Condenan a España por no investigar las torturas denunciados por Otamendi

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar los malos tratos denunciados en 2003 por el entonces director del periódico Egunkaria, Martxelo Otamendi, durante su detención incomunicada por presunta pertenencia y colaboración con ETA.

Otamendi fue juzgado por la Audiencia Nacional por integración en banda armada junto a otros directivos del diario, que había sido clausurado por orden del juez Juan del Olmo. El tribunal absolvió a Otamendi y sus compañeros. En la sentencia, el tribunal criticó duramente la instrucción practicada por Del Olmo: “La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación”.

La Audiencia Nacional calificó el cierre de “injerencia en la libertad de prensa”.

Respecto a la denuncia de malos tratos, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de Estrasburgo dice que España violó el artículo 3 (Prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El texto, aprobado por unanimidad, también concluye que el Estado habrá de indemnizar a Otamendi con 20.000 euros por daños morales y 4.000 por gastos judiciales.

Asegura la sentencia que el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional “permaneció pasivo” ante las denuncias del demandante y estima que las investigaciones de la juez de instrucción número cinco de Madrid “no fueron lo suficientemente profundas y efectivas”.

La Corte europea incide en que “la particular vulnerabilidad” de los detenidos en régimen de incomunicación obliga a tomar “medidas de vigilancia apropiadas” para “evitar abusos” y “proteger la integridad física de los detenidos”.

Otamendi fue detenido el 20 de febrero de 2003 por agentes de la Guardia Civil y permaneció cinco días en régimen de detención incomunicada, hasta su puesta en libertad el 25 de febrero.

El demandante se quejó de disparos simulados, de “golpes de intimidación sobre sus genitales”, de amenazas de tortura con el método asfixiante de “la bolsa”, de insultos homófobos y de ser desnudado y obligado a adoptar una postura sexual.

Otamendi, defendido por los abogados Didier Rouget e Iñigo Iruin, presentó su demanda en Estrasburgo en 2008, una vez que el Tribunal Constitucional rechazó su demanda de amparo.