Un informe policial acusa al exsecretario de Estado de Hacienda de cinco delitos

Jaén, 29 sep (EFE).- Un informe del Grupo II de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial acusa al exsecretario de Estado de Hacienda José Enrique Fernández de Moya de los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental en documentos mercantiles y blanqueo de capitales cuando era alcalde de Jaén.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, y cuya noticia adelantaba la cadena SER, habla de un “enriquecimiento de varias empresas a través de una facturación manifiestamente falsa” así como “de varios individuos que actuaban como intermediarios entre estas empresas y el Ayuntamiento de Jaén”.

Los hechos ser refieren a una serie de trabajos de mantenimiento urbano realizados entre los años 2012 y 2014 para los cuales el Ayuntamiento utilizó la modalidad de contratación menor, contratos de obras de menos de 50.000 euros, aunque por su duración, volumen y costo deberían de haberse hecho como una unidad.

Además, asegura que la facturación de esos trabajos es “manifiestamente falsa en cuanto precios, materiales empleados, y personal empleado, lo que provocó el sobrecoste de dichas facturas” que asciende a un total de 2.674.196,62 euros.

En las investigaciones se recoge que la Intervención del Ayuntamiento realizó numerosos reparos a los contratos de los trabajos realizados por fraccionamiento de los mismos, reparos que el alcalde “levantó sistemáticamente”.

Las empresas, a las que se refiere el informe, y a las que se les llama “estructura mercantil familiar”, son Abeconsa SL, URHO, RENTA BARA, Esatrimo SL, Oproler, Moreno y Acero, Grupo Sotoval y Vivaria Obras.

Asimismo, además de al exalcalde de Jaén se acusa de los mismos delitos a cuatro funcionarios y cargos públicos más del Consistorio jiennense en ese periodo, 2012-2014.

El actual alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha asegurado hoy, en declaraciones a los periodistas, que “se ha valorado un quebranto económico de unos 2,5 millones de euros” que “se suma el quebranto de los 3,5 millones del caso de las fuentes”.

Y ha anunciado que “en esta pieza separada” dará “las indicaciones para que nos personemos, conozcamos la situación del procedimiento y lógicamente, como perjudicados, para poder recuperar hasta el último céntimo de este dinero que no se destinó a lo que debería haberse utilizado”.E