Varias ONG denuncian el riesgo de la externalización de fronteras para el derecho de asilo

Madrid, 17 dic (EFE).- Las entidades sociales y humanitarias que realizan el seguimiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo han alertado este miércoles de los riesgos de la externalización de fronteras y su impacto en derechos y garantías fundamentales, como la solicitud de asilo o la protección frente a devoluciones.

En un comunicado con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes que se celebra mañana, 18 organizaciones han denunciado que las medidas que se están adoptando en torno a la implementación del Pacto “menoscaban gravemente derechos y garantías consolidadas en el Derecho internacional, el acervo europeo y las legislaciones nacionales”.

Señalan que debilitan garantías fundamentales como el derecho a solicitar asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a una defensa jurídica efectiva, el derecho a la información, la protección al derecho a la salud integral de las personas o la atención específica a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Estas 18 entidades han dirigido una carta al Gobierno para expresar sus principales preocupaciones sobre las propuestas actualmente bajo debate, entre las que se encuentra el modelo de externalización del control migratorio hacia terceros países, sin garantías del cumplimiento de los derechos humanos.

“El refuerzo del concepto de 'tercer país seguro', que permite a los Estados de la UE rechazar una solicitud de asilo como inadmisible si se considera que la persona podía haber solicitado protección internacional en un tercer país, contraviene la práctica general del derecho internacional sobre personas refugiadas, y permite expulsar a personas que solicitan asilo a países donde no tienen ninguna relación, por la fuerza y sin posibilidad de recurrir la decisión”, advierten.

Además, alertan de que en la lista de países seguros en los que se delega la identificación y detención de las personas migrantes se incluyen algunos que han sido denunciados en múltiples ocasiones por violación de derechos humanos y libertades fundamentales.

Con respecto al impacto en la infancia migrante y solicitante de protección internacional, la aplicación de estos conceptos es especialmente preocupante y podría ir en contra del interés superior de la infancia.

Y advierten sobre el refuerzo de los procedimientos de control, identificación y evaluación rápida de nacionales de terceros países en frontera (triaje) y el uso intensivo de datos biométricos, que pueden aumentar la criminalización y el racismo institucional.

También cuestionan la llamada 'solidaridad flexible' -un acuerdo que permite a los Estados miembro financiar proyectos en terceros países destinados al control migratorio, como alternativa a la reubicación de las personas con necesidad de protección en la UE-, y señalan que no puede sustituir a un verdadero sistema de solidaridad y acogida y se debe garantizar un reparto equitativo de la responsabilidad de acoger de forma justa y digna a las personas solicitantes de protección internacional en UE.

Las ONG destacan, por otra parte, la importancia de la negativa del Gobierno español respecto al Reglamento de Retorno de la UE, debatido a principios de diciembre, en el que se propone acelerar y simplificar los procedimientos para el retorno de las personas en situación irregular en los Estados miembros, permitiendo el establecimiento de centros de deportación en terceros países.

No obstante, se muestran preocupados por informaciones sobre la participación de la agencia de cooperación española FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas) en la construcción de dos centros temporales de recepción para extranjeros en Mauritania, en los que se podrá privar de libertad también a menores de edad, así como ante el aumento de recursos para la transferencia de inteligencia, equipamiento policial y vigilancia fronteriza hacia los países africanos para el control migratorio.

Entre las entidades firmantes figuran Amnistía Internacional, la Comisión española de Ayuda al Refugiado, Médicos Sin Fronteras, la Asociación Rumiñahui, CONVIVE - Fundación Cepaim, Iridia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Novact, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Red Acoge, el Servicio Jesuita a Migrantes, Save the Children, la Federación Sur Acoge, la Fundación Alboan, la Fundación Entreculturas, Movimiento por la Paz, Salud por Derecho o la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España.