Paraguay, una elogiada gestión sanitaria empañada por la sombra de la corrupción

Paraguay entra este lunes en la segunda fase de su desescalada, que supone una mayor apertura laboral y comercial, con denuncias de irregularidades en el abastecimiento de insumos que han silenciado en parte los aplausos por la gestión sanitaria del Gobierno frente al coronavirus.

Hasta la fecha el COVID-19 ha dejado un total de 11 muertes y 800 casos positivos, una de las cifras más bajas de la región y producto, según el Gobierno, de las tempranas medidas de aislamiento social instauradas desde marzo.

La contención de los contagios ha motivado el ingreso en la fase dos de la denominada “cuarentena inteligente”, como denominó el Gobierno a ese cronograma para el levantamiento gradual del aislamiento, que ahora se extiende hasta el 15 de junio.

Este periodo, oficializado hoy en el decreto presidencial, contempla la apertura de los centros comerciales, excluyendo las actividades de ocio en los mismos, el regreso de las obras civiles y parte de la actividad de las oficinas corporativas.

La fase anticipa el regreso del fútbol al autorizar los entrenamientos individuales, pero mantiene la suspensión de las clases y la obligatoriedad del uso de tapabocas en lugares cerrados.

LA PANDEMIA DE LA CORRUPCIÓN

Tanto la opinión pública como la mayoría de medios han ponderado la pronta iniciativa del Gobierno, entre ellas el cierre de las fronteras con Brasil, que se dio antes de que este país se convirtiera en uno de los focos de la pandemia.

Quien ha personalizado ante la ciudadanía la exitosa labor preventiva del Ejecutivo es Julio Mazzoleni, el responsable de la política sanitaria para afrontar la pandemia.

Al ministro se le atribuye la visión de proceder al inmediato aislamiento como una forma de ganar tiempo en caso de darse una explosión de casos a los que no podría enfrentar la precaria salud pública, una de las asignaturas pendientes del país.

Sin embargo, en las últimas semanas han arreciado las críticas hacía Mazzoleni por su dirección administrativa y acusaciones de tibieza tras las irregularidades detectadas en la compra de insumos.

Si bien estás ya habían sido aireadas desde los medios, no fue hasta el viernes que Mazzoleni anunció la rescisión de contrato con la mayor proveedora de materiales médicos importados de China y una investigación para localizar supuestas implicaciones de funcionarios del Ministerio.

Ello después de que la Contraloría General de la República diera constancia de que la adquisición estaba “viciada de irregularidades en todas sus etapas”.

La suspensión afecta a las empresas Imedic y Eurotec, que iban a proveer de un importante cargamento de mascarillas quirúrgicas, trajes de protección, protectores faciales y oculares, todos para uso del personal médico.

Era el último acto de una serie de anomalías en la provisión de materiales, que semanas antes ya provocaron las renuncias de los titulares de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y Petróleos Paraguayos.

Estos casos motivaron la creación de la Comisión Especial de Supervisión y Control, pese a lo cual los procesos para dotarse de insumos se han mostrado como el eslabón más débil del Gobierno en la lucha contra el coronavirus.

Al respecto, el izquierdista Frente Guasu, tercera fuerza política, denunció este domingo que el Gobierno presidido por Mario Abdo Benítez “ha quedado evidenciado como una ”administración altamente contaminada por hechos de corrupción“.

La concertación de izquierda, a la que pertenece el expresidente Fernando Lugo (2008-2012), hizo ese recordatorio en el marco del primer aniversario de la crisis política que puso al borde del juicio político Abdo Benítez.

Cuando se firmó un acta con Brasil que establecía un cronograma de compra de energía hasta 2022, considerada por la oposición como una cesión de soberanía y que además no se divulgó hasta un mes después.

En ese sentido, el Frente Guasu aseveró en un comunicado que ello destapó un “entramado de corrupción y tráfico de influencias” que ha de tenerse en cuenta ante el actual panorama, con el endeudamiento de 1.600 millones de dólares aprobado por el Gobierno para afrontar los daños económicos causados por la pandemia.

José María Hernández