Entidades LGTBI se personarán junto al Ayuntamiento de Sevilla en el caso por la retirada de la bandera arcoíris

El Ayuntamiento de Sevilla no va a estar solo en el recurso que va a presentar contra la resolución judicial que le obligó a retirar la bandera LGTBI de la rotonda de los Arcos en la avenida de Andalucía. Las entidades presentes en el Consejo Municipal LGTBI van a personarse también en el caso, para reforzar la posición del Gobierno local pero también para denunciar así lo que consideran que es un paso más en una escalada de ataques contra este colectivo.

Entidades como Chrysallis, Fundación Triángulo, la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), DeFrente, Sevilla Diversidad, Adriano Antinoo o Gaylespol, presentes en este órgano municipal, están dispuestos a dar el paso. La cuestión ahora es encontrar cómo se articula esta personación desde un punto de vista jurídico, ya que al tratarse de una cuestión que se dirime en la jurisdicción contencioso-administrativa no cabe la personación como acusación particular.

Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 11 de Sevilla obligaba a retirar la bandera de la rotonda el 30 de junio, justo el último día que iba a estar izada con motivo del Mes de la Diversidad. La jueza daba de esta manera la razón a la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos, que denunció que la exhibición de la enseña suponía una “infracción del principio de neutralidad y objetividad que debe regir toda actividad administrativa”.

Cuestión de “interés público”

Asimismo, la magistrada determinaba que no había “interés público municipal protegible que pudiera resultar dañado” con su resolución. Estas consideraciones, criticadas desde ámbitos jurídicos, llevaron al alcalde, Juan Espadas (PSOE), a defender el “interés público” de poner la bandera LGTBI en Sevilla ante los delitos de odio que se siguen produciendo.

“Nos parecen una barbaridad los argumentos de la jueza”, coincide el presidente de Adriano Antinoo, Pablo Morterello, que a su juicio “no se ajustan a la ley” y supone “cercenar derechos LGTBI”. “Ya criticamos que la bandera no se pusiera en el Ayuntamiento”; al final se colocó en el mástil de una avenida “con nuestra oposición” pero entendiendo que el gobierno local quería ser “prudente” ante la disparidad de sentencias en cuanto a si puede colocarse en un edificio oficial. “Estamos esperando a que estos casos lleguen otra vez al Tribunal Supremo, para que siente jurisprudencia”, indica.

“Estamos enfadados y preocupados”, incide Morterello, quien tiene claro que si estos argumentos judiciales siguen para adelante será el momento de reivindicar esa neutralidad en todos los ámbitos. “Si se exige neutralidad que sea a todos los efectos, no puede ser parcial”, reivindica.

Una situación que empeora

Todo ello ocurre en un contexto en el que la propia consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, reconocía este mismo jueves que la crisis consecuencia de la pandemia por Covid-19 ha incrementado los mensajes discriminatorios y de odio hacia determinados colectivos por, entre otras razones, su orientación e identidad sexual. De hecho, las propias estadísticas del Ministerio del Interior alertan del aumento de los delitos de odio por razón de orientación sexual e identidad de género.

Mientras tanto, los servicios jurídicos municipales siguen trabajando en el recurso que se va a presentar en el caso de la bandera, con el que se quiere determinar qué es lo que se puede hacer de aquí en adelante. Las sentencias emitidas hasta la fecha eran contrarias a la exhibición de estas enseñas en enclaves institucionales como las casas consistoriales junto a las banderas oficiales, pero este auto va un paso más allá e impide colocarla en la rotonda de una avenida.

Moción en el pleno municipal

Un Ayuntamiento, por cierto, que en el pleno de esta semana aprobaba la propuesta del PSOE para promover una condena rotunda de toda la Corporación ante el incremento de los ataques homófobos que se han producido en distintos puntos de España y un compromiso municipal para el desarrollo de más políticas públicas que contribuyan a su erradicación. La iniciativa, además, promueve la adhesión de la ciudad a la Declaración de Mérida por los derechos humanos LGTBI, “que se considera necesaria ante la deriva de gobiernos europeos como Hungría y los mensajes ofensivos y con graves consecuencias que está promoviendo la extrema derecha en España”. 

La propuesta provocó una airada reacción de Vox, cuyos dos concejales se ausentaron del pleno cuando se iba a producir la votación, lo que, de acuerdo al reglamento, supone que consta en acta como una abstención. Vox consideró que la iniciativa presentada les “acusa directamente” de estar detrás de unos delitos que, asegura, la formación condena. “¿No será que las agresiones homófobas han aumentado a consecuencia de la inmigración ilegal de países islámicos radicales?”, se preguntó de manera retórica su portavoz, Cristina Peláez.