El Ayuntamiento de Sevilla desajusta sus cuentas al no cobrar la tasa de basura, que por tercera vez volverá a intentar aprobar

Renovación de contenedores en el barrio de Pino Montano.

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Sevilla —

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El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que presentará un nuevo plan de ajuste económico-financiero, al que está obligado por ley, al incumplir la regla estatal de gasto y de sostenibilidad presupuestaria. Una de las causas principales es que, al no aprobarse, no se está cobrando la obligatoria nueva tasa de basura que llega vía Europa para garantizar el tratamiento y reciclado de los restos, lo que ha provocado un agujero en el presupuesto municipal.

“Tenemos un desajuste, que implica la necesidad de ese plan, pero la salud financiera del Consistorio es buena”, ha defendido el delegado municipal de Hacienda, Juan Bueno (PP). Existe “músculo financiero” y , si se ha llegado a esta situación es por la no aprobación de la tasa de basura, “un importe que tenemos que abonar sí o sí” y que por tercera vez se va a intentar aprobar, y la de telefonía, “que tampoco se está cobrando porque está recurrida”.

“Hemos sobrepasado la regla de gasto en 95 millones y la de estabilidad, en 25,1 millones de euros”. Ello se debe también, ha añadido el concejal, al hecho de incrementar “de manera notable” el nivel de ejecución de las inversiones, “como ningún gobierno local ha hecho antes”. En este sentido, es un coste que el equipo de gobierno está “dispuesto a asumir”. En 2022, ha abundado al respecto, el Ayuntamiento se gastó 806 millones, y el pasado año, 989 millones.

No se reduce el gasto público

El obligatorio plan de ajuste ya ha sido presentado a los grupos de la oposición, antes de que sea llevado a la Junta de Gobierno Local este viernes. No obstante, Bueno ha remarcado que el plan no contempla “ni reducción del gasto público ni subida de impuestos; es más, se allana el camino para sucesivas bajadas”.

Bueno también ha remarcado la idea de que existe un remanente de tesorería de 62,3 millones de euros y que la deuda viva se sitúa en el 9,3%, “cuando se permite llegar al 70 y Barcelona, por ejemplo, está en el 40”. A esto ha añadido que el periodo medio de pago a proveedores está fijado en 27,3 días, “muy por debajo del límite que permite la ley”.

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