Fue durante años el destino europeo favorito para quienes buscaban vientres de alquiler. Pero en medio de la invasión rusa que ha truncado los planes de un país entero y de los bombardeos que obligan a parir a centenares de mujeres en sótanos bunkerizados para resguardarse de las bombas, Ucrania se ha convertido ahora en un laberinto para decenas de parejas inmersas en procesos de gestación subrogada que viajaron allí para sortear las leyes españolas y hoy piden al Gobierno a través de los medios de comunicación que les facilite un itinerario seguro para recoger a los bebés que nacen en plena guerra. Se trata de una situación compleja, dado que lo que se reclama es auxiliar a quienes han recurrido a procedimientos prohibidos por las leyes españolas que, pese a ello, no han impedido inscribir a más 2.500 bebés concebidos bajo estas fórmulas como ciudadanos españoles a través de los consulados.

La gestación subrogada consiste en contratar a mujeres para que gesten bebés a cambio de una compensación económica y de que renuncien por escrito a sus derechos como madres. Se trata de un proceso plagado de implicaciones legales y éticas y para el que los aspirantes a padres suelen contratar los servicios de agencias intermediarias que se encargan de todos los trámites. Estas compañías, que esquivan la ley española contratando los procesos en países donde sí son legales, ofrecen distintos paquetes con diferentes precios según el lugar en el que se vaya a realizar y las prestaciones ofrecidas: intentos ilimitados, reinicio en caso de aborto, compensación si hay pérdida del útero, incluso posibilidad de elegir el sexo del bebé… 

La falta de regulación alienta el negocio de la gestación subrogada en España a través de empresas intermediarias

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¿Cómo funciona el proceso? 

“Cuando los clientes vienen a nosotros ya somos la última opción. Ya han probado de todo”, responde Juan (nombre ficticio), responsable Familiar de Gestlife, un bufete de abogados que opera desde España para coordinar todo el “viaje de la maternidad subrogada”, cuando una mujer de 35 años que no puede tener hijos llama para pedir información: “Cada pareja o cada persona tiene sus características y entendemos muy bien lo que significa esto. No existe una ley de gestación subrogada universal. Cada país tiene sus requisitos, sus características y depende mucho de cada persona o pareja, sus condiciones, dónde podemos derivarlo”.

Su función, dice, es evitar problemas legales a los clientes y conseguir que sean “padres de un niño o una niña sanos”. “Desde que firmas el contrato hasta que tienes a tu hijo en los brazos pasan entre 18, 22 o 24 meses más o menos. Eso es porque todo conlleva un control y una selección”, continúa: “Tardamos más o menos entre cuatro o cinco meses en la selección de la gestante”. Le hacen pruebas psicológicas y médicas. 

“No hay dinero que pueda pagar esto”

“El número de gestantes es muy limitado. No todo el mundo sirve para esto, ni está dispuesto a sufrir un embarazo y tener un parto, para que otros tengan un niño. En el fondo, si lo piensas seria y profundamente, no hay dinero que pueda pagar esto”, reconoce Gestlife en uno de sus folletos informativos en el que señala que se han multiplicado las peticiones pasando de unas 100 gestaciones al año en países como Ucrania a las 3.000 actuales. Asegura que sus compensaciones a las gestantes son un 40% superiores a las de otras compañías. 

En caso de ser necesario, también seleccionan a la donante de óvulos “en base a unos requisitos médicos importantes y también unas pruebas médicas y psicológicas”. En principio, los clientes solo tienen que acudir en dos ocasiones al país en el que se desarrolla el proceso: para dejar la muestra de semen y para recoger al bebé. 

“En el quinto día, que es cuando está en etapa del blastocisto, el embrión, realizamos una pequeña biopsia que denominamos diagnóstico genético preimplantacional. Analizamos los embriones y determinamos el sexo que tienen. Aquí es cuando se puede elegir el sexo, en caso de que haya embriones de ambos sexos”, explica sin rodeos al otro lado del teléfono. En España, la elección del sexo a través de técnicas de selección embrionaria esta prohibida y solo es posible con fines terapéuticos. “También miramos si existe posibilidad de alteración genética (...). A partir de ahí, una vez hacemos la transferencia del embrión al endometrio de la gestante, ya empezamos con las diversas analíticas, ecografías, etcétera, y vamos siguiendo ese proceso”, continúa.

“Los intentos serían dependiendo si son con tus óvulos o si son con óvulos de donante. Si son con tus óvulos sería un programa de intento por intento. Cada transferencia adicional en el caso de Ucrania, por ejemplo, serían 2.200 euros. Y si es con donante, podemos optar por un programa de creaciones y transferencias ilimitadas”, dice sobre las distintas opciones. Tras exponer todo un catálogo de países en los que, de una forma u otra, se podría llevar a cabo el proceso, concluye que EEUU o Ucrania son los más recomendables. Los precios oscilan entre los 150.000 euros en Estados Unidos y los 50.000 en Ucrania, que era hasta ahora el destino más económico. 

La Fiscalía se centra solo en una agencia

En España hay más de una decena de empresas intermediarias, pese a ser una práctica prohibida. Esas compañías están en el punto de mira del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que se comprometió en el acuerdo de coalición a “actuar” frente a “las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida”. La intención de la coalición es que el camino para perseguir a esas agencias se fije en la ley del aborto, según fuentes del Ministerio de Igualdad, un texto que figura en el plan normativo de este año. La fórmula ha de negociarse entre las partes del Ejecutivo.

Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene abierta desde el verano de 2019 una investigación centrada en la actividad de BioTexCom, una clínica ucraniana que cuenta con una filial en España y que ofrece algunos de los precios más bajos del mercado: 39.900 euros por un paquete denominado “estándar” que cubre intentos ilimitados hasta el nacimiento del bebé e incluye los gastos “extra” en caso de aborto involuntario después de la semana doce de gestación, entre otras prestaciones. La compañía, con un 99% de clientes extranjeros, también da la posibilidad de elegir el sexo del bebé en un paquete que cuesta 10.000 euros más. 

Esas diligencias, que siguen su curso más de dos años después, se abrieron a raíz de una denuncia del Ministerio de Justicia, que pidió indagar sobre la actividad de agencias que tienen relación con España y que ya estaban siendo investigadas en otros países por “actividades delictivas muy graves, como tráfico de menores, organización criminal o blanqueo de capitales”, según explicó la entonces titular de Justicia, Dolores Delgado, en una entrevista a elDiario.es. Aunque se refirió en ese momento a varias agencias, las pesquisas se han circunscrito hasta el momento a la citada compañía y en ningún caso se ha dirigido contra clientes de esta u otras agencias, confirman a este periódico fuentes de la investigación. 

Al Ministerio Público también llegó otra denuncia presentada por la Asociación l’Escola contra seis agencias que prestan estos servicios. La abogada Núria González no tiene constancia de que haya habido ningún avance más que su traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. “Vamos en contra de las agencias porque el artículo 221 del Código Penal claramente establece que todo el negocio de los vientres de alquiler es un delito, se haga en España o se haga en el extranjero. El artículo 221 se hizo para evitar el fraude cuando se pusieron de moda las adopciones internacionales. Se hizo un artículo muy específico para evitar que las entidades que se ocupaban de tramitar las adopciones internacionales tuvieran ánimo de lucro. Pero es perfectamente aplicable a los vientres de alquiler porque lo que hace es penar al que altera la filiación de un menor tanto en España como en el extranjero, haya pago o no lo haya”, explica González, que considera que al menos se podría investigar un “fraude fiscal” porque esas empresas se dedican a una actividad distinta a la que figura en el Registro Mercantil.

Agencias camufladas

“Las agencias lo que hacen, si lo hacen bien, es informar, formar, en algún caso intermediar; pero no hacen gestación subrogada aquí”, contrapone Ana Miramontes, del área jurídica de la asociación Son Nuestros Hijos, que aboga por la regulación de esta práctica. “Lo que no se va a poder es poner puertas al campo”, prosigue esta abogada que asegura que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apunta que “no puede cerrar las fronteras a la entrada de niños nacidos en el extranjero por este medio si son hijos de ciudadanos españoles”. “El hecho de que prohibiesen las agencias no eliminaría la gestación subrogada. Las familias seguirían buscando la manera de llegar y convertirse en padres y madres”, agrega Miramontes, que reclama una legislación que establezca condiciones y normas a esta práctica: “Lo que se puede y no se puede hacer”. 

El Registro Mercantil recoge la existencia de más de una decena de empresas dedicadas a esta actividad en España, según ha podido constatar elDiario.es. La mayoría de ellas fueron creadas a partir de 2013 y operan bajo epígrafes tan variopintos como “actividades jurídicas”, “agencias de publicidad” o “programas informáticos y programación web''. Es la forma de soslayar un trámite que evidenciaría que se dedican a una actividad ilegal en España aunque sí lo sea en otros países. 

“No hay ningún ánimo de ocultación. Es tan sencillo como que no existe un epígrafe dedicado a esta actividad en el Registro Mercantil”, afirma Santiago Agustín Ruiz, socio fundador de Interfertility, una agencia creada en 2013 y que está registrada con el epígrafe de “otras actividades de consultoría de gestión empresarial”. Otras compañías ni siquiera han presentado cuentas desde su constitución, lo que impide tener una panorámica global de este negocio al margen de la ley en España. 

Facturación de 400.000 euros por 100 clientes

Agustín Ruiz explica que su empresa tiene alrededor de un centenar de clientes cada año. “No es algo masivo, atendemos a entre ocho y diez familias cada mes”, afirma este psicólogo que es padre por el método convencional y que decidió entrar en el negocio tras hacer su tesis doctoral sobre parejas homosexuales con hijos. Su agencia facturó 410.327 euros en 2020, el último ejercicio presentado, y cuenta con seis empleados. Admite que es un proceso “muy caro” pero niega que esté acotado a personas con ingresos muy altos. “Es cierto que para muchas personas es la principal inversión de su vida, pero hay quien prefiere cumplir su deseo de ser padres y vivir siempre de alquiler”, sostiene. 

Durante los primeros años, Interfertility trabajó únicamente en Estados Unidos, considerado el país más seguro porque se emite un certificado de nacimiento, una sentencia judicial y un pasaporte estadounidense a nombre de los padres españoles, independientemente de la carga genética. Después empezaron a gestionar nacimientos en Canadá y, a continuación, en Ucrania, Georgia y México, que son destinos más baratos. En Estados Unidos el proceso supera los 100.000 euros, de los que la gestante cobra alrededor de 40.000, según las cifras aportadas por esta fuente. El resto se dedica a los gastos sanitarios derivados del embarazo, el parto y el postparto y a pagar a las empresas intermediarias. En Ucrania, donde los paquetes rondan los 40.000 euros, las mujeres cobran unos 15.000, siempre según la versión de Ruiz. 

Este empresario explica que, especialmente desde hace un año y medio, el negocio de los vientres de alquiler ha empezado a crecer mucho en México. “Hubo casos de negligencias, agencias que desaparecían de forma repentina y violaciones de los derechos de las mujeres gestantes y las familias, pero las cosas han empezado a cambiar”, dice Ruiz, que insiste en la importancia de que haya “un buen control” de todo el proceso. El pasado verano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que los estados regulen las condiciones económicas al determinar si una mujer puede cobrar por prestar su vientre o hacerlo de forma “altruista”, lo que puede alentar su legalización en más zonas del país. 

Según los casos analizados por elDiario.es, en España es habitual que personas que han pasado por la gestación subrogada entren en el negocio para asesorar a parejas en su misma situación. Es el caso de una de las agencias más potentes del sector atendiendo a su facturación: Surrobaby. La compañía, creada en julio de 2016, facturó 857.443 euros en 2018, de cuando son las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Ese año tuvo un beneficio de 350.607 euros, prácticamente similar a las ganancias del año anterior, que alcanzaron los 373.778 euros con una facturación que superó los 700.000 euros para una actividad al margen de la ley en nuestro país.

En su información mercantil aparece como coadministrador Antonio Pérez Martí, que es padre de dos niñas nacidas por gestación subrogada en 2010 y 2012. Los cofundadores son Javier Cantero, que fue padre por gestación subrogada en dos ocasiones (2010 y 2012) en EEUU y que contó su experiencia en el programa de Cuatro Conexión Samanta; y Alberto Díaz, que también fue padre de mellizos en 2015 a través de esta técnica en el país norteamericano. Un portavoz de la compañía declinó participar en este reportaje. Otras dos agencias tampoco respondieron a la petición de información de elDiario.es. 

El negocio de estas agencias viene facilitado por una instrucción de 2010 de la entonces Dirección General de los Registros y del Notariado que establece el procedimiento mediante el que se permite el registro de esos bebés y su acceso a la nacionalidad española y los derechos que comporta pese a ser una práctica prohibida en España. En virtud de esta instrucción se han registrado en la última década al menos 2.520 menores nacidos en vientres de alquiler en 16 países. La mayoría de ellos, un total de 1.252, en Estados Unidos. Los siguientes países son Ucrania (978), India (97), Canadá (63) o México (50). No obstante, el número puede ser mayor porque la información facilitada a través del Portal de Transparencia no incluye cifras de países como Georgia, que también son destino habitual de españoles que buscan un proceso de gestación subrogada. 

La ley de reproducción asistida considera “nulos de pleno derecho” los contratos de gestación subrogada —haya o no contraprestación económica— y atribuye la condición de madre a la mujer que da a luz al niño, aunque sí da la posibilidad a los padres biológicos de “reclamar” su paternidad si pueden acreditar que han aportado sus gametos. Esta última previsión legal es la que ha permitido la inscripción de los menores en el Registro Civil siempre que se cuente con una resolución judicial que determine la filiación del bebé —acreditando genéticamente la paternidad— y constate que se han garantizado los derechos de la gestante y del menor. 

Una instrucción de 2010 permite la inscripción

La denuncia de la abogada Nuria González también estaba dirigida contra los cónsules que han inscrito a niños procedentes de vientres de alquiler en virtud de esta instrucción. La letrada considera que debería anularse porque, a su juicio, contraviene una sentencia del Tribunal Supremo que, en 2014, dictaminó que esos contratos “fruto de la huida (...) del ordenamiento español” son “radicalmente nulos” y van en contra del “orden público internacional español”. No obstante, la resolución del Alto Tribunal reconoce que la ley permite al padre biológico reclamar la paternidad. “Es una instrucción que mañana se podría anular. Solo hace falta una voluntad política que no existe”, subraya. 

El proceso es algo más complejo en países que no emiten una sentencia judicial —o que al menos no es válida para la legislación española—. Es lo que ocurrió en Ucrania y que dejó a varias familias en un cierto limbo. La Dirección General de los Registros y el Notariado emitió en febrero de 2019 una instrucción que ampliaba los requisitos a la posibilidad de presentar una prueba de ADN que certificara la maternidad o paternidad de uno de los progenitores aunque no presentaran resolución judicial, pero fue inmediatamente anulada. La entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, dio marcha atrás inmediatamente al asegurar que no estaba enterada del cambio. “Hay países donde los niños vienen con sentencia, no con pruebas biológicas que se compran”, expresó ante las familias que protestaron contra su decisión de volver a la norma anterior. 

“En los países en los que no hay sentencia, los niños salen con documentación del país porque sino serían apátridas y se le dan papeles de viaje. Y una vez en España se va a determinar la filiación de ese niño en los tribunales”, afirma la abogada de Son Nuestros Hijos, que explica que los jueces españoles determinan la paternidad y después la madre comitente procede a adoptar a ese menor que en las leyes de Ucrania o Georgia. 

Un grupo de feministas impulsó una iniciativa en el marco del 40º Congreso del PSOE para anular la instrucción que ha facilitado inscribir a más de 2.500 niños en la última década y que se aprobó en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, su propuesta fracasó. En la dirección reconocían que era un tema delicado y que no hay ninguna previsión de modificarla. El Gobierno circunscribe su lucha contra los vientres de alquiler en España a la actuación contra las agencias, aunque su cumplimiento figura aún en el debe del Gobierno de coalición, y la Justicia, por su parte, ha desistido por el momento de investigar a esas empresas.