Colectivos feministas de 17 países se unen a la campaña española que pide la prohibición de la gestación subrogada
La campaña iniciada la semana pasada por colectivos feministas españoles contra la gestación subrogada ha traspasado fronteras. Cientos de colectivos feministas de 17 países se han sumado a la petición de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres (RECAV) para pedir la prohibición de esta práctica a nivel global en una campaña internacional “sin precedentes”, explican las organizaciones en una nota de prensa.
Los colectivos pertenecen a Francia, Suecia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Australia, México, Argentina, Perú, República Dominicana, India, Tailandia y Camboya. Con España, son 18 países los que participan, aunque ya se han iniciado contactos con más organizaciones de Europa, América Latina y África, informan las convocantes.
Las feministas piden a sus jefes de Estado y de Gobierno que participan en la 73ª asamblea general de Naciones Unidas, que se celebrará a finales de septiembre, que prohíban los vientres de alquiler en sus respectivos países. La semana pasada, las españolas se dirigieron por carta al Ejecutivo para exigirle que aproveche la intervención de Pedro Sánchez en dicha asamblea para exhortar al resto de estados a poner en marcha una alianza internacional contra la gestación por sustitución. Además, pedían al presidente que ilegalice las agencias intermediarias y su publicidad que operan en España.
A través de un comunicado escrito en tres idiomas, las organizaciones denuncian una vez más que el alquiler de vientres es una “forma de explotación reproductiva de las mujeres” que convierte a los recién nacidos en “objeto de transacción contractual y comercial”.
Acusación a la ONU
Las organizaciones acusan, además, a dos agencias de la ONU de alentar a la gestación subrogada altruista. Se refieren a El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR), que, según explican en el comunicado, “han iniciado un debate sobre la posibilidad de contemplar una modalidad de gestación subrogada 'altruista'”, una fórmula que, en su opinión, no es posible.
“El altruismo no existe porque se trata de una práctica que exige la firma previa de un contrato, la renuncia a derechos fundamentales y que establece compensaciones económicas”, sostienen mientras insisten en que los Gobiernos deben “considerar su financiación a las agencias que ponen en riesgo los derechos humanos de las mujeres”.
La semana pasada, la RECAV apuntaba también a UNICEF acusándola de apoyar los vientres de alquiler “de forma implícita al asesorar a los gobiernos para que realicen procesos de adopción con los menores nacidos a través de esta práctica”. Sin embargo, en esta ocasión celebran que se haya pronunciado indicando que la organización de infancia “no avala la gestación subrogada”, señalan en el comunicado.
Las organizadoras señalan que esta campaña ha servido para crear una red de trabajo internacional “que continuará realizando acciones globales en el futuro, incorporando a un número mayor de organizaciones de más países”.
En España, el alquiler de vientres está prohibida pero sí operan agencias que actúan de intermediarias con otros países en los que sí se permite. Más de una decena de países cuentan con regulaciones específicas que abarcan diferentes modelos. Algunos definen el proceso como altruista, aunque contemplan cubrir gastos asociados el embarazo, pero no beneficio económico para la mujer. Otros la definen directamente como una actividad comercial con contraprestación para las mujeres gestantes.
