Fidere aún no ha pedido licencia para las “obras significativas” que esgrime para echar a siete familias

Al Ayuntamiento de Madrid no le consta que Fidere, sociedad del fondo buitre al que Ana Botella vendió 1.862 viviendas sociales en 2013 cuando era alcaldesa de Madrid, vaya a realizar reformas en siete viviendas de la calle Lope de Vega, pese a que es el argumento que ha utilizado para expulsar –sin posibilidad de retorno– a los inquilinos. Los vecinos tienen de plazo hasta este viernes para dejar las casas, como figura en el burofax que recibieron el pasado 13 de octubre.

Fuentes municipales han confirmado a eldiario.es que en el Ayuntamiento de Madrid no se registrado ninguna comunicación de que vayan a iniciarse las obras –en el caso de que sean cuestiones menores no se necesita una respuesta favorable de la administración para empezar– y tampoco ninguna solicitud de licencia, obligatoria en reformas de más calado que impliquen modificación de fachadas o se hagan en inmuebles especialmente protegidos.

Estos trámites están recogidos en la ordenanza de tramitación de licencias urbanísticas, que establece algunos supuestos en los que no es obligatorio ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento: “Sustitución de acabados interiores de una sola vivienda o local, como solados, alicatados, yesos y pinturas, así como la sustitución de instalaciones propias”. Ninguno de estos supuestos entrarían en la definición “obras significativas”, argumento que emplea Fidere para no renovar el contrato a los inquilinos. “Son obras que no requieren que alguien se vaya de su casa durante un tiempo muy largo”, interpretan desde el Ayuntamiento.

Este medio se ha puesto sin éxito en contacto con Fidere para conocer cuáles son las reformas previstas para estos pisos. Tras diez años viviendo allí, la empresa no da posibilidad a los vecinos de volver a las viviendas tras las supuestas obras. Ni siquiera cuando se hayan terminado. “Nos han dicho que no tenemos nada que hacer”, explica Alberto, uno de los inquilinos afectados. Vive con su pareja y con su hija de un año en una vivienda de 50 metros cuadrados.

Todas las casas afectadas por las reformas son de este tamaño. En ellas viven familias que fueron adjudicatarias de los pisos en 2006, cuando pertenecían a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Entonces, todos firmaron un contrato de diez años que daba derecho a alquiler con opción a compra, pero la venta de este inmueble y otras 18 promociones de pisos con fin social a Magic Real Estate Blackstone en 2013 truncó los planes. Ya no solo no pueden comprar la vivienda, sino que tienen que marcharse a la fuerza.

Cómo se tramitan las licencias

Fuentes municipales aclaran que en obras que exigen modificaciones estructurales de las viviendas o se hacen en inmuebles de especial protección el Ayuntamiento no solo tiene que conocer que esas reformas se van a llevar a cabo, sino que debe autorizarlas.

El plazo medio desde que se solicita hasta que el visto bueno es efectivo en el distrito centro –donde se ubica el bloque de pisos de Fidere– es de 25 semanas. “La media es un poco superior a otras zonas porque en este distrito hay muchos inmuebles protegidos y eso alarga los trámites si tiene que intervenir Patrimonio”, explican fuentes de Urbanismo del Ayuntamiento.

La tramitación se inicia con un formulario estandarizado –como en el caso de la comunicación previa– que se pasa a los servicios técnicos, acompañado de toda la documentación requerida (proyecto, empresa que lo lleva a cabo...). Estos servicios revisan los papeles, calculan las liquidaciones pertinentes y emiten un informe a partir del que se publica una propuesta de resolución de la licencia que puede ser o no favorable.

Tapar los agujeros antes de salir

Los vecinos afectados –siete de once que viven en el bloque y todos al corriente de los pagos– aseguran que Fidere los llamó uno por uno para recordarles, según cuenta uno de ellos a eldiario.es, que tenían que dejar los pisos antes del día 11. “Me llamaron de parte de Fidere y me preguntaron si habíamos recibido el burofax y si teníamos intención de irnos antes del viernes”, relata Alberto, que asegura que dijo a su interlocutor que iban a esperar las recomendaciones de su abogado –el mismo que lleva las querellas de los afectados por la operación de venta– antes de iniciar cualquier movimiento.

Alberto asegura que la empresa le comunicó que tenía que dejar la vivienda “como estaba cuando se la entregaron”. “Me dijeron que si habíamos puesto un cuadro teníamos que tapar el agujero y pintar”, narra. “Yo no sé para qué quieren que hagamos todo esto si después van a hacer obras”, argumenta Laura, otra afectada. Tiene dos hijos de dos años y un mes.

Sobre la fianza que depositaron al entrar a vivir hace una década, Fidere ha garantizado a los afectados que se la devolverá en dos o tres semanas, una vez comprobado que las instalaciones están en perfecto estado.

“Estaba nervioso y no les pregunté por las obras, que aún no nos han explicado en qué consisten y por qué obligan a que nos marchemos. Cuando le dije que de momento no nos íbamos, cortaron enseguida la conversación”, afirma Alberto, quien asegura que “la presión ha podido” con otro de sus vecinos. Ya ha empezado a empaquetar y se marchará en los próximos días.

“No hay justificación urgente para desahuciar”

Los vecinos se han reunido esta semana con la concejalía de distrito. “No parece que haya justificación urgente para desahuciar a las familias”, asegura Jorge García Castaño, concejal del Ayuntamiento de Madrid y responsable de la Junta Municipal del distrito centro. “En todo caso –añade– vamos a empezar a ver cuáles son las posibilidades jurídicas, compartir toda la información y ayudar a las familias en todo lo que podamos, institucionalmente”.

La misma empresa decidió el mes pasado no renovar el contrato, como ha ocurrido con estas siete familias, a Aranxta Mejías, la presidenta de la asociación de afectados por la venta de las viviendas. Fidere, en este caso, no explicaba el porqué de la decisión en el burofax que envió a la afectada. Esta situación contrasta con la de la mayoría de vecinos y vecinas, a los que Fidere ha renovado automáticamente los contratos.

El Ayuntamiento de Madrid ha pedido al juez que reabra, adhiriéndose a la solicitud de los afectados –cuya querella se sobreseyó en 2015–, la investigación por una operación de venta que ponen en entredicho varios organismos. El último, el Tribunal de Cuentas.