Las políticas de Trump contradicen su intención de abordar la crisis de adicción a los opiáceos
El pasado 10 de agosto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que iba a declarar el estado de emergencia nacional para ganar la batalla contra la adicción a los opiáceos que sufre el país. Sin embargo, una semana después del anuncio la Casa Blanca aún no ha especificado en qué consistirá el plan de emergencia, ni con qué recursos se contará para hacer frente al problema.
Hasta ahora Trump había hecho caso omiso de las advertencias de los expertos e incluso el pasado martes su secretario de Salud y Asuntos Sociales, Tom Price, aseguró que el presidente no declararía el estado de emergencia, a pesar de que una comisión creada por el propio presidente le recomendó explícitamente que lo hiciera.
Aún así, el mandatario cambió de idea tan solo dos días después de la declaración de Price y aseguró ante un grupo de periodistas que “la crisis de los opiáceos es una emergencia. Y estoy diciendo oficialmente que es una emergencia”. El presidente aseguró que tiene planeado dedicar tiempo y recursos para resolver el problema, pero la Casa Blanca aún no ha comunicado oficialmente la decisión, ni ha explicado cómo se llevará a cabo.
En cualquier caso, más allá de que la declaración del estado de emergencia se haga efectiva o no, la realidad es que las acciones del presidente Trump no han ido encaminadas precisamente a resolver el problema.
Recortes en los programas de salud pública
La comunidad científico-médica lleva meses alertando a Trump de que el país se encuentra ante un serio problema de salud pública, que se ha cobrado más de 180.000 víctimas mortales en los últimos 15 años, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y que, según un informe elaborado por la comisión gubernamental, ha provocado mas muertes “que los homicidios con armas de fuego y los accidentes automovilísticos juntos”.
Entre las recomendaciones contenidas en dicho documento está el impulso y la mejora del acceso a tratamientos de desintoxicación y una mayor implicación de los Institutos Nacionales de Salud y del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Sin embargo, Trump ha recomendado en varias ocasiones recortar los presupuestos de ambas instituciones.
Otra de las propuestas de la comisión es la de ampliar las instalaciones que estarían cubiertas por el programa Medicaid, que permite pagar los gastos médicos a personas con pocos recursos. El informe incide en el papel crucial que desempeña este programa en el tratamiento de la crisis de los opiáceos y el potencial que tiene para combatirla. Sin embargo, de nuevo esta petición se estrella contra Trump, cuyo principal objetivo es tumbar el programa de asistencia sanitaria impulsado por Obama y conocido popularmente como Obamacare, y desmantelar el programa Medicaid.
Penas más duras para los delitos de drogas
Las únicas medidas que parece haber tomado Trump son las orientadas a aplicar mano dura a los delitos relacionados con las drogas. El presidente señalaba el pasado martes que “a finales de 2016, hubo un 23% menos procesamientos federales que en 2011” y que “la sentencia promedio para un delincuente por drogas disminuyó un 20% entre 2009 y 2016”, para concluir afirmando que eso no pasaría durante su mandato.
En este sentido, el Fiscal General, Jeff Sessions ya ha dado instrucciones al resto de los fiscales del país para que presenten cargos que den lugar a las máximas penas de prisión posibles y ha revocado las directrices anteriores que habían sido diseñadas para evitar penas excesivamente duras en los casos de delitos no violentos. Ambas acciones aumentarán con toda seguridad el número de presos que entran y salen de la cárcel sin recibir tratamiento alguno.
El origen del problema está en las consultas médicas
Además de pretender reducir los fondos de las principales instituciones y programas médicos y de aumentar la presión policial y judicial, Trump también ha enfatizado la necesidad de crear campañas para los jóvenes en las que se recuerda que las drogas no son buenas. Una medida que carece de sentido en la actual crisis, que muchos expertos han ligado al exceso de prescripciones médicas de los opiáceos.
De hecho, el propio informe de la comisión apunta en este sentido, señalando que el número de prescripciones de opiáceos para el tratamiento del dolor se ha cuadruplicado en el mismo período en que las sobredosis se han disparado y que aunque algunas de esas recetas pueden haber sido fraudulentas, la gran mayoría no lo fueron. “Esta crisis no suele comenzar en las esquinas, sino que empieza en los consultorios médicos y en los hospitales”, sentencia el informe.
¿Qué significa declarar el estado de emergencia?
Esencialmente la declaración del estado de emergencia implica el reconocimiento de la gravedad de un problema a nivel nacional, con lo que los gobiernos locales estarán más predispuestos asignar recursos extraordinarios para abordar la crisis. “Significa que cada departamento de salud estatal, el gobierno local y el gobierno federal deben tratar esto como la máxima prioridad”, explicó a la CNN el profesor de epidemiología en la Universidad de Columbia, Guohua Li.
Existen varios procedimientos legales que permiten al presidente o al secretario de Salud y Asuntos Sociales emitir una declaración de emergencia, ya sea a través de la Ley del Servicio de Salud Pública o mediante la Ley Stafford. Sin embargo, este tipo de acciones generalmente están reservadas a crisis que tienen ámbitos claramente definidos, como desastres naturales o brotes de enfermedades.
