VÍDEO: Esperando el derribo en El Ventorro y sin derecho a una casa

Omar Boussikhan, de 42 años, se asoma a la puerta de su casa. A un lado, tras el río Manzaneres, tiene por vista una ladera con árboles plantados de manera ordenada y varias filas de adosados. Al otro, los cascotes, la basura y los restos de lo que un día fueron casas autofabricadas le recuerdan dónde vive: en El Ventorro, uno de los últimos barrios chabolistas de Madrid. Su casa está pendiente de derribo pero, al contrario que la mayoría de sus vecinos, no sabe qué hará cuando sus pertenencias se reduzcan a escombros. “Me dicen que no tengo derecho al realojo”, cuenta.

Omar aparece con un portafolios repleto de documentos. “Esto son las firmas de los vecinos, una carta del cura de la iglesia y las visitas del médico”, enumera. Pruebas, como las llama, de que lleva viviendo en El Ventorro desde 2002. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), fijó una serie de requisitos para realojar a las familias que habitan en poblados chabolistas en desmantelamiento. Una de ellas es el empadronamiento en la zona desde 2004.

El hombre dejó Tánger para unirse a su hermano, que ya vivía en este barrio marginal del distrito de Villaverde. Con el paso del tiempo, la familia de su hermano creció y tuvo que mudarse unos metros, a una casa propia. Desde el número 44 al 54 de su improvisada calle. “Llevo casi 14 años aquí”, dice mirando la fachada azul con los juguetes de sus sobrinos.

Sin embargo, el IRIS no reconoce su estancia en el poblado de forma ininterrumpida. Durante varios años estuvo trabajando durante la semana en Valencia y los fines de semana que podía regresaba a su casa. Pero insiste: “Siempre he vivido en El Ventorro”. Así lo recoge un documento del cambio de domicilio, el testimonio escrito del cura de una iglesia próxima y la firma de 96 vecinos del barrio.

En la misma situación están dos familiares de Adila (nombre ficticio), que pide mantener el anonimato para que en el trabajo no conozcan su vinculación con El Ventorro. “Es un barrio con mala fama, relacionado con problemas, pobreza”, dice. Su dos cuñadas, Hakima y Naima Chahboun, han recibido una negativa al realojo en sus respectivos informes.

Hakima vive con su hermano Ismael y se mudó hace unos años a su propia casa dentro del barrio para poder recibir un curso por correspondencia de auxilar de farmacia. “Aquí hay problemas para recibir el correo y tenía que recoger ella misma en persona los documentos del curso”, explica Adila. La familia cree que el cambio en el padrón (de la casa de su padre a la suya) puede ser el motivo por el que han rechazado una alternativa habitacional a los hermanos. “Pero llevan toda la vida aquí. Hakima estudió en la escuela de El Ventorro”, dice su hermana, que también reside en el poblado.

Naima ya frenó el desalojo de su casa en una ocasión, en 2013, con un bebé recién nacido que ahora mira a su alrededor con una sonrisa perenne en la cara. Piedras, electrodomésticos abandonados y multitud de objetos desperdigados por el suelo quedan a los pies de su padre, que sostiene a la niña en brazos.

La unión de Naima y su marido es lo que motivó que la familia no tenga derecho a una vivienda. La joven, que llegó a El Ventorro en 1996, tuvo que alquilar durante tres meses otra vivienda para la reagrupación de su marido. “El Ventorro no está considerado un buen lugar para vivir y no le iban a conceder la reagrupación si ponía que vivía aquí”, cuenta Adila. Sin embargo, los vecinos del poblado respaldan la versión de los afectados: siempre vivieron en el mismo barrio.

Prisas para desmantelar el poblado

Los afectados han intentado recurrir la decisión de la Comunidad de Madrid. De momento, sin éxito. Sus historias llegaron a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), desde donde sus activistas han intentado interceder por sus compatriotas ante la Administración. “Lo que hemos constatado es que hay unas prisas enormes para derribar. Eso es lo que quiere el Ayuntamiento”, dice El Yamani Eddoghmi, miembro de la asociación.

En 2008, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital firmaron un convenio para acabar con los asentamientos chabolistas en la capital, que en el caso de El Ventorro tiene que cumplirse en 2014. “El desalojo va dentro de las fechas fijadas en el calendario”, informan desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la región. Un portavoz asegura que el trabajo de los empleados del IRIS es “ejemplar”, con numerosas visitas al poblado.

El Yamani Eddoghmi denuncia muy poca intención de solucionar los casos de estas tres familias. “Hemos ido a hablar con el responsable de urbanismo y no nos ha ofrecido ninguna solución”, afirma. Según su testimonio y el de Adila, la única opción que les brindó fue el retorno a Marruecos. “Que nos vayamos a nuestro país”, recuerda indignada Adila.

Para Javier Rubio, abogado de los tres afectados, en las denegaciones hay más que una negativa a revisar sus expedientes. “Lo que hay es una práctica de la Administración tramposa, que perjudica a personas muy vulnerables y las deja en una situación de enorme indefensión”, resume. Según el letrado, los periodos para notificar y recurrir las decisiones de la Comunidad dificultan que estas personas solucionen sus casos: “Muchos no saben cómo funcionan estas cosas y hay que hacer un esfuerzo especial con ellos”.

Naima y Omar recibieron las órdenes de desalojo y derribo antes de la respuesta del IRIS sobre si serían o no realojados. “Cuando, según los tratados internacionales, no se puede echar a una persona del que ha sdo su hogar durante un periodo largo de tiempo sin que haya una alternativa habitacional”, apunta. Rubio pertenece al Centro de Asesoría y Estudios Sociales, desde donde estuvo en contacto con el caso de Mohamed Raji, que paró el desalojo de su casa en la Cañada Real mediante una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Desde la AMDH han pedido al consulado de Marruecos y a la Defensora del Pueblo que intente una solución por la vía institucional. La segunda se ha comprometido a investigar el caso, según el abogado. De momento, están pendientes los recursos de Naima y Omar, aunque la incertidumbre crece con el paso de los meses porque no tienen otro lugar en el que refugiarse. “Ojalá pudiesen pagarse un alquiler y irse a vivir dignamente”, dice Adila. Su esperanza: que la pequeña de Naima, de 18 meses, crezca lejos de la miseria de El Ventorro.