El grupo de Memoria de la Eurocámara respalda la querella argentina y rechaza las cartas de apoyo de los expresidentes a Martín Villa
Apoyo a la jueza de la querella argentina y rechazo a las cartas de apoyo de expresidentes del Gobierno y dirigentes políticos y sindicales a Rodolfo Martín Villa, exministro de la Transición investigado por delitos de lesa humanidad. Así es el comunicado difundido este jueves por el grupo de memoria del Parlamento Europeo, firmado por eurodiputados españoles del GUE, Renew, Verdes y No Inscritos.
Martín Villa ha presentado misivas de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en las que expresan su apoyo a quien tiene que declarar este jueves desde la embajada argentina de Madrid por “delitos de homicidio agravado” en un contexto de crímenes de lesa humanidad por sucesos como los de los Sanfermines de 1978 (un muerto, 150 heridos) o la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976 (5 muertos, más de 100 heridos), entre otros. Martín Villa ha hecho entrega de estas cartas a la jueza argentina.
En su carta, los eurodiputados afirman: “Habiendo tenido conocimiento de las cartas de apoyo recibidas por Rodolfo Martín Villa de ex dirigentes políticos españoles y ex líderes sindicales que han dirigido a la jueza Servini de Cubrini, queremos expresar el profundo rechazo que dicha actuación nos genera al tratarse de una injerencia política inaceptable en el marco de un proceso penal. Tratan de ejercer los firmantes y el imputado una presión política que violenta gravemente la independencia judicial en un momento procesal ciertamente importante, pues la Jueza Servini, una vez que tome declaración indagatoria a Martín Villa, deberá resolver sobre su procesamiento”.
Además, expresan su apoyo al proceso judicial: “Queremos asimismo expresar nuestro apoyo y adhesión a la denominada querella argentina estando convencidos, como ha sucedido hasta la fecha, que la Jueza Servini resolverá lo que proceda en Derecho siempre atendiendo a los reclamos de justicia que las víctimas, sus familiares y amplios sectores sociales del Estado español llevan demandando durante años y que se les niega sistemáticamente por parte de los Juzgados y Tribunales españoles”.
La carta está firmada por Miguel Urban (Anticapitalistas/GUE/NGL); Ernest Urtasun (Catalunya en Comú/Los Verdes/ALE); Jordi Sole (ERC/Los Verdes/ALE); Diana Riba (ERC/Los Verdes/ALE); Izaskun Bilbao (PNV/Renew Europe); Pernando Barrena (EH Bildu/GUE/NGL); Ana Miranda (portavoz del BNG/Los Verdes/ALE); Carles Puigdemont (Junts/NI); Toni Comín (NI); Clara Ponsatí (Junts, NI); Sira Rego (IU/GUE/NGL); Manu Pineda (IU/GUE/NGL); Maria Eugenia Rodriguez Palop (Podemos/GUE/NGL); Idoia Villanueva Ruiz (Podemos/ GUE/NGL). El PSOE, que forma parte del colectivo, no firma este comunicado.
“Que una jueza pueda tomarle declaración a un responsable de supuestas violaciones contra los Derechos Humanos debería ser la norma democrática y no una excepción que llega 45 años después del final de la dictadura y tras 10 años desde que se abrió la querella argentina de las víctimas del franquismo”, afirma Urbán: “Desde el grupo de trabajo de memoria democrática del Parlamento Europeo pedimos algo tan simple como que se cumpla el derecho internacional sobre los Derechos Humanos y las numerosas recomendaciones que diversos organismos internacionales, empezando por el propio Parlamento en Bruselas o la ONU, han hecho reiteradamente al Estado español para que las víctimas de la dictadura tengan acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación, y con ellas el resto de la sociedad española”.
En su comunicado, el grupo de memoria recuerda que el pasado 11 de diciembre de 2016, el pleno del Parlamento Europeo aprobó (456 votos a favor, 138 en contra y 104 abstenciones) el Informe Nagy sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015 que, en su apartado 63, insta a las siguientes actuaciones: “El Parlamento Europeo, considera imprescindible que todos los Estados miembros colaboren con las investigaciones judiciales nacionales o internacionales destinadas a esclarecer responsabilidades en este ámbito (memoria democrática) y a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unión por regímenes totalitarios; pide a los Estados miembros que prevean la formación necesaria para los profesionales de la justicia en este ámbito; pide a la Comisión Europea que realice una evaluación objetiva de la situación de estos procesos con vistas a promover la Memoria Democrática en todos los Estados miembros; alerta de que el incumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre memoria democrática y de los principios de jurisdicción universal vulnera principios básicos del Estado de Derecho”.
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