Los abogados se levantan contra las tasas y la reforma de la ley de justicia gratuita de Gallardón

Manuel Ruiz de Villa nunca se imaginó que se convertiría en noticia. Este abogado cántabro con más de 30 años de experiencia consiguió que el juzgado número 1 de Torrelavega elevara una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales al Alto Tribunal al considerar que se vulnera el derecho recogido en la Constitución a la tutela judicial efectiva. Ruiz de Villa no recurrió una sentencia que se resolvió en su contra para ejemplificar lo que está ocurriendo a muchas personas, obligadas a abandonar el procedimiento judicial por no poder hacer frente al precio de las tasas.

En el auto, emitido en enero de 2014, el magistrado de Torrelavega consideró que las tasas exigidas a Ruiz de Villa para presentar un recurso de apelación eran “desproporcionadas”. “El juez entendió que eran disparatadas y, a mi petición, la cuestión llegó al Tribunal Constitucional, donde se ha admitido a trámite. Todo este proceso, que está paralizado a la espera de que el Alto Tribunal se pronuncie, también responde a una cuestión de principios”, explica. Su objetivo: que el caso cree jurisprudencia para que el resto de sentencias se resuelvan en el mismo sentido. “Si todos los abogados hubiéramos emprendido este camino la injusta Ley de Tasas podría haberse revocado, pero los Colegios de Abogados se mueven muy poco”, apostilla.

Pero este letrado no está solo en el camino. Este recurso no es el primero que llega al tribunal de garantías cuestionando la legalidad de las tasas judiciales. El Gobierno de Canarias, la Diputación General de Aragón, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista también han presentado recursos de inconstitucionalidad que a día de hoy está considerando el Alto Tribunal. A todos ellos hay que sumar otro caso particular elevado desde el juzgado número 44 de Barcelona y las cuestiones planteadas por los Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

La Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses entró en vigor el 22 de noviembre de 2012, pero hasta casi un mes después no quedaron regulados los procedimientos de cobro y los formularios ya que Justicia aceleró su tramitación en el último momento. El resultado fue casi un mes de vacío legal al que se sumaron unos cambios aprobados por sorpresa a través de Real Decreto en febrero de 2013.

Del desglose en tasa fija y variable, las dos partes en las que se dividen las tasas de Gallardón, la primera no se movió, pero la segunda sí descendió. Las fijas no se tocaron y oscilan entre 150 y 1200 euros. Las variables se redujeron para particulares, aunque no para empresas: en lugar del 0,5% sobre el valor de lo reclamado, a partir de la aprobación del Real Decreto la cifra se redujo al 0,1% con un máximo de 2.000 euros.

Menos litigiosidad

Si hay una novedad que introdujo la nueva ley de tasas, ésta fue la retirada de la exención que antes tenían las personas físicas en los ámbitos civil y contencioso. Hasta la aprobación de la norma impulsada por Alberto Ruiz Gallardón, estos precios eran aplicables a empresas –es decir, a personas jurídicas– con ingresos superiores a los ocho millones de euros. Desde noviembre de 2012, están sujetas a tasas todas las personas que pleiteen, con la salvedad de los beneficiarios de justicia gratuita. O, lo que es lo mismo, las personas que, por sus ingresos, tienen derecho a un abogado de oficio. El Estado –en este punto nada ha cambiado– tampoco paga tasas.

“Como el Estado no tiene que asumir estos costes, siempre presenta recursos. El particular, sin embargo, sí tiene que hacer frente a este gasto, lo que ha provocado un descenso en torno al 20% en la litigiosidad en lo contencioso-administrativo”, señala Joaquím Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia.

Esta medida, añade Carnos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, “es también profundamente injusta porque las tasas en las grandes empresas son una anotación más en su contabilidad que luego se desgrava”. No ocurre lo mismo con las personas físicas que, aunque ganen el juicio, “no recuperan ese dinero porque no pueden deducirlo de sus gastos”.

“Los recursos de apelación –en el ámbito de lo civil– han podido registrar caídas del 35-40%, pero lo que importa no es esta bajada de la litigiosidad, sino las personas que abandonan los procesos judiciales porque no pueden costearlos”, advierte Verónica del Carpio, abogada y profesora de Derecho Civil. También recuerda que, coartar el acceso a la justicia “fomenta la impunidad”. “Si la justicia no es para todos, no es justicia”, zanja.

La ONG Rights International Spain (RIS) advierte en su última campaña que “no hay que mirar las reformas que está planteando el Ministerio de Justicia de forma aislada, sino en conjunto, porque todas están conectadas y se mueven en la misma dirección”. Desde hace dos años, denuncia su directora, Lydia Vicente, “el Gobierno está emprendiendo una labor frenética y desproporcionada de cambios orientados a la restricción de derechos, por un lado, y a poner trabas al acceso de las personas a la justicia, por otro”.

Para poner en contexto todas las reformas, RIS ha publicado un vídeo en que se explica de forma divulgativa las consecuencias que, de llegar a buen puerto las iniciativas, podrían tener estos cambios en la vida diaria de los ciudadanos. “Es fundamental que toda esta información llegue a la sociedad, que muchas veces, por la ampulosidad del lenguaje empleado por el Ejecutivo, no entiende el impacto real de estas medidas”, explica Vicente.

“El discurso del Gobierno es fraudulento”

El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero en sustitución de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, es otra de las razones que tiene a los juristas en pie de guerra. El Ministerio de Justicia defendió las tasas como una vía para paliar la saturación de los juzgados y mejorar los recursos dedicados a la financiación del sistema judicial, y más concretamente, la asistencia gratuita. Pero lo cierto es que en los Presupuestos Generales del Estado de este 2014, la partida destinada a justicia gratuita se mantiene idéntica a la del año anterior: 34,15 millones de euros.

“El discurso del Gobierno es fraudulento. Han repetido, tratando de edulcorar la injusticia de las tasas, que esos ingresos irían destinados a justicia gratuita, pero las cifras han demostrado que es falso. La partida está congelada y el afán es meramente recaudatorio, para tapar agujeros”, se indigna Joaquím Bosch.

Para Verónica del Carpio, “lo que ha hecho el Gobierno es el colmo del cinismo”. El presupuesto para Justicia en este año, de 1.472,90 millones de euros, es un 2,31% menor al de 2013. En el ejercicio de 2013, la partida también se redujo un 4,21% con respecto a 2012, el año en el que entraron en vigor las tasas judiciales.

“El tono de este proyecto de ley –indica Joaquim Bosch– es muy restrictivo. Se trata de cambiar la legislación para complicar los trámites burocráticos y modificar los umbrales de renta”. La norma reguladora de la justicia gratuita en fase de tramitación establece unos nuevos importes para el acceso a un abogado de oficio en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Los más perjudicados por estos cambios son las unidades familiares con una sola persona, cuyo umbral de renta ha descendido de 14.910 euros anuales a 12.780. Para núcleos de dos a cuatro miembros, el límite, por el contrario, sube unos 80 euros. Independientemente de sus ingresos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo (y las asociaciones) y de trata de seres humanos tendrán derecho a justicia gratuita. También los discapacitados psíquicos víctimas de abusos y las víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnización por daños, además de los sindicatos, las asociaciones de consumidores y Cruz Roja.

“Todos estos umbrales tienen en cuenta los ingresos, pero no los gastos. Imagina que vives solo, pero que tienes a alguno de tus padres a cargo, o que, en la situación en la que estamos, otros familiares se acogen en tu casa. Es una trampa”, alerta Verónica del Carpio.

Entre las líneas del articulado del proyecto se limita a tres las veces al año que cualquier persona puede tener acceso a justicia gratuita como “método”, dice Bosch, “para evitar el fraude”. “Esta medida significa, nada más y nada menos, poner límites a un derecho constitucional, que resulta que ahora va por número”, argumenta Del Carpio, que recuerda que “ya hay instrumentos de sobra para detectar prácticas fraudulentas”.

Otra de las cuestiones más conflictivas de la norma que se está cocinando tiene que ver con el aumento de la burocracia. Desde el Consejo General de la Abogacía Española explican que el proyecto de ley mantiene la duplicidad en la tramitación de los expedientes, lo que “supone continuar una doble estructura que dilata inúltimente el acceso del ciudadano a la justicia gratuita”.

“La justicia gratuita funciona horrorosamente mal”

Manuel Ruiz de Villa probó durante un año la experiencia de ser abogado de oficio. “Me apunté con cierto compromiso social, pero me he salido porque todo funciona fatal, hasta el punto de que se me ha dado más de un caso en el que asegura que las familias tienen derecho a un abogado de oficio por renta y luego resulta que no. Entonces les hacen pagar a posteriori los servicios sin haber elegido ni siquiera a su letrado. Es un desastre total”, dice.

Los retrasos en los pagos, que en muchas ocasiones pueden demorarse más de un año, son para muchos profesionales una prueba evidente del mal funcionamiento del turno de oficio. “Las cuantías, además, son ridículas, lo que demuestra que, una vez más, Gallardón nos está tomando el pelo con la supuesta mejora de la justicia gratuita gracias a las tasas”, sostiene Del Carpio.

A mediados de mayo, nueve colegios de abogados se encerraron para mostrar su rechazo al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. En Madrid, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), junto a otras como la Asociación de Jóvenes Abogados o la Asociaciónm Libre de Abogados (Ala), calificó la nueva norma de “perjudicial, peligrosa y contraria al derecho fundamental de acceso a la justicia”.

Solo un mes antes, el Gobierno anunció la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, otra de las normas que se está gestando en las entrañas del Ministerio de Justicia y a la que los letrados también dan la espalda. “En el articulado de esta norma se plantean barbaridades que rompen con la inmediatez en la asistencia al cliente; como, por ejemplo, que cualquier abogado, sea cual sea su residencia, pueda hacerse cargo de la defensa del turno de oficio”, afirma Carlos Carnicer. Suspender los juzgados locales para aglutinarlos en los Tribunales Provinciales de Instancia –de nueva creación– es otra de las propuestas del titular de Justicia que atenta, en opinión de Verónica del Carpio, “contra la justicia de proximidad”.

Además de la veda abierta contra la reforma de la ley del aborto, Alberto Ruiz-Gallardón está levantando con sus reformas un muro cada vez elevado que mantiene a los juristas aislados al otro lado, muy descontentos con la línea legislativa adoptada por el ministerio que dirige. “Él dijo que dejaría la justicia como ha dejado Madrid. Si de verdad es así, estamos apañados”, ironiza Verónica del Carpio, que resume la gestión del titular de Justicia en tres puntos: “limitar el acceso, quitar medios y privatizar”.

La última ofensiva contra las iniciativas de Gallardón parte desde el grupo Izquierda Unida-Los Verdes, que ha presentado en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley para que se retire el proyecto de Ley de Asistencia Jurísdica Gratuita. A su juicio, la norma impulsada por el Ministerio de Justicia cuestiona la garantía recogida en el artículo 119 de la Constitución que establece que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respefcto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.