Uno de cada 5 niños de zonas urbanas argentinas sufre problemas de nutrición

El 19,5 % de los niños de las zonas urbanas de Argentina se vieron obligados a disminuir su consumo de alimentos en el último trimestre de 2015 y un 7,7 % experimentó situaciones de “hambre” en el mismo periodo, según un informe difundido hoy por la Universidad Católica Argentina (UCA).

“La infancia es una de las poblaciones más vulnerables a los ciclos económicos recesivos” porque estos no solo afectan a las estrategias de supervivencia de sus hogares, sino que además empobrecen “las estructuras de oportunidades” como consecuencia de una menor inversión de los Estados en derechos sociales, revela el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia.

Según la UCA, el contexto macroeconómico argentino a finales del pasado año se caracterizó por un elevado déficit fiscal, una economía con indicadores claros de estancamiento, falta de inversiones, escasa capacidad de crear nuevos empleos e inflación creciente, además de una situación de “indigencia económica sostenida”.

A esto se suma que tal y como reveló la universidad el pasado 11 de agosto, “muy rápidamente” pueden sumarse “miles de nuevos pobres” al “millón” que ya apareció en los primeros cuatro meses del año, tras la llegada de Mauricio Macri al poder, si “las medidas de protección social tardan más de lo previsto, resultan débiles o no llegan”.

El estudio presentado hoy, realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina y centrado en el impacto de esta situación en la infancia, establece que entre 2010 y 2015, la inseguridad alimentaria total (reducción del consumo de comida) para los menores de edad cayó un 2,3 %, mientras que la severa descendió tres puntos.

Asimismo, denuncia las “brechas de desigualdad social” que existen entre menores de edad de diferentes recursos, ya que mientras que el 2,8 % de quienes pertenecen a un estrato medio alto sufre estas carencias alimentarias, en el caso de quienes se ubican en uno “muy bajo”, la cifra asciende al 42,3 %, diferencias que se mantuvieron estables durante los últimos seis años.

El estudio revela que el 23 % de los adolescentes se encuentra en situación de déficit educativo -es decir, que no asiste a clase o lo hace con más edad de la que le corresponde-, dato que aumenta hasta el 40 % en el estrato social muy bajo.

Asimismo, advierte sobre la necesidad de que exista un “clima de estimulación ambiental” en los hogares de niños menores de 12 años, es decir, que no deban compartir cama, que tengan libros en casa, que puedan celebrar sus cumpleaños, que les lean cuentos -algo que no ocurre en un 43 % de los casos-, y que no sufran maltrato.

En el caso de este último, en 2015, los menores de edad de centros urbanos del país lo experimentan más desde el punto de vista físico (19,9 %) que verbal (5,7 %).

Por otro lado, en 2015, la mitad de la infancia urbana del país austral vivía en un medio de vida insalubre, tanto por problemas de contaminación ambiental como por la cercanía de fábricas o basurales.

En ese sentido, el Barómetro advierte que el problema con mayor incidencia es el de las plagas, ya que su incidencia creció un 4,2 en los últimos cinco años y en 2015 afectaba al 34,9 % de los menores de edad.

“Estando cerca del cumplimiento de algunas metas básicas de relevancia inmediata”, como la reducción de la mortalidad infantil o la educación primaria completa, todavía existe una “distancia significativa” respecto a los umbrales básicos de derechos en el ámbito del ambiente de vida y de otros recursos esenciales para el desarrollo humano de los más pequeños, dice la UCA en su informe.

Además, advierte que las crisis socioeconómicas inciden en “aspectos esenciales” para su vida, como el acceso a los alimentos, y en el ejercicio de “capacidades cruciales para el desarrollo humano”, como son el acceso a la salud y a una educación de calidad.

“Cuando se experimentan graves privaciones físicas y emocionales durante la infancia y adolescencia, no se favorece el desarrollo del máximo potencial del niño”, por lo que en la actual coyuntura es “fundamental” implementar “políticas públicas protectoras” de la infancia.

El informe se basó en la Encuesta sobre la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada entre 2010 y 2015 a entre 4.600 y 6.000 menores de edad cada año que residen en aglomerados urbanos de más de 80.000 habitantes.