Las eléctricas apuran hasta el último recurso para no pagar a los pueblos por ocupar el suelo con sus tendidos
“Lo recurren todo”. Es la estrategia que siguen las compañías eléctricas para evitar pagar a los pueblos por el vuelo de las instalaciones de alta y media tensión que atraviesan sus territorios, sobre todo Red Eléctrica de España, la que más kilómetros tiene. Unas tarifas que cada municipio puede reclamar mediante una ordenanza y la posterior liquidación en función del uso privativo del espacio público, según la ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004. Las eléctricas comenzaron recurriendo las ordenanzas y, tras varias sentencias del Tribunal Supremo a favor de los ayuntamientos desde finales de 2016, ahora recurren la liquidación, atrasando el pago en la mayoría de casos y, de paso, desincentivando a otros pequeños consistorios a exigir la tasa.
“Lo que pretenden es disuadir a los pequeños municipios, que no son un ayuntamiento grande y no tienen tantos recursos”, explica el asesor jurídico de la Federación Nacional de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses Javier Gonzalo. En la primera mitad de la década de los 2010 varios ayuntamientos redactaron una ordenanza para poder cobrar la tasa. Las eléctricas recurrieron y la justicia les dio la razón al considerar que la tarifa era desproporcionada. Entonces, Gonzalo Abogados elaboró, como exige la normativa, un informe técnico-económico que se incluyó en muchas de las nuevas ordenanzas –en total este despacho representa a cerca de 220 ayuntamientos– y que el Tribunal Supremo comenzó a respaldar en varias sentencias a finales de 2016. Otros lo han hecho de la mano de sus diputaciones, como en Lugo, donde 51 de los 67 ayuntamientos se unieron hace un año para iniciar los trámites. En España hay más de 8.000 ayuntamientos, pero esta tasa viene especialmente bien a aquellos más pequeños y con presupuestos más austeros. “Este año 2019 habrá una importante implantación de estas tasas, porque lo dice la ley”, se felicita el abogado.
Pero esas sentencias no han allanado del todo el camino en muchos municipios por los continuos recursos de las compañías y las discrepancias de los juzgados de lo contencioso-administrativo, que dan la razón a una u otra parte, haciendo que en muchos casos sean los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas o el Supremo quien tiene que decantar la balanza.
Mezquita de Jarque es un pequeño pueblo de apenas un centenar de habitantes, ubicado en la provincia de Teruel. Allí se encuentra la gran subestación centro de Red Eléctrica, de donde sale el cableado que zigzaguea el cielo del pueblo e inhabilita el suelo que cubre para otro usos. “Aquí hay muchas líneas, solamente cabe verlo”, dice su alcalde, el ahora diputado socialista Herminio Sancho. Así, tras una primera intentona fallida en 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) terminó dictando una sentencia favorable al ayuntamiento, que aprobó las primeras liquidaciones de la tasa en 2017, correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, que debían pagar varias compañías.
Todas recurrieron en reposición, es decir, ante el propio Ayuntamiento, que desestimó los recursos al considerar que la liquidación estaba bien hecha, según explica su secretario municipal. Finalmente, las pequeñas desisten en su negativa, pero Endesa y Red Eléctrica de España presentaron un recurso contencioso-administrativo. Y aquí llegan las contradicciones: el juzgado da la razón al Ayuntamiento ante Red Eléctrica, que recurre ante el TSJA, y se la quita ante Endesa, por lo que el consistorio hace lo propio. “Tenemos dos recursos ante el TSJA, uno porque lo recurrió el Ayuntamiento y otro porque lo recurrió Red Eléctrica, pero tenemos confianza en que los dos nos sean favorables”, indica.
Con todo, este pequeño municipio calcula que le correspondería recibir unos 160.000 euros al año –la mayor parte de Red Eléctrica, explican–. “Es peccata minuta para cualquier multinacional”, defiende su alcalde, mientras recuerda que ellos son la España vaciada y este ingreso “es mucho lo que supone”. “Queremos parar la sangría de la despoblación con fondos propios”, explica. “Para cultivar una parcela de Mezquita, tienes que pagar. Todo el mundo contribuye a la vida del pueblo, ¿por qué estos no?”, se pregunta Sancho antes de aclarar que no se oponen al desarrollo: “Claro que queremos que haya desarrollo, pero con un orden y desarrollando también la parte de donde nace ese desarrollo. No queremos cobrar más, queremos cobrar lo que tenemos. Nadie que tenga dos dedos de frente puede negar que tengamos razón”.
“Pagar dos veces por lo mismo”
Un portavoz de Endesa confirma que esta compañía recurre lo máximo posible. “Aunque no pagamos por la infraestructura, pagamos por el uso de la energía, por lo que entendemos que es pagar dos veces por lo mismo”, explican. Sí reconocen que hay cierta incertidumbre jurídica. “Tenemos varias sentencias favorables y varias desfavorables. Lo que queremos es que se clarifique. Lo que no podemos es pagar dos veces por lo mismo, aunque sean conceptos distintos”, añaden.
Red Eléctrica de España ha declinado responder a las preguntas de este medio acerca de los recursos que ha presentado sobre esta tasa, así como el importe total que supondría para la compañía, que en 2017 tuvo una cifra neta de negocio de 1.824 millones de euros. Ha afirmado, no obstante, que le gustaría “que hubiese una regulación que diera homogeneidad al proceso. Como un coste adicional al sistema, debería buscarse una solución que esté contemplada en la tarifa”. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), la patronal del sector, no se ha pronunciado sobre el tema.
Serradilla, en Cáceres, fue uno de los primeros pueblos en ganar a las eléctricas. Han cobrado, pero ya advierten en el horizonte un nuevo litigio. “En 2015 es Red Eléctrica la que llega hasta el Supremo con la ordenanza de Serradilla”, explica su secretario. “Tenemos que derogarla porque había errores en la casación y aprobar una segunda, que aunque también fue recurrida, el Supremo la consideró válida. Este proceso duró casi dos años y cuando nos llegó la sentencia fue en 2017, por lo que liquidamos de una vez los ejercicios 2015, 2016 y 2017 a Iberdrola”, continúa. La estrategia de esta compañía es pagar las liquidaciones y luego recurrirlas. “Nos tienen aburridos”, dice el secretario.
El alcalde de este pueblo de algo más de 1.500 habitantes, Francisco Javier Sánchez Vega (PSOE), explica que la tasa afecta también a las distribuidoras de gas. En su caso, Enagás no ha puesto ningún problema. Esta empresa paga unos 1.800 euros y la liquidación de Iberdrola asciende a 5.000. “Con 7.000 euros podemos contratar a un cuidador para la guardería municipal, organizar todas las actividades de un verano cultural, comprar y equipar un parque infantil, arreglar los baches de una avenida...”, enumera Sánchez Vega. Él considera que “estas grandes compañías tienen unos gabinetes jurídicos donde tienen trabajando a mucho personal y no se cansan. Una pyme no actuaría así, gastándose el dinero en abogados que sistemáticamente pierden las causas”.
Desde Iberdrola entienden que “se trata de una tasa que grava lo mismo que otra ya existente en el ámbito municipal, como es el paso por el terreno del término municipal” y que “el posible solapamiento de estas tasas no está aún resuelto por el Tribunal Supremo”. En cualquier caso, afirman que “todas las tasas de ocupación de dominio público que nos han reclamado han sido pagadas, independientemente de su impugnación”, que se lleva siempre a cabo.
“Ganan tiempo y a saber qué puede pasar”
En La Torre de Capdella (Lleida), donde gobierna el PSC con independientes, la secretaria municipal, Eulalia Mazarico, tiene una lista de recursos de Red Eléctrica y Endesa en diferentes instancias que suma 17 anotaciones, desde 2009 hasta una de marzo de este año ante el Supremo, que da la razón al consistorio. “Lo que hacen es un aval para salvarse de la responsabilidad. Nosotros les decimos que este año 2019 la tasa que corresponde por ocupación de dominio público asciende a 48.000 euros. Ellos dicen que no están de acuerdo, ponen el recurso y presentan un aval por ese dinero más el interés de demora, para que se vea que lo pueden pagar y que lo van a hacer”, explican desde el consistorio. ¿Por qué lo hacen? “Ganan tiempo y a saber lo que puede pasar. Lo que auguramos los juristas es que van a conseguir modificar el artículo 24 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, la que nos sirve para gestionar el presupuesto, los impuestos, las tasas...”, barrunta Mazarico.
En ayuntamientos más grandes, como el de Barcelona, también se va a aprobar una nueva ordenanza fiscal que grava las instalaciones de transporte de energía, que entrará en vigor en 2019. “También en nuestro caso Red Eléctrica ha presentado un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Durante este 2019 estamos elaborando el inventario de estas instalaciones y a finales de año tenemos previsto que se liquiden las tasas a las compañías afectadas”, indican desde este consistorio.
Un único pago que se reparta entre todos
El asunto de las tasas se abordó en la Comisión de expertos sobre la revisión del modelo de financiación local de 2017. “En España hay más de 8.000 municipios. Si cada uno establece una normativa distinta, los costes de cumplimiento serán muy altos, a lo que hay que añadir los de la probable litigiosidad en sitios donde la normativa se perciba como poco razonable. Lo que nosotros propusimos es establecer una tarifa nacional, de forma que cada empresa pague lo que le toca de una sola vez y con un criterio uniforme para toda España, y luego que los ingresos se repartan entre los ayuntamientos en función de algún indicador sensato”, explica el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y miembro de esta comisión, Ángel de la Fuente. Para él, “esto permitiría simplificar enormemente la recaudación y liquidación del impuesto sin que nadie pierda”.
En Arteixo (A Coruña), el concelleiro de Hacienda, José Baldomero Vázquez (PP) explica que para ellos “es un asunto zanjado, también por parte de Red Eléctrica”. “Es una de las cuatro que ha recurrido hasta el Supremo y es un asunto firme. Ellos han presentado un incidente y lo han perdido. Estamos en el envío de declaraciones. Efectuamos una liquidación y le decimos: me tienes que pagar esto”, explica. Ahora están pendientes de enviar las liquidaciones de 2015 -la primera que pueden enviar desde que comenzó el litigio-, 2016, 2017 y 2018. “Otra cosa es que nosotros enviemos una liquidación y ellos quieran reclamar”, reconoce. En cualquier caso, aclara que “ellos tendrán que reclamar en base a algo distinto, no de la cosa juzgada”. Pero no es algo que las compañías no hayan hecho ya. Lo explican desde Gonzalo Abogados: “Recurren las liquidaciones tributarias no por defectos de las propias liquidaciones, sino impugnando de nuevo, aún indirectamente, la misma Ordenanza Fiscal que ya obtuvo el aval del Supremo”.
Para los consistorios consultados, esta tasa se ha convertido casi en un símbolo, porque como explica Mazarico, “los ayuntamientos tienen la obligación de defender sus presupuestos”, aunque reconoce que no sabe “si todos tienen la capacidad económica o personal” para hacerlo. “Al principio los vecinos me decían: ¡Herminio, que son muy grandes!”, reconoce el regidor de Mezquita. Ahora que han empezado a cobrar de algunas compañías la cosa ha cambiado. “Lo hacemos con una creencia, así que la gente encantada. Y cuando se vieron ingresos...”.
