El juez del caso Villarejo imputa a todos los jefes de la policía política del PP por el espionaje a Bárcenas
El espionaje policial a Luis Bárcenas para favorecer al Partido Popular, entonces en el Gobierno, ha llevado a los investigadores hasta el corazón de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Después de que fuera imputado su máximo responsable, el comisario Eugenio Pino, ha llegado el turno de sus dos lugartenientes, los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, así como del que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. El juez del caso Villarejo ha decidido citar a los tres mandos en calidad de investigados en la pieza secreta de la Operación Kitchen, según han revelado a eldiario.es fuentes del caso.
Las citaciones de Martín-Blas, Fuentes Gago y Díaz Sevillano se han acordado después de las declaraciones como investigados del propio Pino, el comisario Villarejo, Enrique García Castaño y el policía asesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo. Todos ellos como protagonistas del espionaje a Luis Bárcenas a través del pago de fondos reservados al que fuera chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, también imputado.
La consecuencia de la decisión del juez Manuel García Castellón supone que toda la primera línea de la policía política que actuó en el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 ya está siendo investigada en el caso Villarejo. En la cúspide, el comisario Pino, el policía que el PP eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy llegó a Moncloa. Eugenio Pino era, como el nuevo investigado Martín-Blas, un policía de la confianza de Génova.
Ambos habían colaborado con el Partido Popular en materia de Interior cuando los conservadores estaban en la oposición. Al llegar al poder, uno llegó a lo más alto y al otro, Martín-Blas, se le asignó Asuntos Internos, la unidad dedicada a investigar a otros policías y cuya opacidad decidió a Pino a convertirla en una pieza clave de la policía política y, en especial, de la Operación Catalunya. Sus agentes trabajaron sobre el terreno en las investigaciones prospectivas a líderes del procés y sus entornos personales, según desveló eldiario.es en noviembre de 2014.
Asimismo, Asuntos Internos albergó una nueva Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) dedicada supuestamente a reabrir investigaciones de la Policía que no habían llegado a buen puerto. Con esa excusa, el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz repasó la investigación policial del 11-M, una década después de los atentados y con sentencia firme del Tribunal Supremo; o el caso Faisán, que igualmente afectaba a la época del PSOE en el Gobierno. Contra Podemos, la brigada política fabricó el informe PISA.
Los investigadores del caso Villarejo sospechan que, como otros encargos “parapoliciales”, Asuntos Internos pudo participar en la Operación Kitchen. Martín-Blas defiende que él nunca ha trabajado junto a Villarejo. El enfrentamiento entre ambos comisarios acabó con Martín-Blas cesado.
En autos recientes, el juez García Castellón incluye la siguiente afirmación en relación con la Operación Kitchen: “Dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones”. Por encima de Pino en Interior solo estaban Ignacio Cosidó, director general de la Policía; Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad; y el ministro Fernández Díaz. Como parlamentarios, a día de hoy los tres están aforados ante el Tribunal Supremo.
El juez tomará declaración como testigo este jueves al inspector jefe Manuel Morocho, el principal investigador del caso Gürtel y la caja B del PP a las órdenes de la Audiencia Nacional. García Castellón quiere preguntar al policía si los resultados de la de la Operación Kitchen fueron puestos en su conocimiento, como responsable policial de la investigación en el juzgado.
Los comisarios imputados defienden que el espionaje a Bárcenas tenía por fin descubrir sus testaferros y dinero escondido y que, en parte, lo consiguieron. Fuentes policiales confirman a eldiario.es que el instructor policial de las diligencias, el policía Morocho, nunca participó en la Operación Kitchen ni fue informado de nada referente con la misma. Junto a Morocho declara hoy el excomisario general de Información, Enrique Barón, quien tampoco habría sido informado del uso de funcionarios de su estructura para el espionaje al extesorero.
Fuentes Gago, una coartada para Villarejo
También en un destacado lugar de las maniobras policiales, pero sin unidad que mandar, estuvo José Angel Fuentes Gago. Este inspector jefe hizo las veces de jefe de gabinete en la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino durante la mayor parte del mandato del comisario.
Bonifacio Díaz Sevillano, antiguo agregado de Interior en Andorra y quien ya trabajaba en la brigada política, sustituyó a Fuentes Gago cuando éste fue premiado con un destino en el extranjero. Ambos aparentaron actuar como jefes de gabinete de Pino. Su papel en la trama de la policía política tuvo que ser, sin embargo, desvelado por informaciones periodísticas que iban dibujando la verdadera silueta de ambos policías.
El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz se vio obligado a abrir sendas investigaciones internas cuando El País publicó el patrimonio millonario del comisario Villarejo y otros dos medios de comunicación reprodujeron un extracto de la conversación mantenida entre el policía e Ignacio González, a cuenta del origen del lujoso ático de éste último. El elegido para dirigir esas pesquisas sobre Villarejo fue Fuentes Gago, a pesar de que trabajaba junto a Villarejo en la Dirección Adjunta Operativa y de que era un policía de menor rango que el investigado. En ambas , Fuentes Gago concluyó que no había irregularidad alguna en la actuación de Villarejo.
José Ángel Fuentes Gago guardaba en su teléfono móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Xavier Trias en un banco suizo. El exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso confesó ante la comisión de investigación del Congreso que el inspector jefe le mostró esa información en su terminal telefónico. De Alfonso es el protagonista, con Jorge Fernández Díaz, de las grabaciones en el despacho del ministro, en las que este describe buena parte del funcionamiento de la Operación Catalunya. En esas grabaciones, tanto Fernández Díaz como De Alfonso reconocen a Fuentes Gago como muñidor del encuentro entre ambos. Ante el Congreso, Fuentes Gago dijo no haber pertenecido a ninguna brigada política.
La información por la falsa cuenta de Trias fue portada de El Mundo y su origen está en la Policía, según ha admitido públicamente el director adjunto operativo de la época y artífice de la brigada política, Eugenio Pino. A día de hoy no ha trascendido cuánto dinero de los fondos reservados se utilizó para comprar esa información falsa, ni qué policías se desplazaron a un país extranjero a obtenerla, como fuentes policiales aseguran que ocurrió.
Por su parte, Díaz Sevillano se sentará en el banquillo junto a Pino por intentar introducir información robada en la investigación que se sigue a los Pujol en la Audiencia Nacional. Por eso y por mentir al juez José de la Mata cuando abrió una pieza separada para investigar la maniobra. El juez ha dictado auto de pase a procedimieno abreviado por los delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio. La acusación particular les pide más de dos años de cárcel.
El club de los 'diezmileuristas'
Díaz Sevillano, Fuentes Gago y otro policía compartían un despacho en la calle Rafael Calvo de Madrid, sede de la Dirección General de la Policía, que mandos policiales describen como la auténtica sede de la policía política. Durante su declaración en la Audiencia Nacional por el pendrive de los Pujol, Díaz Sevillano le dijo al juez que allí guardaban un disco duro externo con las informaciones que les llegaban y que lo destruyeron por orden de Pino.
Condecorados en ese periodo con una medalla pensionada, esta no fue la única recompensa para ambos inspectores jefes. Los dos fueron destinados a embajadas españolas con remuneraciones estratosféricas, convirtiéndose así en miembros del club de diezmileuristas que el comisario Pino creó con sus máximos colaboradores. Fuentes Gago marchó a La Haya como agregado de Interior con una remuneración de 10.000 euros brutos mensuales. Cuando llegó, su mujer, también policía, llevaba meses en otro destino de la Policía española en esa misma ciudad, con un sueldo muy parecido. El destino de su esposa también lo había decidido Eugenio Pino.
Díaz Sevillano, por su parte, fue agraciado con la embajada española en México. Su sueldo bruto, más de 11.000 euros mensuales. El actual equipo de Interior cesó a ambos en una de sus primeras medidas tras el cambio de Gobierno y ahora ocupan destinos burocráticos en el Cuerpo Nacional de Policía.
