cifra no está cerrada aún. José Luis Escrivá se plantea asimismo un aumento de la pensión máxima en la misma proporción, aunque no se aplicaría en las próximas tres décadas.

-La Fiscalía revisará las rebajas de penas por la ley del 'solo sí es sí' con “clara prioridad de amparo a las víctimas”: la Fiscalía va a revisar las condenas que se han visto afectadas por la entrada en vigor de la ley de 'solo sí es sí'. Lo ha anunciado este jueves el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha dicho que se hará “con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas”.

-La inflación de la eurozona escala en octubre a un récord del 10,6%, una décima menos de lo previsto: la inflación interanual de la eurozona se ha situado en octubre en el 10,6%. Esto es una aceleración de siete décimas en comparación con el dato de septiembre y supone al mismo tiempo un nuevo récord histórico. España es el segundo país con la inflación más baja de la zona euro, un 7,3%.

-Los sanitarios rechazan el último plan del Gobierno de Ayuso para las urgencias extrahospitalarias y piden más personal: los sindicatos sanitarios de Madrid han rechazado de forma unánime el último plan del Gobierno de Ayuso ante el caos de la gestión en las urgencias extrahospitalarias. Los organismos piden que estos centros vuelvan a las condiciones que tenían antes de su cierre con la llegada de la pandemia y denuncian una clara falta de personal que hace “inviable” la atención adecuada a los pacientes.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra la contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada el pasado julio que devuelve al Consejo General del Poder Judicial en funciones su poder para designar a los dos magistrados que le corresponde en el propio Constitucional.

Según ha informado la corte de garantías, el Pleno del Tribunal ha acordado estudiar el fondo del recurso y pronunciarse sobre la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, que modifica de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Cabe recordar que el Constitucional aún tiene pendiente resolver los recursos presentados por PP y Vox contra la primera reforma de la LOPJ, la aprobada en marzo de 2021 para prohibir que un CGPJ caducado –como el actual– pueda hacer nombramientos discrecionales en los altos tribunales, una limitación que ha llevado a varias salas del Tribunal Supremo al borde del colapso por la imposibilidad de cubrir las vacantes surgidas desde entonces.

Informa Europa Press.

El PP ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) para pedir que se reviertan los efectos de la ley de 'solo sí es sí', tras las polémicas rebajas de condenas que se han producido tras su entrada en vigor. De ello ha informado la portavoz del grupo en la Cámara Baja: “El PP registró ayer una PNL para revertir los efectos de esta ley de cara a futuro, siendo conscientes de que hay situaciones que ya son irreversibles”, ha dicho Cuca Gamarra.

En rueda de prensa este jueves, ha asegurado que el PP “trabaja” en una propuesta de ley “que recoja las reformas necesarias para ir en esa dirección”. Así, ha negado que por el momento vayan a hacer otro tipo de movilizaciones por este asunto. “A Sánchez le decimos que basta ya de ministras inmaduras e infantiles que desde el populismo llevan a la sociedad española a este punto”. La secretaria general del PP ha vuelto a pedir “responsabilidades políticas”: “Basta ya de permitir y admitir que desde el propio Consejo de Ministros se ataque a la Justicia en vez de asumir las responsabilidades que son de los miembros del Gobierno y los partidos que apoyaron esa reforma”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha comunicado su procesamiento por organización criminal, narcotráfico y blanqueo de capitales a Jokim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, en el marco de una investigación que partió de la colaboración con las autoridades suecas.

Broberg estaba citado hoy para el trámite de indagatorias, donde el instructor comunica los delitos que pesan contra el investigado al cierre de la instrucción y éste tiene posibilidad de declarar si lo considera oportuno. La defensa de Broberg no ha preguntado a su cliente, así como ninguna de las otras partes, informan fuentes jurídicas. El trámite ha durado apenas un minuto.

La investigación señala a Broberg como un empresario del sector tecnológico e inmobiliario de la Costa del Sol que participó en el traslado de tráfico de hachís procedente de Marruecos y con destino final en Suecia, pero sobre todo que puso algunas de sus 19 sociedades al servicio del blanqueo de las ganancias obtenidas por la organización, una filial de la Mocro Mafia sueca.

Junto a Jokim fue procesado su padre, Lars Gunnar Broberg, marido de Ángeles Muñoz, la regidora marbellí. El padre no ha sido citado a las indagatorias, porque el juez García Castellón ha ordenado dejar de dirigir la causa contra él, después de procesarle, por su delicado estado de salud, que certificó un forense de la Audiencia Nacional.

La defensa de Lars Gunnar Broberg debe aportar al juzgado un informe mensual de su salud acreditando que no mejora para que el procedimiento no se vuelva a dirigir contra él. El marido de la alcaldesa fue procesado en septiembre por organización criminal y blanqueo de capitales.

Jokim Broberg ha comparecido por videoconferencia desde Marbella, según acreditan las fotos de elDiario.es que acompañan a esta información. Broberg se jactó en unos pinchazos telefónicos de lo que le beneficiaba el poder municipal y autonómico del PP en Andalucía para sus negocios, pero ni el juez del caso ni la Fiscalía Antidroga consideraron oportuno abrir una nueva línea de investigación ni derivar esos indicios de corrupción a un juzgado local.

Hoy, la fiscal Antidroga tampoco ha formulado pregunta alguna a Jokim Broberg, como ya hiciera en su declaración en fase de instrucción, señalan las fuentes consultadas.

Informa Pedro Águeda.

La presidenta del Observatorio contra la violencia de género ha defendido que los jueces tienen “sensibilidad, perspectiva de género y protegen de la manera más profunda y eficaz a las víctimas”. María Ángeles Carmona ha realizado estas declaraciones a la prensa a su salida del congreso de este Observatorio celebrado hoy jueves en el Senado.

En él han coincidido la ministra de Igualdad, Irene Montero, con miembros de la Justicia en medio de la polémica por las declaraciones en las que ha tildado a los jueces de “machistas” tras la rebaja de condenas al interpretar la ley del 'solo sí es sí'. “Corresponde al Congreso, al Senado, poder paliar esta situación y desde luego intentar evitar que más maltratadores tengan que ver reducidas sus condenas como consecuencia de la aplicación de nuevas reformas legislativas”, ha indicado, para añadir que en el informe del CGPJ “ya advertían de la posibilidad de que ocurriera lo que está ocurriendo”.

Ángeles Carmona ha reiterado que es “injusto” que se diga que la Justicia es machista y lo ha negado “de la forma más rotunda”. Así, ha reconocido que no duda de que “todas las instituciones” quieran proteger a las mujeres. “Ahora bien, la técnica quizás tenga que ser perfeccionada para evitar esta alarmante revisión de sentencias que además está generando inseguridad a la ciudadanía, que no entiende que pasen estas cosas”.

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha pedido contención al Ejecutivo por las declaraciones vertidas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra los jueces, y advierte de que no deben precipitarse “culpando a los jueces y juezas” por las revisiones de condena a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. En un comunicado, recogido por Europa Press, advierten de que era esperable que se dieran revisiones a la baja de condenas con la modificación del Código Penal y que, de hecho, “forma parte de la normalidad democrática”.

Por eso, insisten en hacer un llamamiento a la calma ante la polémica suscitada con algunas resoluciones judiciales y trasladan a la opinión pública que “la reforma de los delitos sexuales ha colmado la necesidad de aplicar la perspectiva de género en una materia tan sensible como esta”, dotando a la sociedad “de un sistema racional y moderno que pone el foco en la protección de la víctima”.

A juicio de la AMJE es de suma importancia que se conozca que cuando se produce cualquier reforma penal que afecta a la descripción de las conductas prohibidas y al castigo aplicable, “es esperable que se produzcan revisiones de condena cuando, en el supuesto concreto, pueda resultar más favorable al reo que la regulación anterior”.

No obstante, advierten de que desde esta asociación ya manifestaron que el propósito de la misma “no debía ser el agravamiento de las penas máximas, que ya eran muy elevadas” sino dotar al Estado “de una regulación más acorde con la realidad social actual que se vertebrara ”sobre la ausencia de consentimiento y que, a partir de ahí, estableciera castigos proporcionados a la gravedad de las distintas conductas atentatorias contra la libertad sexual“.

Informa Europa Press.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha indicado este jueves que el Gobierno central debería “rectificar” y “cambiar” la ley del 'solo sí es sí', con la que “se abre una puerta que no se quería abrir”.

“Cuando tú haces una ley con una intención, de la misma manera que cuando pones un tratamiento y los efectos secundarios no son lo que esperabas y no está acorde con el espíritu de la ley, creo que habría que cambiar la ley; igual que cuando se cambia de tratamiento o de dosis. Se ha abierto una puerta que no se quería abrir”, ha trasladado García en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

A su juicio, en el ámbito científico lo tienen “claro”, porque son capaces de “cambiar y rectificar las cosas”, por lo que en la política considera que también tienen que poder hacer lo mismo.

Información de Europa Press.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado este jueves la petición de Más Madrid para que se convoquen Plenos extraordinarios en los 21 distritos de la ciudad para debatir en ellos el estado de los Centros de Salud. Según ha señalado Almeida, el problema de falta de médicos existe en todos sitios, no solo en Madrid. Además, ha recordado que la Sanidad no es competencia del Ayuntamiento, sino de la Comunidad de Madrid, por lo que ha pedido a Más Madrid que mejor presenten la propuesta en la Asamblea de Madrid.

Precisamente, el caos en las urgencias extrahospitalarias ha provocado que un grupo de regidores de la sierra norte de Madrid, tanto del PSOE como PP, hayan escrito una carta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la que reclaman una reunión urgente con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para transmitirle en persona la “gran preocupación por la más que probable pérdida de servicios” con la reestructuración que ha llevado a cabo Ayuso.

Almeida ha aprovechado la rueda de prensa de este jueves tras finalizar la Junta de Gobierno, en la que ha comparecido junto a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, para defender la sanidad pública de Madrid, destacando, entre otras cosas, el “esfuerzo” presupuestario que dice que ha experimentado, asegurando, por ejemplo, que “el ratio de médicos en Madrid esté muy por encima de la media de otras comunidades autónomas”.

El regidor madrileño no tiene duda de que Rita Maestre pide esos plenos extraordinarios en los distritos solo “para desgastar” al Gobierno municipal “por intereses particulares” y no “en defensa de la sanidad pública”, que cree que les da igual. A su juicio la petición de Más Madrid, es “puro postureo y aprovechamiento”. Pero, después, ante la observación de Villacís de que si hay suficientes firmas pidiendo estos plenos tendrán que convocarse, el alcalde ha admitido que “si cumplen los requisitos formales se celebrarán. Yo respetaré lo que se decida”, ha zanjado.

Informa Carmen Moraga.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, se ha posicionado en contra de la posible reforma del delito de malversación, que ha salido a debate en los últimos días a cuenta de las enmiendas a la reforma del delito de sedición. “Yo creo que con el dinero público cero bromas”, ha dicho en declaraciones a los medios.

“No sé si es por ser técnico del Estado o por lo que hemos visto que se ha hecho con dinero público en la Comunidad de Madrid, pero con el dinero público cero bromas. Así que yo creo que no debería tocarse ese delito ni las penas que conlleva”, ha zanjado.

La posible reforma del delito de malversación ha llevado a discrepancias también entre los socios parlamentarios del Gobierno. Algunos de ellos, como Compromís, han mostrado abiertamente sus recelos a este cambio, ya que tendría connotaciones también desde el punto de vista de la corrupción.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria de jueces y conservadora, ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras las críticas a los jueces, a los que desde ese Ministerio han calificado de “machistas”, por la polémica generada tras las rebajas de condenas por la interpretación de la ley de 'solo sí es sí' .

En un comunicado, la asociación ha expresado su “más enérgico rechazo a las descalificaciones vertidas contra los jueces”. En la nota aseguran que las críticas a las resoluciones judiciales son admisibles en un Estado de derecho aunque, “recomiendan” que al venir de otro poder del Estado se hicieran desde “la ponderación y la prudencia”.

La asociación mayoritaria y conservadora dice que las afirmaciones de que hay prejuicios hacia las mujeres desde la Justicia carecen de “rigor y sustento real”, además de que son ofensivas, producen alarma innecesaria y devalúan la calidad democrática. “Los jueces y juezas en España estamos firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal”, defienden, lo que lleva al “diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de la aplicación de la ley que soberanamente ha sido aprobada por nuestras cámaras legislativas”.

En la nota califican de “reprobable por falsa y por injusta” la actuación de Montero y de “intolerables e inadmisibles en una democracia” sus últimas declaraciones. “Por ello, desde la Asociación Profesional de la Magistratura exigimos su inmediata dimisión”, concluyen. La Asociación de Fiscales, también conservadora y otra de las mayoritarias, ha tildado de “gravísimo e inadmisible” lo sucedido.

El PP sigue pidiendo responsabilidades políticas por las rebajas de condenas a violadores y abusadores sexuales tras interpretar la ley del 'solo sí es sí'. “La ley es del Gobierno de Sánchez, esta no es una ley de Podemos”, ha dicho el vicesecretario de acción institucional del PP. En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, Esteban González Pons ha subrayado: “El último responsable es Sánchez”.

El vicesecretario de acción institucional del PP ha calificado de “fiasco” la ley y ha afirmado que “en cualquier país de Europa” lo que está sucediendo estos últimos días llevaría consigo reacciones del Gobierno. “No culpar a los jueces, asunción de responsabilidades inmediata”, ha remachado. González Pons ha subrayado la importancia de reformar la ley y cambiarla por otra más dura: “Por desgracia se están produciendo casos nuevos y esperar a que se unifique doctrina es dejar que las nuevas agresiones sexuales sean juzgadas por esta ley benévola y no por otra más dura”.

En la misma línea que Pons se ha pronunciado la secretaria general del PP. En una entrevista en el programa Buenos días Madrid, de Telemadrid, Cuca Gamarra ha pedido también responsabilidades políticas. “Sánchez no debería estar avalando a Montero”, ha afirmado, para añadir que “las consecuencias las paga la sociedad española, que está menos protegida que anteriormente”.

Gamarra también ha criticado las declaraciones desde Igualdad, que han asegurado que los jueces son “machistas”. “Si tuviéramos un gobierno serio y un presidente como España merece, el presidente no solo hubiera cesado a la ministra, sino que hubiera defendido al Poder Judicial”, ha dicho la también portavoz del PP en el Congreso que, al igual que González Pons, ha concluido que Sánchez es “el máximo responsable” de lo que está ocurriendo.