Villarejo exprime su personaje desde el banquillo en un nuevo intento por vengarse de sus enemigos

“Aquí hay una parte real y una parte de show”. La frase, pronunciada por un colaborador de Villarejo en el mes de abril de 2016, resume las cinco jornadas de declaración del comisario en el primer juicio que se sigue contra él en la causa rebautizada con su nombre. El ritmo de la instrucción quiso que sus clientes de la alta sociedad menos vinculados al 'establishment' financiero o la política fueran los primeros en acompañarlo en el banquillo. Eso ha concedido a Villarejo terreno abierto para justificar las presuntas ilegalidades que cometió para ellos con innovadoras tesis, imposibles de acreditar, donde aparecen como culpables de todo sus enemigos de siempre y otros incorporados recientemente a la lista. 

El juicio suponía otra oportunidad para conocer todo lo que supuestamente esconde todavía Villarejo, pero no ha sido así. El comisario fue detenido en noviembre de 2017 y, desde entonces, los resultados de la investigación han servido para abrir una treintena de piezas donde el poder financiero, político, mediático y judicial ha presenciado cómo salía a la luz su reverso oculto durante cuatro décadas, casi desde que el policía ingresara en el cuerpo allá por 1972.

Desde que las dificultades técnicas esgrimidas por el CNI interrumpieran la desencriptación de su archivo, aproximadamente cuando se había descargado la mitad, la posibilidad de ampliar las revelaciones sobre ese entramado se ha detenido. Los amagos del comisario han derivado en amenazas inconsistentes, puras diatribas contra sus adversarios nunca apoyadas en pruebas. El juicio se ha convertido en una enumeración de acusaciones indemostrables dentro de una estrategia basada en defender su papel de “agente de inteligencia” a las órdenes del Estado.

Si Villarejo está en el banquillo, alega el comisario jubilado, es por un enorme montaje de informes falsos y grabaciones manipuladas. En apenas una frase, Villarejo revelaba tramas descomunales que remataba con su característica coletilla: “Y tal...”. El tribunal le pedía que se centrara en los hechos por los que se le juzga o simplemente dejaba que pasara a la siguiente acusación. “No divague con otras causas que no nos interesan”, le advirtió la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, hasta que la magistrada se cansó y dejó que, en respuestas a su abogado el viernes, Villarejo dedicara más de dos horas a repasar su trayectoria de espía, donde pocos acontecimientos nacionales o internacionales relacionados con la seguridad escapaban a la participación del policía jubilado, según su propio relato.

Ante una petición de 109 años de cárcel

En el juicio, Villarejo se juega 109 años de cárcel que le solicita Anticorrupción. Se juzgan tres encargos al comisario mientras era funcionario de la seguridad del Estado: de un despacho de abogados, de una adinerada familia enfrentada por una herencia y del marido de Ana Rosa Quintana en conflicto con un antiguo socio. ¿Por qué iba a aceptar Villarejo un encargo de Susana García Cereceda en el marco de la lucha por la herencia del padre de esta con otros miembros de la acaudalada familia? La investigación dice que para embolsarse 340.252 euros por un trabajo privado que no podía realizar al ser funcionario destinado en el corazón de la seguridad del Estado y que, además, se sirvió de información confidencial para ello.

Villarejo, por contra, ha asegurado en la vista que solo atendía a un requerimiento del expresidente del Gobierno Felipe González, amigo del padre de Susana García Cereceda, quien a través de un tercero le hizo el encargo. “Cualquier inquietud que transmita Felipe González será atendida por el CNI”, afirmó este miércoles el policía. Porque, según la tesis que desplegó estos últimos días en el juzgado, él no actuaba solo: lo hacía por encargo del Centro Nacional de Inteligencia que dirigía su después máximo enemigo, Félix Sanz Roldán. 

¿Y por qué iba Villarejo a utilizar el vídeo de un abogado consumiendo estupefacientes y aportarlo para que se utilizase como arma en el conflicto de la familia política de Ana Rosa Quintana con un antiguo socio? Según la investigación, por 20.000 euros que no han aparecido. Para Villarejo, por ayudar a “una amiga”, en referencia a la presentadora, pero siempre con la dirección del CNI que, según la versión del comisario, “tiene muchísimo interés en personajes tan relevantes y tan mediáticos”. En esta parte de su declaración confluyeron viejos y nuevos enemigos. Al tradicional del CNI se sumaron la presentadora –“Nos conocemos desde hace cuarenta años, éramos los dos solteros, fíjese, la prehistoria casi”– y su esposo, Juan Muñoz Tamara, quien ha pactado con la Fiscalía para que no realice una petición superior a dos años y evitar así la cárcel. 

En su declaración, Muñoz Tamara ratificó los indicios contra José, uno de los hijos de Villarejo, y provocó la advertencia del policía al matrimonio: “Con los hijos no se juega”. En la sesión del miércoles añadió: “Fue Juan Muñoz el que puso el dinero encima de mi mesa”. Y después añadió que él ni tocó ese dinero, que fue a parar a pagar a unos detectives que realizaron la grabación y que también están, según él, vinculados al CNI. 

Sin posibilidad de réplica

La atribución al CNI de las operaciones en las que se produjeron las ilegalidades de las que se acusa al comisario no tendra réplica. La ley que rige el servicio de inteligencia impide a sus miembros hablar de lo que hacen, pero también de lo que no. ¿Tienen entonces alguna utilidad tales alusiones en su estrategia de defensa? A juzgar por la reacción de la Fiscalía y del tribunal, parece que no. Solo en en este juicio Villarejo se enfrenta a una petición de condena de 109 años de cárcel. En libertad provisional desde marzo, una condena supondría su regreso inmediato a la cárcel. Ahora tiene 70 años.

Villarejo alude una y otra vez al Centro Nacional de Inteligencia sin despertar un mínimo interés en el tribunal. Tampoco cuando desliza impactantes afirmaciones que no tienen vinculación alguna con la causa. Ocurrió en la mañana del martes, al dejar caer en pocos segundos que el atentado yihadista de Barcelona, con 17 muertos, fue “un error” del CNI y su director Sanz Roldán mientras intentaban dar “un pequeño susto a Catalunya”.

Villarejo, acostumbrado a condicionar la política del país en otro tiempo, comprobó en las siguientes horas cómo copaba el interés del independentismo catalán, inmerso en las sospechas de purga del Govern en los Mossos y que pasaba desde ese momento a señalar al Estado español por una supuesta participación en el mortal atentado. Esa misma tarde, todas las fuerzas parlamentarias del ámbito independentista exigieron una comisión de investigación en el Congreso.

El miércoles por la mañana, en su habitual comparecencia ante los medios antes de empezar el juicio, Villarejo diluyó su propia afirmación: “Yo lo que he dicho en relación con lo del 'susto' es que muchas veces se han provocado comandos ficticios para tranquilizar y tal, y que, probablemente, la intención en absoluto fuera provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia del riesgo para que Catalunya sintiera la necesidad de la protección del Estado. Y se fue de las manos cuando el imán muere y los pequeños, jovencitos, no saben cómo reaccionar”.  

También el 23F

Villarejo ya salió en su momento al rescate de las teorías de la conspiración de la masacre yihadista del 11M, pero la Audiencia Nacional terminó archivando unas inconcretas afirmaciones del comisario. Puesto a recuperar acontecimientos luctuosos de la historia de España, Villarejo tampoco dejó escapar este miércoles el intento de golpe de Estado del 23F. “El propio director anterior del CNI ha alardeado de que han borrado todo”, dijo en referencia a la intentona golpista de 1981.

Los atentados de Catalunya no eran la única referencia que había hecho a la comunidad. El lunes, sin que produjera revuelo alguno, el comisario afirmó que su socio, Rafael Redondo, también en el banquillo, “participó en la operación Catalunya llevando a la Fiscalía, a la Policía y al juzgado a personas que colaboraban como testigos”. La diferencia con otras afirmaciones es que esta última está acreditada en varios sumarios y por diferentes testigos. Redondo recogió en la estación de Atocha de Madrid a Victoria Álvarez, antigua pareja de Jordi Pujol Ferrusola y la condujo a la sede de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, donde prestó la declaración que permitió abrir el ‘caso Pujol’. Redondo, abogado de profesión, imputado en varias causas por integrar la organización criminal de Villarejo, asistió en la sede policial a la declaración de Álvarez como un policía más.  

Durante estas cinco jornadas, a Villarejo se le han expuesto repetidas veces, por la Fiscalía y los abogados de las partes, las grabaciones y los informes que reflejan las pruebas contra él. Las primeras, alega en su defensa, están manipuladas por el CNI. Los segundos también son falsos. Elaborados por la Unidad de Asuntos Internos en colaboración con el servicio de inteligencia. Esa es su tesis recurrente. 

Villarejo denuncia que no se le ha permitido acceder en cuatro años de instrucción a ese enorme archivo personal. Y es otra vez ese terreno desconocido al que Villarejo recurre para intentar encontrar contradicciones en la acusación y defender su inocencia. “Ni mi archivo personal, ni el que encontraron, ni ordenadores, ni mis teléfonos, ni nada... Y al mismo tiempo se me presenta como un mentiroso compulsivo. No entiendo qué interés puede tener para la seguridad del Estado el archivo de un mentiroso”, planteó el policía.

Según Villarejo, si consta que él ofrecía a sus acaudalados clientes todo tipo de servicios, incluidos contactos policiales, así como acceso a información reservada, todo aquello no era más que “marketing” para darse importancia, la técnica del “pavo real cuando despliega sus alas”. Como dijo el abogado Enrique Maestre Cavanna en el reservado de aquel restaurante en abril de 2016: “Aquí hay una parte de verdad y una parte de show”. Esa grabación consta en la pieza denominada PIT, un sablazo de 11 millones de euros a los navieros Pérez Maura para evitarles una extradición a Guatemala que, jurídicamente, ya se antojaba imposible sin intervención de Villarejo y su banda.