Igualdad pide al Poder Judicial que expediente al juez del exDAO por señalar “ventajas” de las mujeres al denunciar
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para pedirle que investigue y, en su caso, imponga un expediente disciplinario al juez David Maman Benchimol por sus declaraciones en las que afirma que las mujeres van “a la caza de la orden” de protección o que tienen “ventajas” para denunciar violencia machista. Sus palabras “resultan manifiestamente incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción al ordenamiento jurídico que rigen la función jurisdiccional”, esgrime en el escrito que la delegada Carmen Martínez Perza ha dirigido al organismo.
El ministerio considera que el magistrado, que se pronunció así en unas jornadas formativas organizadas por el Colegio de Abogados de Madrid el pasado 18 de febrero, puede inclurrir en una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley del Poder Judicial, que tipifica “el exceso o abuso de autoridad o de consideración respecto” de los profesionales de la Justicia. “Asimismo, las manifestaciones realizadas podrían encuadrarse en el incumplimiento del deber de abstención de prejuicios y de mantenimiento de la apariencia de imparcialidad exigible a todo miembro de la carrera judicial”, añade.
La carta también reclama al CGPJ que “valore el impacto” de las declaraciones del magistrado, que se encarga del caso de la denuncia por agresión sexual contra el exDAO de la Policía, José Ángel González, “en la garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, así como de las víctimas de violencias sexuales, conforme al ordenamiento jurídico nacional y los estándares internacionales aplicables”.
El juez asegura en su ponencia, que puede verse en un vídeo publicado por La Sexta, que “muchas de ellas [de las denuncias] se ve enseguida que no tienen demasiado sentido” porque intentan “forzar una vía” para obtener una orden de protección. “Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo, porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia...”, añade antes de calificar a “la mujer” de “enegima acérrima” de las custodias compartidas y de acusarla de instrumentalizar el proceso judicial para “lavar el coco” a sus hijos en contra del padre.
Martínez Perza, jueza de profesión, escribe en la carta que las afirmaciones de Maman Benchimol “no constituyen meras opiniones aisladas” sino que son parte de una serie de “prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos” que, a su juicio, tienen efectos: “Afectan directamente a la percepción de imparcialidad del órgano judicial y comprometen la confianza pública en la Administración de Justicia, especialmente en un ámbito tan sensible como la violencia de género”. El magistrado es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, uno de los 121 órganos de este tipo que hay en España, dedicados en exclussivo a la violencia machista.
El Ministerio de Igualdad enumera en su carta lo que a su juicio evidencian las palabras del juez: desde la “trivialización” de la violencia de género “y de los mecanismos de protección” a la “absoluta falta de perspectiva de género y la reproducción de estereotipos contrarios al principio de igualdad” de la Constitución. Además, señala la “asunción implícita” de teorías sin aval científico como el Síndrome de Alienación Parental, prohibido por ley, cuando el magistrado habla de que las madres “lavan el coco” a sus hijos, todo ello en procesos de violencia de género, que son los que lleva este juez.
También hace referencia en su escrito a la “falta de reconocimiento” de los menores de edad “como víctimas directas de la violencia de género, en contradicción con el marco normativo vigente” como lo reconocido en la Ley Integral contra la Violencia de Género. Maman Benchimol también se refirió a las mujeres trans como un “hombre con apariencia de mujer, un transexual”, ante lo que Igualdad le señala por reproducir “una actitud tránsfoba” al estar “negando o deslegitimando la identidad de género de las personas trans”, añade el texto.
La delegada define como “especialmente grave” la difusión de este tipo de afirmaciones en una jornada formativa “al contribuir a perpetuar prácticas contrarias a los estándares de protección de derechos humanos, pudiendo incidir negativamente en la actuación de otros operadores jurídicos y en la confianza de las víctimas en el sistema judicial”. Esto, prosigue, “puede constituir una forma de violencia institucional”.