La Iglesia pelea para no perder influencia en la educación, un negocio de 4.866 millones al año
La Iglesia atiende a 1,5 millones de alumnos y emplea (aunque no necesariamente paga) a 102.476 profesionales en los 2.591 centros educativos que controla, la inmensa mayoría a través de la organización Escuelas Católicas. Dicho de otro modo, casi uno de cada cinco jóvenes escolarizados en España en etapas no universitarias (más del 18%, en concreto) acude a un colegio católico concertado.
Este porcentaje del alumnado que manejan los centros católicos, junto a los pagos a sus empleados, muchos de los cuales realiza el Estado, se traduce en que la Iglesia Católica recibe cada año 4.866 millones de euros por su labor educativa, según sus propios datos. Un bocado considerable al que no está dispuesta a renunciar.
Por esta razón, y para defender también la importancia de la asignatura de Religión en el sistema educativo, a su parecer, se han reunido este lunes el secretario general de los obispos, Luis Argüello, con la ministra del ramo, Isabel Celaá, que ya ha anunciado que esa materia dejará de ser obligatoria y por tanto dejará de contar para nota. Como ya adelantó eldiario.es, la Conferencia Episcopal está dispuesta a negociar sobre inmatriculaciones e impuestos como el IBI, pero no quiere ceder poder en su labor educativa. En esos términos se ha desarrollado la reunión, donde la Iglesia le ha mostrado al Gobierno sus “preocupaciones”.
La asignatura ganó presencia y peso cuando el PP aprobó la Lomce, ganancias que se tradujeron en un aumento del alumnado que la cursaba. Pasó a ser de obligado ofrecimiento por los centros (más profesores) y a contar para la nota media de la Secundaria, que luego sirve para la media total y que determinará a qué grados puede acceder un alumno, o a la hora de conceder o no una beca. Una porción de poder e influencia que ahora, con la propuesta de reforma de la Lomce que ha hecho el PSOE, podría verse amenazada al rebajar la importancia de la materia. Aún así, según datos de la Iglesia, el 63% de los alumnos está matriculado en Religión.
De suelo, segregación por sexo y docentes
No es que la posición de las escuelas católicas concertadas esté directamente amenazada, si se atiende a las declaraciones que Isabel Celaá ha realizado en las últimas semanas. La titular de Educación ha manifestado más de una vez que no tiene nada en contra de la escuela concertada “que cumple su función social”, espacio en el que se insertarían las escuelas religiosas tradicionales agrupadas en torno a Escuelas Católicas, sino que su batalla es contra la “nueva concertada” que se dedica al “mercadeo con centros educativos”.
Se refiere con esto la ministra a grupos, como grandes constructoras o empresas de servicios, que están entrando en el sector educativo con más interés en el negocio que hay en la escuela concertada (el Estado te paga por tener un colegio) que por el proyecto educativo.
Sin embargo, hay una cuestión que sí debería preocupar a algunos (los menos, según Escuelas Católicas) centros concertados religiosos. La modificación de la Lomce que presentará el Gobierno quiere impedir por ley que existan centros que segregan a sus alumnos por sexo. El exministro popular José Ignacio Wert la blindó por ley por no considerarla discriminatoria, y por la misma vía se prohibirá.
“Nuestra idea consiste en no permitir que un modelo que choca con el modelo de coeducación pueda ser generalizado y extendido, financiado con fondos públicos. La idea es conseguir que no se generalice porque creemos que atenta contra la coeducación”, explicaron en su momento fuentes socialistas.
Algunos de estos centros han devuelto la financiación pública con escándalos por cuestiones educativas. Fue el caso del colegio Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid), donde como actividad complementaria el año pasado los niños acudieron al estadio Santiago Bernabéu y las niñas hicieron un taller de ganchillo. En el mismo municipio, el colegio Fuenllana, del Opus, concertado y que segrega a sus alumnos por sexo, ofrecía talleres de moda y cocina para ellas y de sistemas microinformáticos e instalaciones de telecomunicaciones para ellos, según denunció Ganar Alcorcón.
Donde Celaá sí ha puesto el foco en alguna ocasión ha sido en la cesión (gratuita, si no no sería una cesión) de suelo público para la construcción de escuelas concertadas.
Esta práctica se ha detectado recientemente en algunas comunidades autónomas como Madrid. Según UGT, entre los años 2000 y 2013 se cedieron 82 parcelas para construir este tipo de colegios. En los barrios de nuevo desarrollo, por ejemplo, es habitual que se abran más centros concertados que públicos.
No necesariamente a Escuelas Católicas, pero grupos católicos o ultracatólicos se han visto beneficiados por estas prácticas. En general, toda la escuela concertada ha sacado provecho de la implantación de la LOMCE, que garantizó la presencia de los colegios privados sostenidos con fondos públicos por todo el Estado y eliminó la característica “públicas” de la obligación de ofrecer plazas escolares para todos los niños.
Luego está el polémico asunto de los profesores de Religión. Con estos docentes se da una circunstancia cuanto menos sorprendente. La Iglesia los contrata, manda sobre ellos hasta el punto de poder despedirlos a voluntad, pero no los paga. Las nóminas de los profesores de Religión corren a cargo del Estado, según denuncia la organización Europa Laica, pero bailando al compás de la música religiosa.
Según algunos datos conocidos, la administración central se gasta al menos 100 millones de euros cada año solo en los profesores de Religión de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla, los territorios sobre los que tiene control. En el resto son los Gobiernos regionales quienes tienen que afrontar esta inversión. Pero no hay datos globales.
“Los hemos pedido repetidas veces, incluso en el Parlamento a través de diputados”, explica Antonio Gómez, presidente de Europa Laica. Pero nada. Vía Portal de Transparencia se ha conseguido ese dato, pero total no existe, denuncia Gómez. Según los cálculos de Europa Laica el gasto podría ascender a unos 500 millones de euros.
Este oscurantismo, unido al cambio de ley que realizó el PP y por el que la asignatura de Religión era de obligado ofrecimiento por parte de los centros, se han dado situaciones como que en Andalucía haya profesores cobrando sin dar clase en 250 centros, según admite la propia Junta.
Los módulos
En cualquier caso, la gran batalla perenne entre la escuela concertada y el Estado, o al menos la que los centros quieren dar, es el precio de los módulos, lo que la administración paga a los colegios por cada aula concertada (los conciertos no se otorgan a centros completos si no a “unidades”, que viene a ser clases).
Esto se traduce en que, según la Plataforma Concertados, mientras un alumno le cuesta al Estado casi siete mil euros al año en un centro público, los centros privados sostenidos con fondos públicos reciben apenas tres mil por lo mismo: un ahorro de más del 50%.
En la cuenta global, dicen desde la Iglesia, las escuelas católicas le ahorran al Estado 19.735 millones de euros cada año, que es la cantidad que según sus cuentas le devuelven los centros religiosos cada año en forma de retorno de la inversión. Esto es: por cada euro invertido por la sociedad en un colegio católico, vuelven cuatro. De dónde sale esa cifra no está claro.
Por esta razón, la patronal de estos centros —y de toda la concertada en general— tiene como primera reivindicación la actualización de los módulos. Es el mismo argumento que utilizan para defender las cuotas (“voluntarias” siempre, según Escuelas Católicas, forzosas según han denunciado reiteradamente sindicatos y muchas familias) que piden los colegios concertados a las familias, para compensar la falta de financiación del ministerio, justifican.
