La Justicia avala la convocatoria de plazas de sargento en el Consorcio de Bomberos de Sevilla recurrida por CSIF

La jueza de la plaza número 5 de la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla ha desestimado el recurso presentado por CSIF contra la convocatoria de cinco plazas de sargento en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Sevilla. La sentencia avala así la oferta de empleo público (OEP) aprobada por la Diputación provincial en 2025 y ratifica la legalidad del proceso administrativo llevado a cabo por el organismo.

El sindicato solicitaba la anulación de la convocatoria al considerar que la categoría de sargento, encuadrada en el grupo C1, había desaparecido tras la reforma de la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, actualizada en 2023. Según defendía CSIF en su demanda, la nueva clasificación profesional implicaba que dichas plazas debían haberse convocado ya bajo la categoría de subinspector/a del grupo B.

Sin embargo, la magistrada da la razón a la Diputación de Sevilla, dado que la propia normativa autonómica contempla un periodo transitorio de cuatro años para que las entidades locales adapten sus plantillas, categorías y relaciones de puestos de trabajo a la nueva regulación. La oferta impugnada se convocó cuando aún no había “transcurrido el plazo de cuatro años para la adaptación que concede la propia ley a las entidades locales”, como recoge la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico.

La sentencia concluye, por tanto, que la convocatoria de “cinco plazas de sargento/a; grupo C1, perteneciente a la Escala de la Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales” es conforme a derecho y desestima íntegramente el recurso presentado por el sindicato, al que condena a pagar las costas procesales.

Una oferta amparada por la normativa

Durante el procedimiento, CSIF argumentó que la Diputación había convocado plazas correspondientes a una categoría “inexistente” tras la reforma de la ley en 2023, entendiendo que debía aplicarse ya la nueva estructura profesional prevista para los servicios de emergencias.

Frente a ello, la institución –que preside el Consorcio de Bomberos en la provincia– defendió que el sindicato “confunde la naturaleza de la OEP con las bases de convocatoria o con la propia Relación de Puestos de Trabajo (RPT)”. En ese sentido, esgrimió que la oferta pública de empleo debe ajustarse a la RPT vigente mientras esta no sea modificada o anulada. “No puede pretender que una OEP cree una categoría (Subinspector Grupo B) que no existe actualmente en la estructura orgánica y presupuestaria del Consorcio”, explicó, recordando además que la propia ley establece expresamente un régimen transitorio de cuatro años para la adaptación de las plantillas.

La magistrada respalda ahora esa interpretación y se remite a la disposición transitoria primera de la norma autonómica, que concede a las entidades locales con servicios de prevención y extinción de incendios un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley para adaptar sus escalas, grupos y categorías profesionales a las nuevas previsiones legales.

La resolución añade que, durante ese periodo, pueden seguir realizándose convocatorias de procesos selectivos y adaptaciones de plantillas conforme a la estructura todavía vigente, motivo por el que rechaza la impugnación planteada por el sindicato.

Pulso sindical con el Consorcio

El fallo judicial se produce en un contexto de tensión entre la Diputación y las organizaciones sindicales del Consorcio Provincial de Bomberos, que reclaman más recursos y mejores condiciones laborales. CSIF, de hecho, mantiene abiertos otros frentes judiciales con la entidad. Recientemente, el sindicato denunció ante la Fiscalía de Sevilla un supuesto “incumplimiento” de la normativa sobre jornada laboral, alertando de un “exceso” de horas que, a su juicio, podría comprometer tanto la seguridad de los trabajadores como el funcionamiento del operativo.

El Consorcio rechaza esas acusaciones y asegura que mantiene abierto el proceso de negociación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo para adaptar la estructura del servicio a la normativa autonómica de emergencias. Según la Diputación, esa futura RPT permitirá además impulsar nuevas ofertas públicas de empleo para reforzar la plantilla de bomberos provinciales.

Todo ello se enmarca en el proceso de reorganización del sistema iniciado tras la creación del Consorcio Provincial, que desde 2022 coordina el servicio en 27 parques y cinco áreas de intervención repartidas por toda la provincia. Tras una primera etapa centrada en la constitución del sistema y la transferencia de personal, la Diputación sostiene que actualmente se desarrolla un “importante esfuerzo de inversión y reorganización” para cohesionar el servicio y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en todos los municipios sevillanos.