Las escuelas infantiles afrontan un curso de incertidumbre tras haber perdido el 17% de los alumnos por la pandemia

"Incertidumbre" es la palabra que más repiten los trabajadores de las escuelas infantiles privadas –la mitad del sector en España– de cara al comienzo de curso. Dentro de un panorama malo en general, el año pasado fue especialmente duro para estos centros, que vieron cómo perdían uno de cada seis alumnos ante el miedo de las familias a la COVID-19, el teletrabajo –que posibilitó a algunas madres y padres hacerse cargo de su hijo– o lo incierto de la situación laboral de los progenitores, muchos de ellos en ERTE, sin garantías de vuelta y por tanto cautos con sus gastos.

Miles de escuelas infantiles privadas no abrirán en septiembre por la COVID-19: "No hemos aguantado la caída de matrículas"

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Este septiembre, en esta especie de nueva normalidad en la que nos vamos instalando, la situación se va recuperando, pero todavía muy despacio. "Los datos de desempleo han mejorado este verano bastante, y eso puede ayudar a que haya familias que decidan en septiembre llevar a sus críos al centro de Educación Infantil", explica Pedro Ocaña, responsable del sector de educación privada de CCOO, "pero no creo que vaya a mejorar mucho en relación a los datos del año pasado".

El curso 2020-2021, el primero que comenzó ya en pandemia, fue devastador para el sector, según las patronales. Aunque no ofrecen datos específicos, las principales asociaciones de centros privados del país sostienen que uno de cada cinco cerró el año pasado, bien de manera temporal, bien definitiva. Esta caída en el total de escuelas infantiles no aparece reflejada en la estadística, aún provisional, del Ministerio de Educación, que refiere una pérdida del 2% de los centros (de 9.115 el curso anterior a 8.933 el pasado), aunque sí la de alumnado: de 469.758 alumnos matriculados en el 2019-2020 se pasó el año pasado a 390.425, un 16,9% menos.

El primer ciclo de la Educación Infantil, entre 0 y 3 años, es particular respecto a los demás. Al no ser obligatorio ni estar universalizado, como sí lo está el segundo (3-6), la oferta pública no cubre toda la demanda. Casi la mitad del sector son centros privados, pequeñas cooperativas en su mayoría, más caros que los estatales. "Hablamos de centros pequeñitos y mucha gente está tirando la toalla", ilustra Ignacio Grimá, presidente de la sectorial de Educación Infantil de la patronal ACADE, que advierte: "Tratamos de evidenciar a las administraciones que como te cargues la red privada te vas a encontrar con un problema a futuro". De los 390.425 alumnos del pasado curso, 209.588 van a centros públicos (un 53,6%) y 180.837 a privados (46,4%).

"Esperamos que la gente se acabe de animar"

La escuela infantil Okapi, en Madrid, refleja con precisión la situación de tantas otras. El año pasado estuvo a punto de cerrar, pero la generosidad de la propietaria del local les salvó, según contaba su director, Ariel Cannizzo. El año fue lento. Empezaron con 10 alumnos, dos tercios de su capacidad, y acabaron con 13. Es una muestra pequeña, pero perdió el 13,4% de su alumnado. Este curso también han empezado despacio. "Estamos con ocho chicos, pero esperamos que durante este primer trimestre la gente se acabe de animar", cuenta Cannizzo al otro lado del teléfono.

Este director relata un panorama que se repite allí donde no hay plazas públicas para todas las familias, que en mayor o menor proporción sucede por todo el país. "Hemos hablado con otras escuelas y padres y ha habido mucha gente pidiendo plaza en las públicas. Hemos tenido muchas prematriculaciones que se fueron diluyendo, gente que estaba en ERTE que luego se transformaban en ERE y lo dejaban", explica.

Grimá lo achaca a "un problema de desconfianza" relacionado con la pandemia, aunque cree que va a mejor. "Poco a poco las familias fueron confiando más, ahora la confianza ha vuelto porque han visto que más que un foco de contagio, por las medidas que se están tomando es un centro de control. Pero la situación económica de este país es la que es", concede.

El caso de Daniel y de Nuria responde a medias a esta situación, con la salvedad de que no es un problema económico sino de inseguridad. Tras ser una de tantas familias que el año pasado optaron por la prudencia, este tenían decidido llevar a su hija pequeña, de dos años, a la escuela infantil. Pero en el último momento surgieron las dudas. La niña tiene contacto habitual con su abuela, Nuria puede hacerse cargo de ella y han optado finalmente por quedarse en casa "por miedo a la COVID-19". Para "evitar riesgos", admiten. Nuria argumenta que "los niños están siempre en interiores, muy juntos, hay muchas babas, juguetes chupados por varios de ellos, si llegan a cerrar clases hay que hacerles PCR a niños tan pequeños...".

Más plazas públicas, menos centros privados

Cuando Grimá se refiere a "cargarse" la red privada, habla del compromiso del Gobierno de aumentar la oferta de plazas públicas en este ciclo. En total, el Ejecutivo tiene previsto crear 200.000 plazas durante la legislatura, de las que ya estarían en funcionamiento 60.000, según afirmó la ministra de Educación, Pilar Alegría, la semana pasada. Esta situación tiene al sector –feminizado y precarizado, con salarios solo ligeramente por encima del mínimo interprofesional– preocupado, desde las patronales hasta los sindicatos.

"Va a hacer mucho daño al sector privado si no se consigue que las administraciones establezcan convenios o conciertos con estos centros, que para mí sería la situación ideal", valora Jesús Pueyo, responsable del sindicato FSIE. "No entendemos que se quiera destruir una cantidad importante de empleo en unos centros que vienen dando un servicio importante durante años y ahora no se cuente con ellos en esta extensión de la educación 0-3, que por otra parte nos parece importante e interesante".

El razonamiento de Pueyo se repite con pequeños cambios. "Proponemos algún tipo de acuerdo o colaboración, como ayudas a las familias para que puedan elegir centro", explica Grimá, de la patronal y que gestiona cuatro centros. "Creemos en la eficiencia en el gasto público. Tratamos de evidenciar que nuestra labor no es solo de conciliación, también las ventajas en el desarrollo cognitivo, etc. Planteamos qué puede hacerse de colaboración para evitar que tantas mujeres se vayan al paro y tantos centros cierren, no tiene sentido cuando ya tienes la red privada".

Según los profesionales, el trasvase ya se está produciendo. No tanto en este caso por la creación de nuevas plazas como por la diferencia de que unas sean gratis y las otras no. Y la caída en las matriculaciones ha sido generalizada, lo cual ha abierto plazas en las escuelas públicas, normalmente saturadas. "Las familias se marchan a las públicas o a las públicas de gestión indirecta, la tendencia es muy clara", asegura Jesús Gualix, responsable de Enseñanza Privada de FeSP-UGT.

Las familias, fuera

Los protocolos COVID y el hecho de que en estas edades se recurra mucho a los abuelos, población especialmente vulnerable al coronavirus, tampoco han ayudado a las familias a decidirse a llevar a sus hijos a los centros. "Hemos hecho un periodo de adaptación", explica Cannizzo. "El primer día han entrado solo los nuevos, a los que más les costaba, y los que veíamos que les costaban todavía más han entrado los tres primeros días. Hemos hecho turnos y capeado un poco esa parte. Pero a partir de esta semana no entra nadie más en la escuela, solo entramos los profesores y los niños".

Y esto supone un problema para los niños en su adaptación a un entorno nuevo y sin la familia, pero también para las escuelas, que por ejemplo no pueden (en teoría) dejar entrar a las madres o padres. "Normalmente, las familias entran al aula, colocan su material, a su hijo, etc.", ilustra Diana Pérez, presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta de Madrid (AEIGI) y directora del centro Patas Arriba en Rivas. "Pero ahora lo hace una maestra, que tiene que recibir, colocar a los niños, el material, atender a los que están en adaptación...".

Además, el año pasado tuvieron personal de refuerzo, pero este ya no, lo cual pone en cuestión el mantenimiento de los grupos burbuja que debería haber. En la escuela de Pérez el pasado curso había refuerzo suficiente para tener a dos adultos por aula, cuenta. Este no han llegado. "En el horario extendido no puedo mantener el grupo burbuja como tal", cuenta la directora. "Tengo que crear nuevos grupos porque no puedo tener a un solo alumno en el aula para mantener su burbuja, el personal tiene el horario que tiene". Así que está obligada a mezclar diferentes grupos. "Te dejan para que te busques la vida, pero es tan vocacional que lo acabas haciendo para que funcione", cierra.

"Incertidumbre" es la palabra que más repiten los trabajadores de las escuelas infantiles privadas –la mitad del sector en España– de cara al comienzo de curso. Dentro de un panorama malo en general, el año pasado fue especialmente duro para estos centros, que vieron cómo perdían uno de cada seis alumnos ante el miedo de las familias a la COVID-19, el teletrabajo –que posibilitó a algunas madres y padres hacerse cargo de su hijo– o lo incierto de la situación laboral de los progenitores, muchos de ellos en ERTE, sin garantías de vuelta y por tanto cautos con sus gastos.

Miles de escuelas infantiles privadas no abrirán en septiembre por la COVID-19: "No hemos aguantado la caída de matrículas"

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Este septiembre, en esta especie de nueva normalidad en la que nos vamos instalando, la situación se va recuperando, pero todavía muy despacio. "Los datos de desempleo han mejorado este verano bastante, y eso puede ayudar a que haya familias que decidan en septiembre llevar a sus críos al centro de Educación Infantil", explica Pedro Ocaña, responsable del sector de educación privada de CCOO, "pero no creo que vaya a mejorar mucho en relación a los datos del año pasado".

El curso 2020-2021, el primero que comenzó ya en pandemia, fue devastador para el sector, según las patronales. Aunque no ofrecen datos específicos, las principales asociaciones de centros privados del país sostienen que uno de cada cinco cerró el año pasado, bien de manera temporal, bien definitiva. Esta caída en el total de escuelas infantiles no aparece reflejada en la estadística, aún provisional, del Ministerio de Educación, que refiere una pérdida del 2% de los centros (de 9.115 el curso anterior a 8.933 el pasado), aunque sí la de alumnado: de 469.758 alumnos matriculados en el 2019-2020 se pasó el año pasado a 390.425, un 16,9% menos.

El primer ciclo de la Educación Infantil, entre 0 y 3 años, es particular respecto a los demás. Al no ser obligatorio ni estar universalizado, como sí lo está el segundo (3-6), la oferta pública no cubre toda la demanda. Casi la mitad del sector son centros privados, pequeñas cooperativas en su mayoría, más caros que los estatales. "Hablamos de centros pequeñitos y mucha gente está tirando la toalla", ilustra Ignacio Grimá, presidente de la sectorial de Educación Infantil de la patronal ACADE, que advierte: "Tratamos de evidenciar a las administraciones que como te cargues la red privada te vas a encontrar con un problema a futuro". De los 390.425 alumnos del pasado curso, 209.588 van a centros públicos (un 53,6%) y 180.837 a privados (46,4%).

"Esperamos que la gente se acabe de animar"

La escuela infantil Okapi, en Madrid, refleja con precisión la situación de tantas otras. El año pasado estuvo a punto de cerrar, pero la generosidad de la propietaria del local les salvó, según contaba su director, Ariel Cannizzo. El año fue lento. Empezaron con 10 alumnos, dos tercios de su capacidad, y acabaron con 13. Es una muestra pequeña, pero perdió el 13,4% de su alumnado. Este curso también han empezado despacio. "Estamos con ocho chicos, pero esperamos que durante este primer trimestre la gente se acabe de animar", cuenta Cannizzo al otro lado del teléfono.

Este director relata un panorama que se repite allí donde no hay plazas públicas para todas las familias, que en mayor o menor proporción sucede por todo el país. "Hemos hablado con otras escuelas y padres y ha habido mucha gente pidiendo plaza en las públicas. Hemos tenido muchas prematriculaciones que se fueron diluyendo, gente que estaba en ERTE que luego se transformaban en ERE y lo dejaban", explica.

Grimá lo achaca a "un problema de desconfianza" relacionado con la pandemia, aunque cree que va a mejor. "Poco a poco las familias fueron confiando más, ahora la confianza ha vuelto porque han visto que más que un foco de contagio, por las medidas que se están tomando es un centro de control. Pero la situación económica de este país es la que es", concede.

El caso de Daniel y de Nuria responde a medias a esta situación, con la salvedad de que no es un problema económico sino de inseguridad. Tras ser una de tantas familias que el año pasado optaron por la prudencia, este tenían decidido llevar a su hija pequeña, de dos años, a la escuela infantil. Pero en el último momento surgieron las dudas. La niña tiene contacto habitual con su abuela, Nuria puede hacerse cargo de ella y han optado finalmente por quedarse en casa "por miedo a la COVID-19". Para "evitar riesgos", admiten. Nuria argumenta que "los niños están siempre en interiores, muy juntos, hay muchas babas, juguetes chupados por varios de ellos, si llegan a cerrar clases hay que hacerles PCR a niños tan pequeños...".

Más plazas públicas, menos centros privados

Cuando Grimá se refiere a "cargarse" la red privada, habla del compromiso del Gobierno de aumentar la oferta de plazas públicas en este ciclo. En total, el Ejecutivo tiene previsto crear 200.000 plazas durante la legislatura, de las que ya estarían en funcionamiento 60.000, según afirmó la ministra de Educación, Pilar Alegría, la semana pasada. Esta situación tiene al sector –feminizado y precarizado, con salarios solo ligeramente por encima del mínimo interprofesional– preocupado, desde las patronales hasta los sindicatos.

"Va a hacer mucho daño al sector privado si no se consigue que las administraciones establezcan convenios o conciertos con estos centros, que para mí sería la situación ideal", valora Jesús Pueyo, responsable del sindicato FSIE. "No entendemos que se quiera destruir una cantidad importante de empleo en unos centros que vienen dando un servicio importante durante años y ahora no se cuente con ellos en esta extensión de la educación 0-3, que por otra parte nos parece importante e interesante".

El razonamiento de Pueyo se repite con pequeños cambios. "Proponemos algún tipo de acuerdo o colaboración, como ayudas a las familias para que puedan elegir centro", explica Grimá, de la patronal y que gestiona cuatro centros. "Creemos en la eficiencia en el gasto público. Tratamos de evidenciar que nuestra labor no es solo de conciliación, también las ventajas en el desarrollo cognitivo, etc. Planteamos qué puede hacerse de colaboración para evitar que tantas mujeres se vayan al paro y tantos centros cierren, no tiene sentido cuando ya tienes la red privada".

Según los profesionales, el trasvase ya se está produciendo. No tanto en este caso por la creación de nuevas plazas como por la diferencia de que unas sean gratis y las otras no. Y la caída en las matriculaciones ha sido generalizada, lo cual ha abierto plazas en las escuelas públicas, normalmente saturadas. "Las familias se marchan a las públicas o a las públicas de gestión indirecta, la tendencia es muy clara", asegura Jesús Gualix, responsable de Enseñanza Privada de FeSP-UGT.

Las familias, fuera

Los protocolos COVID y el hecho de que en estas edades se recurra mucho a los abuelos, población especialmente vulnerable al coronavirus, tampoco han ayudado a las familias a decidirse a llevar a sus hijos a los centros. "Hemos hecho un periodo de adaptación", explica Cannizzo. "El primer día han entrado solo los nuevos, a los que más les costaba, y los que veíamos que les costaban todavía más han entrado los tres primeros días. Hemos hecho turnos y capeado un poco esa parte. Pero a partir de esta semana no entra nadie más en la escuela, solo entramos los profesores y los niños".

Y esto supone un problema para los niños en su adaptación a un entorno nuevo y sin la familia, pero también para las escuelas, que por ejemplo no pueden (en teoría) dejar entrar a las madres o padres. "Normalmente, las familias entran al aula, colocan su material, a su hijo, etc.", ilustra Diana Pérez, presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta de Madrid (AEIGI) y directora del centro Patas Arriba en Rivas. "Pero ahora lo hace una maestra, que tiene que recibir, colocar a los niños, el material, atender a los que están en adaptación...".

Además, el año pasado tuvieron personal de refuerzo, pero este ya no, lo cual pone en cuestión el mantenimiento de los grupos burbuja que debería haber. En la escuela de Pérez el pasado curso había refuerzo suficiente para tener a dos adultos por aula, cuenta. Este no han llegado. "En el horario extendido no puedo mantener el grupo burbuja como tal", cuenta la directora. "Tengo que crear nuevos grupos porque no puedo tener a un solo alumno en el aula para mantener su burbuja, el personal tiene el horario que tiene". Así que está obligada a mezclar diferentes grupos. "Te dejan para que te busques la vida, pero es tan vocacional que lo acabas haciendo para que funcione", cierra.

"Incertidumbre" es la palabra que más repiten los trabajadores de las escuelas infantiles privadas –la mitad del sector en España– de cara al comienzo de curso. Dentro de un panorama malo en general, el año pasado fue especialmente duro para estos centros, que vieron cómo perdían uno de cada seis alumnos ante el miedo de las familias a la COVID-19, el teletrabajo –que posibilitó a algunas madres y padres hacerse cargo de su hijo– o lo incierto de la situación laboral de los progenitores, muchos de ellos en ERTE, sin garantías de vuelta y por tanto cautos con sus gastos.

Miles de escuelas infantiles privadas no abrirán en septiembre por la COVID-19: "No hemos aguantado la caída de matrículas"

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Este septiembre, en esta especie de nueva normalidad en la que nos vamos instalando, la situación se va recuperando, pero todavía muy despacio. "Los datos de desempleo han mejorado este verano bastante, y eso puede ayudar a que haya familias que decidan en septiembre llevar a sus críos al centro de Educación Infantil", explica Pedro Ocaña, responsable del sector de educación privada de CCOO, "pero no creo que vaya a mejorar mucho en relación a los datos del año pasado".

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12 de septiembre de 2021 - 20:57 h