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El Tribunal Supremo admite el recurso climático de los ecologistas contra el Gobierno

El Tribunal Supremo admite el recurso climático de los ecologistas contra el Gobierno
Madrid —

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Madrid, 1 oct (EFE).- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por las organizaciones ecologistas contra el Ejecutivo por “acción insuficiente” ante el calentamiento global, y se abre así la puerta al primer litigio climático contra un Gobierno español.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón interpusieron el pasado 15 de septiembre un recurso contencioso-administrativo por “inactividad climática” admitido a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el Gobierno, que dispone ahora de 20 días para presentar toda la documentación relativa al proceso por el que se le demanda.

Tras ello, el Tribunal Supremo emplazará a las organizaciones para que presenten su demanda, en la que se expondrán los argumentos por los que consideran que el Gobierno está incurriendo en “una grave inactividad” frente al cambio climático.

En una nota, las organizaciones demandantes dicen hoy que las políticas del Gobierno continúan siendo “muy insuficientes para mitigar el cambio climático y salvaguardar un medio ambiente saludable en el que las generaciones presentes y futuras puedan vivir en condiciones dignas y saludables”.

“Recibimos con alegría (...) la admisión a trámite de este procedimiento”, ha afirmado la abogada demandante de las organizaciones, Lorena Ruiz-Huerta, tras manifestar su confianza en la justicia para que “se logre dar un paso más en la lucha común contra el cambio climático devastador. Nos va la vida en ello”, ha añadido.

“La preocupación por el cambio climático en nuestro país, uno de los más vulnerables a este fenómeno de toda Europa, trasciende nuestras fronteras, por lo que la noticia de la puesta en marcha de este litigio para pedir al Gobierno una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático ha sido recibida con ilusión y esperanza en foros internacionales de toda índole”.

El incumplimiento principal es que, diez meses después de que finalizara el plazo fijado por la UE, “el Gobierno continúa sin aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) que defina la hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, responsables del calentamiento global”, según los demandantes.

Las organizaciones denuncian además que en el borrador del PNIEC se prevé una reducción de tan solo el 23% de las emisiones en 2030 respecto a 1990, y la ELP plantea una descarbonización muy tardía, para 2050.

Consideran “muy lejos” de las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) esta reducción que, dicen, debería llevar al Estado a fijar una reducción de al menos el 55 % de las emisiones de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 1990 para mantener el objetivo del Acuerdo de París de no superar un aumento de la temperatura del planeta de 1,5 grados a final de siglo.

El anuncio de este proceso judicial se suma así a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa.

El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Gobierno por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.

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