El PP aparca su plan de ajuste económico del Ayuntamiento de Sevilla que ve inviable hasta la Intervención municipal

Era uno de los puntos más importantes del pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves, pero el propio gobierno local del PP ha decidido retirarlo sobre la marcha ante la perspectiva de que no iba a salir adelante, básicamente porque Vox (su aliado presupuestario) iba a votar en contra y ya contaba de antemano con el 'no' de PSOE y Podemos-IU. Hablamos del plan de ajuste económico que, por ley, debe acometer para los próximos dos años al incumplir la regla de gasto y de sostenibilidad presupuestaria por una razón sencilla: está gastando más de lo que ingresa.

El equipo del alcalde José Luis Sanz (PP) ha elaborado un documento que cifra en 25,1 millones de euros el incumplimiento del principio de estabilidad, lo que obliga a una financiación extraordinaria, mientras que el exceso de gasto (incumplimiento de la regla de gasto) se cifra en 85,6 millones de euros. Estas desviaciones, a juicio del PP, no son de naturaleza estructural, sino coyuntural, aunque se ha encontrado con un muro más allá de la previsible falta de apoyo político de otros grupos: la propia Intervención municipal lo considera inviable.

El delegado de Hacienda y portavoz municipal, Juan Bueno (PP), ha anunciado que retiraba del pleno el plan de ajuste en el momento en que tocaba abordarlo, y el argumento ha sido que se va a buscar “un mayor consenso político”. Pero a la falta de acuerdo hay que unir también el demoledor y preceptivo informe de la Intervención municipal, que llega a afirmar que el plan económico-financiero diseñado “presenta un perfil de riesgo significativo” al plantear ajustes que no ve viables.

Falta de “firmeza jurídica”

De hecho, apunta que el retorno a la senda de la regla del gasto está condicionado “a la obtención de ingresos futuros que carecen de firmeza jurídica, que están judicializados o que sufren deficiencias de gestión interna”. El informe (que rubrica el viceinterventor, Guillermo González) concluye que “la observancia del principio de prudencia financiera” aconseja “confiar el reequilibrio” a medidas complementarias de limitación del gasto corriente no obligatorio y de optimización del gasto a medio plazo. En definitiva, que presente “un escenario alternativo basado en la minoración de los costes de los servicios públicos”.

El plan insiste en que el problema no es estructural, y lo achaca básicamente a “la no aprobación de medidas normativas que ampliaban el límite de gasto” del Ayuntamiento. Uno de los pilares de la falta de ingresos es que no se ha aprobado una nueva ordenanza de basuras a la que obliga la ley, con la que esperaba recaudar 19,6 millones de euros. Desde el punto de vista político, esto no es ninguna sorpresa porque todos los grupos de la oposición (incluido Vox) ya le han tumbado al gobierno local varias veces la propuesta, lo que le obliga a sacar de sus cuentas un dinero que es obligatorio recaudar. Y la perspectiva es que las cosas no van a cambiar a corto plazo.

Otro bocado a las cuentas municipales –de casi 11 millones de euros– se lo ha dado el que tampoco se está cobrando la tasa por ocupación del dominio público por empresas de telefonía móvil, un tributo que se inicia después de un primer trámite que tienen que hacer las compañías afectadas. Y no sólo no lo han hecho, sino que se han ido a los tribunales para batallar contra esta nueva tasa.

A esto se une que el propio Ayuntamiento no ha tramitado a tiempo la justificación del servicio de ayuda a domicilio, para que la Junta le haga llegar los fondos correspondientes, y que no se cumplieron las previsiones (40 millones) de ingresos por enajenación de suelo municipal debido a “dificultades técnicas y administrativas”. El cuadro se completa con una inversión adicional de ocho millones para maquinaria de Lipasam, además de más gastos de los previstos de Urbanismo y del propio Ayuntamiento.

Da por hecho que se acabarán los problemas

En definitiva, que el gobierno local concluye que no está en peligro la situación económica-financiera del Consistorio, ya que atribuye esta desviación a problemas coyunturales. En este sentido, apunta de manera eufemística a “cuestiones con un condicionante político” (la no aprobación de la tasa de basuras) y a “dificultades puntuales en materia de ingresos”, como con lo que deben pagar las empresas de telefonía móvil.

Ninguno de estos dos problemas tiene visos de solucionarse a corto plazo, pese a lo cual en su plan de ajuste da por hecho que para 2026 se recaudarán 26 millones por la tasa de telefonía móvil, algo irreal porque la cuestión está judicializada. Cuenta también con actualizar las liquidaciones de ayuda a domicilio (un problema que viene arrastrando desde 2024), con recaudar 12 millones más por el IBI –ya que en 2025 “se produjo un excepcional volumen de devolución de ingresos”– y con enajenar suelo municipal por importe de 60 millones.

En cuanto a la nueva tasa de basuras, el gobierno municipal cambia de estrategia y opta por una modificación de la actual, una fórmula “más coherente” y que evita el principal reproche a la norma, que es una doble tributación por un mismo hecho. De hecho, se atreve a calcular que la nueva ordenanza entrará en vigor el próximo 1 de octubre, por lo que prevé recaudar 10 millones este año y 30 ya en 2027.

En definitiva, que el PP considera que su plan es “prudente” y “realista”, por lo que “no se estima necesario implementar medidas de reducción de gastos”. “No sólo eso”, subraya, sino que “se estima incluso posible abordar una reducción de carga fiscal”, en concreto un 1% menos en el IBI para 2027, año de elecciones municipales.

Los interventores no se lo creen

Con estos mimbres, la Intervención municipal ve problemas por todos lados. Con la tasa de basura, recuerda que todavía no está aprobada “y ello reduce la robustez” del plan de ajuste, porque además de que la solución está “sujeta a la coyuntura política del momento”, su implantación “está presentando no pocas dificultades en su aspecto jurídico”. Con la tasa de telefonía móvil, tres cuartos de lo mismo: está recurrida por las empresas, por lo que contar con su cobro “es meramente nominal”.

Y aunque el plan no ha llegado a debatirse, los grupos de la oposición han aprovechado otros momentos del pleno para lanzar algún que otro pildorazo. El portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), ha ironizado con que lo siguiente será que la búsqueda de soluciones financieras pase por “ponerle dos velitas a la Virgen”. Desde el PSOE, su portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha reclamado “un plan más serio y riguroso”, porque con el que ahora se frena “se encomiendan al milagro de los panes y los peces”, así que “medidas más rigurosas y no con la bolita de cristal”.