Amnistía Internacional revela que empresas europeas venden “herramientas de tortura”
Varias compañías con sede en la Unión Europea siguen comerciando con equipos de seguridad que, según han documentado Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega, “pueden utilizarse para causar torturas y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad”. Las organizaciones han identificado “vacíos legales” en la normativa europea vigente que permiten que empresas de la UE intermedien en la venta de este material a países no pertenecientes a la Unión o la promoción de materiales prohibidos en ferias de armas y en internet.
Así se desprende del informe Grasping the nettle: Ending Europe' s trade in execution and torture technology, que las ONG han publicado este jueves con motivo del debate que se celebrará en el Parlamento Europeo sobre las enmiendas propuestas al reglamento. La alemana PKI o la francesa Magforce International son algunas de las empresas que se nombran en el estudio y que publicitan productos como dispositivos de electrochoque, esposas para pulgares, grilletes con pesos o dispositivos de inmovilización.
Como ejemplo, documentan el caso de Mariya Ahmed Didi, parlamentaria de las Maldivas, a la que la policía agredió brutalmente durante una concentración pacífica con un pulverizador de pimienta en el contexto de la represión desencadenada tras el derrocamiento del presidente Nasheed en 2013. “Me abrieron los párpados a la fuerza (...) y echaron pimienta directamente en el ojo, luego hicieron lo mismo con el otro”, cuenta a Amnistía Internacional.
A pesar de que el Gobierno británico se mostró “profundamente preocupado” por la situación de violencia en el país, investigaciones publicadas por el periódico The Guardian demostraron que una filial extranjera de la empresa británica Survitec Group realizó envíos de material antidisturbios por valor de 100.000 dólares a las Maldivas en esa misma época a pesar de las evidencias existentes sobre vulneración de derechos humanos. Entre el material exportado había granadas de aturdimiento, cartuchos de proyectiles y pulverizadores de pimienta.
Publicidad de los equipos
Amnistía Internacional y Omega han obtenido folletos y otros materiales de promoción distribuidos por empresas de la Unión Europea en ferias y exposiciones de armas celebradas en los últimos años en Francia, Reino Unido y Alemania sobre material prohibido por la normativa europea o las leyes nacionales de cada país. Dispositivos, que “pueden utilizarse para facilitar la tortura”.
Es el caso de Milipol, un salón de exposición celebrado en París a finales de 2013, en el que se promocionaban artículos como porras de metal con púas (de la compañía china Yuanfar Internacional) o grilletes electrónicos (distribuidos por Jiangsu Wuwei). Algo similar ocurrió en la feria británica promovida por la compañía DSEI. En ella, la empresa francesa Magforce International publicitaba porras eléctricas o escudos paralizantes.
De acuerdo con el informe, empresas con sede en la Unión Europea también han utilizado internet para publicitar este tipo de materiales. La empresa alemana PKI promociona “esposas aturdidoras”, que pueden infligir una descarga eléctrica de 60.000 voltios y se activan por control remoto. La empresa checa Audy s.r.o hacía lo mismo en su página web con las llamadas “camas red”, utilizadas para inmovilizar personas dentro de una estructura similar a una jaula.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha documentado el “uso indebido” de dispositivos similares en instituciones psiquiátricas checas, aseguran las organizaciones en el estudio. Un informe reciente del comité detallaba el uso de “camas red” durante largos periodos de tiempo. “Una persona pasó casi 2.600 horas (equivalente a 108 días) dentro de una de ellas en un periodo de 180 días entre 2013 y 2014”, relatan las ONG.
Abordar las “lagunas”
En opinión de las organizaciones, esto demuestra “la inacción de los Estados miembros a la hora de controlar la promoción y el comercio de estos equipos”. En palabras de Marek Marczynski, director de Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía Internacional, “sigue habiendo lagunas significativas y las empresas pueden seguir beneficiándose del sufrimiento humano a pesar de las prohibiciones existentes”.
Las organizaciones celebran que la Unión Europea cuente desde 2006 con el único mecanismo regional del mundo para controlar el comercio de estos productos, sin embargo, solicitan al Parlamento Europeo que aborde “los defectos” de la normativa y que se refuercen las restricciones. “Ya es hora de que Europa ponga fin de una vez al comercio de la tecnología de la tortura”, sostiene Michael Crowley, integrante de la Fundación de Investigación Omega.
