Los obispos consideran normal que el Arzobispado de Madrid pague a Rouco un ático de más de medio millón de euros
“Una diócesis tiene la obligación de sostener a sus obispos eméritos, y buscar la manera de ofrecer un lugar necesario y digno para que pueda seguir manteniendo una presencia en esa diócesis”. El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha respondido de este modo a la cuestión del famoso ático que la diócesis ha pagado al cardenal Rouco Varela, y cuya reforma superó el medio millón de euros.
“Yo no tengo los datos, lo único que puedo decir es que hay una obligación hacia alguien a quien no se puede juzgar por esas cuestiones”, ha apuntado el portavoz episcopal, quien ha querido resaltar que “un pontificado como el del cardenal Rouco exige una mayor distancia para reconocer su figura”.
El secretario general de la CEE hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa conclusiva de la Comisión Permanente del Episcopado. En el turno de preguntas, Gil Tamayo ha sido duramente cuestionado por la reforma de la ley del aborto. En este sentido, el portavoz incidió en que “para nosotros toda ley del aborto es injusta”. “No se puede legitimar la muerte de un inocente”, proclamó el sacerdote, quien lamentó que no se hubiera seguido la línea de la reforma Gallardón. A su vez, denunció “la consideración del aborto como un derecho”. “El derecho a la vida es un derecho fundamental. Si parcializamos el derecho a la vida, entramos en un camino de inhumanidad”.
Respecto a la aprobación del nuevo currículo de la asignatura de Religión, que incluye los rezos en Primaria y evita temas polémicos, como el aborto o la eutanasia, Gil Tamayo ha subrayado que la Iglesia no está “satisfecha” por el desarrollo de la asignatura en la LOMCE: “El tratamiento es insuficiente, porque no desarrolla completamente el derecho de los padre a educar a sus hijos”.
En este sentido, el portavoz ha dencu que en España “existe un mapa absolutamente dispar en las comunidades autónomas acerca del tratamiento en cuanto al horario. En algunas tenemos tres cuartos de hora, en otras hasta dos horas”, y subrayó que “lo pactado es que haya oferta obligatoria y elección libre. Este es un referéndum que la Iglesia católica afronta cada año, más de 70% de los padres eligen para sus hijos cada año”.
La disminución de horas en la clase de Religión supone, en opinión del secretario general de la CEE, “una reducción de puestos laborales, en su inmensa mayoría padres y madres de familia, laicos... que han hecho de esto un medio de vida”.
Respecto a las oraciones, Gil Tamayo ha recordado que “quienes van a la clase de Religión lo hacen libremente. La ERE no es obligatoria para todos. Va el que quiere. El que lo ha elegido, entra en ese espacio”. Para el portavoz, “el espacio público no puede ser un espacio aséptico, donde haya que ponerse una bata verde. Plantear y limitar el espacio público es una cuestión ideológica. Las sociedades libres y democráticas ordenamos nuestra convivencia”.
“Lo que yo no puedo hacer -ha añadido- es una clase de fundamentalismo. Lo que no podemos poner bajo sospecha es la religión. Estudiemos nuestra propia historia: no nos entenderíamos como pueblo”. “Todo esto es coyuntural, la Iglesia lleva dos mil años. La Iglesia no quiere una sociedad confesional, donde nadie pueda ser obligado a ejercitarla, de manera ordenada”.
La pobreza es una “realidad social”
La CEE ha anunciado el estudio de un informe sobre la Iglesia y los pobres. Para Gil Tamayo, “la Iglesia no quiere ser un profeta de catástrofes ni dar una visión negativa. Al contrario, quiere ser constructor de una sociedad más libre y democrática, con una justicia social para todos, desde el compromiso que lleva consigo la fe y la evangelización”.
En cuanto al texto sobre la pobreza, el portavoz ha incidido en que “trata de la realidad social española en estos momentos, con una mirad especial al universo de la pobreza, la desigualdad y las antiguas y nuevas pobrezas que lastran nuestra sociedad”.
“Nuevos pobres y nuevas pobrezas, la corrupción como mal moral, las raíces éticas y económicas de la crisis, la superación de la cultura de lo inmediato y el utilitarismo o un modelo centrado en la lógica del mercado sin más, que hay que superar”, son algunos de los temas que abordará este documento“, según José María Gil, que ha apostado por ”un trabajo digno, duradero, estable“, la defensa de los derechos ”y la promoción de los deberes“ y la apuesta por ”una sociedad civil fuerte en nuestro país“, para ”un estado de bienestar al que tengan acceso todos“.
Respecto a la polémica por los casos de abusos sexuales, se ha centrado en repetir que hay “tolerancia cero, y por supuesto, cercanía y acompañamiento con la persona que ha sufrido ese pecado, ese delito”.
