Nicaragua vive el segundo día de violencia por el Seguro Social y suma 33 heridos

Nicaragua vivió hoy su segundo día de violencia tras unas controvertidas reformas de la Seguridad Social, que aumentan la cuota patronal y laboral y crean una nueva cotización para los jubilados, y que han dejado al menos 33 heridos y la suspensión de cinco noticieros de televisión.

Según un informe de la Cruz Roja Nicaragüense, al menos 33 personas han resultado heridas en los diferentes enfrentamientos violentos que se han producido en los dos últimos días, en su mayoría universitarios.

El canal 100% Noticias fue sacado hoy del aire en Nicaragua mientras sus representantes acusaron al Gobierno por dicha medida, supuestamente por transmitir los brotes de violencia de grupos que apoyan o se oponen a nuevas medidas sobre la seguridad social.

Hasta ahora dicho canal era el único que transmitía en vivo las acciones violentas.

Otros medios como el Canal 12, Canal 23 y Canal 51, este último perteneciente a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, también desaparecieron de la parrilla de la televisión por cable, bien temporalmente en el caso del informativo de Canal 12, o bien de forma indefinida como les pasó al Canal 23 y Canal 51, sin que hasta el momento haya existido una explicación oficial por parte del operador.

Estos sucesos se unen al robo de equipos periodísticos y a la agresión física sufrida por varios reporteros de medios locales y extranjeros el miércoles por parte de grupos que apoyan las medidas del Gobierno.

La vicepresidenta Rosario Murillo denunció una “manipulación política” existente en las protestas contra las reformas al Reglamento de la Ley de Seguridad Social, y apuntó como culpables a unos “grupos minúsculos llenos de odio” que atentan contra “la paz y el desarrollo”.

Murillo, quien en ningún momento identificó a nadie, criticó “a quienes promueven la destrucción y la desestabilización”.

“Debemos hacer un llamado a los promotores de violencia que con cobardía y premeditación se ocultan con las cámaras que llevan y los teléfonos que usan para sólo reflejar como culpables a quienes en legítima defensa se pronuncian por la estabilidad, los derechos y la justicia social”, indicó la primera dama.

Para Murillo, se trata de una “manipulación perversa” que “no refleja a los agresores y pone a los agredidos como agresores”.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazó la violencia desatada, e instó al Gobierno a retomar el diálogo y a garantizar el derecho cívico a la protesta.

Asimismo, abogó por “el derecho a ser informados de manera veraz” y demandó “que aquellos medios que han sido suspendidos de sus transmisiones vuelvan al aire sin restricción alguna”.

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) también expresó su oposición “a la violencia y a cualquier acción que afecte el derecho inalienable de los nicaragüenses a manifestarse y movilizarse de forma libre y pacífica”.

“La libertad de expresión es fundamental en nuestra sociedad, por lo que rechazamos cualquier medida que la restrinja y demandamos que aquellos medios que han sido suspendidos puedan reiniciar sus labores de forma inmediata”, indicó.

El capítulo nicaragüense de la asociación mundial de escritores PEN exigió “libertad de expresión y prensa” al Gobierno, al que responsabilizó por la violencia desatada.

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde) pidió “a las autoridades nacionales que se restaure la paz y la seguridad en el país de forma inmediata en aras del bien común”, e instó “al diálogo nacional” y “al respeto y a la restitución del derecho de libre movilización e irrestricta libertad de expresión”.

La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) pidió al Gobierno que suspenda la reforma de la seguridad social por considerar que atenta contra la economía y que fue el detonante para la escalada de violencia iniciada ayer.

Las manifestaciones se han extendido a 16 ciudades de Nicaragua, según organizaciones no gubernamentales que apoyan las protestas.

Las nuevas medidas sobre la seguridad social establecen que el pago que realizan los trabajadores al INSS pase del 6,25 al 7 por ciento a partir del 1 de julio próximo.

También eleva del 19 al 21 por ciento la cuota patronal a partir de esa fecha, 1 punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0,5 puntos porcentuales a partir de 2020, hasta alcanzar un 22,5 por ciento.

Además, ahora los jubilados tendrán que aportar un 5 por ciento de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades.

Las medidas han sido criticadas por todos los sectores económicos, tanto empresariales como expertos, quienes afirman que las mismas, lejos de evitar la quiebra del seguro social, traerán desempleo e informalidad, a la vez que disminuirá el consumo, la competitividad y el clima de negocios.