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ENTREVISTA MINISTRA DE JUSTICIA

Pilar Llop: “El sistema judicial es poco empático con las víctimas y tenemos que intentar hacerlo lo más amable posible”

La ministra de Justicia, Pilar Llop (Madrid, 1973) es magistrada y se especializó durante su carrera judicial en violencia machista y perspectiva de género. Esa especialización le ha acompañado después en su andadura política. Llop ha sido diputada de la Asamblea de Madrid, presidenta del Senado, y Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Ya como ministra, remarca el esfuerzo por formar a todos los operadores jurídicos en esa perspectiva de género y construir un sistema que comprenda el fenómeno de las violencias machistas. Llop alerta del contexto político y social actual, “donde el negacionismo se ha instalado con unos mensajes simplistas y populistas que banalizan y ridiculizan” todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y “rebajan tanto el nivel de debate que ponen en riesgo nuestros derechos”.

Hace unos días, el INE publicaba los últimos datos de violencia machista, que beben de los registros del Ministerio de Justicia. Las mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de protección o alguna medida cautelar de protección crecieron en 2021 un 3,2% respecto al año anterior, el año de la pandemia. Sin embargo, el aumento más llamativo es el que se produce entre las menores de 18 años: crecen hasta un 28,6%. Los denunciados de esa edad, suben un 70%. ¿A qué puede deberse este aumento tan abultado?

Es llamativo porque precisamente son mujeres que se han desarrollado y han crecido con la vigencia de la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004. Cuando España aprueba esta ley se produce un cambio de mentalidad total en nuestra sociedad, se considera que los delitos de violencia de género son auténticas violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, y no únicamente un asunto privado que ocurría en el interior de un hogar y que no tenía que ser denunciado públicamente. Ahora ya hay una enorme intolerancia por parte de la sociedad hacia la violencia de género. Pero todavía vivimos en una sociedad muy machista, muy patriarcal, donde los prejuicios y los estereotipos machistas se reproducen constantemente en nuestra vida cotidiana. Es evidente que tenemos que insistir en la sensibilización, en el conocimiento del fenómeno, seguir combatiendo los estereotipos y los prejuicios machistas desde la raíz. Hay que erradicar el machismo y eso se hace, por ejemplo, con leyes como la Ley de Libertad Sexual, que produce un cambio para que no se presuma el consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales. Seguir también insistiendo en el respeto, en la educación desde edades muy tempranas, en que nadie es más que nadie y en que nadie puede hacer con otra persona lo que le dé la gana.

¿Hasta qué punto es un mal dato? ¿Sería posible que esas generaciones estén precisamente más alerta y realmente estén denunciando más, algo que antes quizá no sucedía?

Claro, siempre que hay un aumento de denuncias, incluso también en delitos contra la libertad sexual fuera del ámbito de la pareja o la ex pareja, debe valorarse positivamente en el sentido de que, seguramente no es que haya más violencia, sino que lo que está pasando es que aflora esa violencia, esa bolsa oculta de violencia que no afloraba con anterioridad. ¿Por qué? Porque las mujeres están confiando más en las instituciones, en el sistema, porque estén buscando esa salida, esos recursos, porque saben que hay organizaciones de mujeres, asociaciones, que no las van a dejar solas y que están ahí para ayudarlas a salir de esos entornos violentos que nadie, ninguna mujer tiene que tolerar.

Siempre puede haber fallos en cualquier servicio público y en cualquier recurso de ayuda, pero se están haciendo grandes esfuerzos, y las víctimas tienen que confiar en el sistema. La denuncia es muy importante: hoy por hoy únicamente la denuncia es lo que permite que las mujeres puedan tener una orden de protección o una medida cautelar.

Anima a las mujeres a denunciar y confiar en el sistema. Sin embargo, los datos y las historias de muchas mujeres siguen mostrando que la desconfianza y el miedo al proceso, a la revictimización o la falta de apoyo sigue existiendo. ¿Qué medidas hay en marcha para evitar que esto suceda?

El Ministerio se está encargando de la formación tanto de forenses como de letrados y letradas de la Administración de Justicia, como también de integrantes del Ministerio Fiscal. Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial está haciendo grandes esfuerzos en materia de formación especializada de jueces y juezas, aparte de la creación de unidades judiciales especializadas, pero también de especialización de juzgados que se está haciendo en algunas provincias para aprovechar todos los recursos que se tienen y evitar que las víctimas no sean atendidas por recursos especializados. El Consejo General de la Abogacía Española también está involucrándose en la formación de los abogados y abogadas, y el Consejo de la Procura, para que los procuradores y procuradoras hagan los acompañamientos procesales a las víctimas de violencia. Pero tenemos que tener una cosa clara: el sistema judicial es poco empático con las víctimas y tenemos que intentar hacerlo lo más amable posible. Eso se consigue a través de la formación y de la comprensión por parte de quienes actúan en los procedimientos de cómo funciona el ciclo de la violencia, de que cuando una víctima va a denunciar y luego se retracta y luego vuelve otra vez a denunciar es una actitud normal cuando hablamos de delitos de violencia de género. La formación tiene que ser continua y constante, porque constantemente nuevos integrantes profesionales están accediendo a al sistema que trata con las víctimas.

También la formación de los equipos psicosociales. Quienes hacen los informes deben saber, por ejemplo, que cuando hay menores no se puede aplicar de ninguna manera el síndrome de alienación parental, aunque se llame de muchas otras maneras.

Una violencia que sigue muy presente es la vicaria. El último caso es el del padre de Sueca que mató a su hijo de 11 años. La investigación reveló una descoordinación entre juzgados: el de Familia, que avaló la custodia compartida, no supo que otro juzgado había condenado al hombre por violencia machista y que tenía una orden de alejamiento. ¿Ha tomado alguna medida para para evitar que un caso así se repita, para garantizar que haya coordinación entre los juzgados?

Cuando suceden hechos de estas características suelen ser por varios factores, por eso es importante que se analice exactamente qué es lo que ha ocurrido en ese caso. Tenemos que mejorar en materia de coordinación y precisamente por eso, aunque todos los letrados de la administración de Justicia tienen acceso al sistema SIRAJ [un registro de la administración de justicia donde aparecen todas las medidas cautelares etc.], el alta es voluntaria. Hemos recomendado que se den de alta, y que si nos facilitan sus datos, facilitaremos esas altas. Además, he ordenado que se estudie un sistema para que pueda saltar una alerta, también en los Juzgados de Familia, a la hora de registrar los nombres de las personas intervinientes en los procedimientos en caso de que haya vigente algún tipo de orden de protección. Se está estudiando de qué manera se pueden conectar los procedimientos civiles con los procedimientos penales cuando no se llevan en el mismo juzgado. Se trata de evitar que puedan suceder casos de disfunciones por falta de conocimiento de la existencia de asuntos pendientes en otros juzgados, que pueden ser incluso de otras provincias.

Violencia vicaria

En los últimos años hemos visto varios casos de mujeres que, después de denunciar violencia machista o la sospecha de que sus hijos sufrieran abusos sexuales por parte del padre, han acabado teniendo graves problemas judiciales: se han quedado sin custodia o les han impuesto custodias compartidas, algunas han sido condenadas a cárcel por no cumplir estas resoluciones, aún teniendo sus exparejas una condena. De hecho, varios relatores de la ONU han llamado la atención a España por no proteger suficiente a estas madres y sus hijos de los “padres abusivos”. ¿Qué se está haciendo después de una llamada de atención tan grande?

Como decía, la formación de todos los operadores tiene que ser continua y constante, también en buenas prácticas judiciales e interpretaciones correctas de la legislación, de acuerdo con los convenios de Naciones Unidas, el Convenio de Estambul e incluso en conocimiento de las medidas que exige el Pacto de Estado contra la Violencia de género. Sabemos desde hace mucho tiempo que un maltratador nunca puede ser un buen padre. Ya en la Ley de Violencia de Género se apuntaba a que los menores eran víctimas de violencia de género. Posteriormente se modifica para introducir a los menores como víctimas directas de violencia de género. Sólo con eso ya no hubiera sido necesario hacer más reformas legales, pero como es verdad que la práctica judicial en ocasiones no ha ido por esa vía, lo que se ha hecho en el año 2021 en la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia es automatizar la prohibición de las visitas respecto a los padres maltratadores.

Es verdad que que nos encontramos ante situaciones muy lamentables en las que estamos viendo que mujeres que han sido víctimas de violencia de género se están viendo sometidas a una presión muy injusta. Lo hemos visto en el caso de Juana Rivas, donde el Gobierno ha concedido el indulto porque ha tenido posibilidad de hacerlo. El Gobierno estudió un expediente de casi mil folios en poco tiempo porque era urgente su tramitación. Pero hemos visto otros casos que lamento muchísimo y ojalá no me hubiera tenido que tocar, pero me ha tocado. Soy ministra del Gobierno de España y tengo que aplicar la ley porque estamos en un estado de derecho.

Entiendo que se refiere al caso de María Salmerón, que va a tener que ingresar en prisión próximamente. Su expareja fue condenado por violencia de género pero no llegó a entrar en la cárcel, y ella fue condenada varias veces porque su hija se negaba a acudir con su padre. Aunque el indulto le fue concedido varias veces, el Gobierno le acaba de denegar su última petición por “imperativo legal”. ¿Realmente no había otra opción?

Lamentablemente, no se le ha podido conceder el indulto porque era una persona reincidente y el tribunal sentenciador informó negativamente al indulto, también el Ministerio Fiscal. Y en este caso el texto de la ley del indulto impide que el Gobierno pueda indultar. Le recomiendo a las mujeres que se encuentren en estas situaciones que busquen todas las vías judiciales posibles, que lo hagan a través de sus defensas, de sus representaciones letradas, para buscar esas vías que permitan tomar soluciones o resoluciones para evitar supuestos como este, tan lamentables. La verdad es que me ha disgustado tener que asumir esta decisión.

Cambiando de tema, el techo de cristal en puestos que dependen directamente del Consejo General del Poder Judicial es evidente. En el Tribunal Supremo, hay un 22% de mujeres; en las presidencias de sala de Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales, otro 22% de mujeres. ¿Cómo se cambia esto?

Hay un 70% de mujeres en las promociones más jóvenes que acceden ahora a la carrera judicial, y la carrera judicial es paritaria, hay aproximadamente un 50-50. Pero es verdad que cuando vamos escalando en la carrera judicial vemos como, cuando llegamos a los puestos de libre designación de altísima responsabilidad, al final se están nombrando más hombres que mujeres. Lo que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Comisión de Igualdad, son informes para proponer que cuando hay igual mérito y capacidad en una candidatura se elija al sexo menos representado. Otra cosa que se observa en la carrera judicial es que cuando hablamos de acumulación de méritos, las mujeres se están cogiendo mayormente las licencias por cuidado de hijos. Esto provoca que durante esta etapa la mujer no esté ni estudiando idiomas, ni haciendo publicaciones, ni haciendo cursos, por lo tanto le impide tener méritos. Por eso, se propuso que se valorase positivamente como un mérito el haber tenido esa licencia por cuidado de hijos a la hora de poder acceder a esas plazas. Es muy importante que tengamos en cuenta que los cuidados deben ser considerados como un mérito y no como un demérito.

El PSOE se ha comprometido a legislar para abolir la prostitución, ¿con qué medidas concretas prevé hacerlo?

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ya ha presentado unas enmiendas de carácter abolicionista muy importantes que buscan extender el concepto del proxenetismo a cualquier tipo de favorecimiento o facilitación de la prostitución de otra persona. También que no se tenga en cuenta solo la explotación, es decir, que no sea necesaria la explotación sexual, sino sencillamente la prostitución de otra persona. Son unas enmiendas de un calado enorme. Estoy segura que la sociedad quiere un modelo democrático en el que nos respetemos, en el que en una economía social de mercado no se considere que los cuerpos son un producto más de consumo.

¿Es partidaria de multar al cliente?

A mí me gusta el modelo francés, que regula esa punición para el cliente de prostitución, creo que es muy efectivo. Pero es verdad que con enmiendas abolicionistas que corten ese primer eslabón, que es cualquier tipo de favorecimiento o facilitación de la prostitución ya se rebajaría muchísimo la necesidad de tener que castigar al cliente. No obstante, hay ordenanzas municipales que sí prevén el castigo del cliente. A mí me preocupa que, por ejemplo, en Alicante, también se haya previsto el castigo de la mujer prostituida. Eso es prohibicionismo, no es abolicionismo, y de ninguna manera tenemos que pasar por ahí. Donde tenemos que poner el foco es en las mujeres, en su recuperación, en su reinserción en la sociedad, en buscarles esos itinerarios que permitan tener formación, búsqueda de un empleo.

Hay organizaciones, también organizaciones abolicionistas, también prostitutas, que hablan de que la multa al cliente o incluso esa extensión de la tercería locativa puede ser contraproducentes para las mujeres que ejercen la prostitución, bien porque acaben ellas multadas o sancionadas, o bien haciendo más clandestina la prostitución.

La prostitución ya es muy clandestina, a lo mejor está sucediendo en mi propio edificio y yo no me estoy enterando.

Renovación del CGPJ

¿Está el Gobierno dispuesto a proponer los dos nombres que le corresponden para el Tribunal Constitucional sin esperar a que se renueve el Poder Judicial?

El Gobierno está dispuesto a que se cumplan los plazos constitucionales de renovación de todos los órganos constitucionales, también del Consejo General del Poder Judicial. Llevamos ya más de tres años esperando a que se renueve el órgano de gobierno de los jueces y juezas y es una obligación constitucional. Ya lo han pedido todas las asociaciones judiciales, lo han pedido también desde Europa. Cada vez que el Partido Popular ha estado en la oposición ha bloqueado los nombramientos, han sustraído a la voluntad popular de los ciudadanos a través de sus representantes en el Congreso y en el Senado, que son quienes deciden quiénes son esos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esto es muy grave porque repercute directamente en la vida de los ciudadanos. Se está produciendo un retraso injusto del Tribunal Supremo en la resolución de asuntos, más de mil al año, que son asuntos con nombre y apellidos. Lo que hemos hecho en el Ministerio de Justicia es aprobar un refuerzo de 17 letrados y letradas del Tribunal Supremo para que puedan ayudar al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo a hacer resoluciones con mayor agilidad.

¿Cree que la llegada de Feijóo a la presidencia del PP puede agilizar la renovación del Poder Judicial? ¿Hay contactos en estos momentos?

Está habiendo contactos a nivel de fuerzas políticas, que es quien tiene que proceder a esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero también hay excusas. Yo lo que espero es que el señor Feijóo no sea más de lo mismo, que sea realmente distinto del señor Casado y que cuanto antes proceda a renovar el órgano de gobierno porque tiene que cumplir con la Constitución. Es una obligación constitucional de un partido de Estado.

Vídeo: Nando Ochando

La ministra de Justicia, Pilar Llop (Madrid, 1973) es magistrada y se especializó durante su carrera judicial en violencia machista y perspectiva de género. Esa especialización le ha acompañado después en su andadura política. Llop ha sido diputada de la Asamblea de Madrid, presidenta del Senado, y Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Ya como ministra, remarca el esfuerzo por formar a todos los operadores jurídicos en esa perspectiva de género y construir un sistema que comprenda el fenómeno de las violencias machistas. Llop alerta del contexto político y social actual, “donde el negacionismo se ha instalado con unos mensajes simplistas y populistas que banalizan y ridiculizan” todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y “rebajan tanto el nivel de debate que ponen en riesgo nuestros derechos”.

Hace unos días, el INE publicaba los últimos datos de violencia machista, que beben de los registros del Ministerio de Justicia. Las mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de protección o alguna medida cautelar de protección crecieron en 2021 un 3,2% respecto al año anterior, el año de la pandemia. Sin embargo, el aumento más llamativo es el que se produce entre las menores de 18 años: crecen hasta un 28,6%. Los denunciados de esa edad, suben un 70%. ¿A qué puede deberse este aumento tan abultado?

Es llamativo porque precisamente son mujeres que se han desarrollado y han crecido con la vigencia de la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004. Cuando España aprueba esta ley se produce un cambio de mentalidad total en nuestra sociedad, se considera que los delitos de violencia de género son auténticas violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, y no únicamente un asunto privado que ocurría en el interior de un hogar y que no tenía que ser denunciado públicamente. Ahora ya hay una enorme intolerancia por parte de la sociedad hacia la violencia de género. Pero todavía vivimos en una sociedad muy machista, muy patriarcal, donde los prejuicios y los estereotipos machistas se reproducen constantemente en nuestra vida cotidiana. Es evidente que tenemos que insistir en la sensibilización, en el conocimiento del fenómeno, seguir combatiendo los estereotipos y los prejuicios machistas desde la raíz. Hay que erradicar el machismo y eso se hace, por ejemplo, con leyes como la Ley de Libertad Sexual, que produce un cambio para que no se presuma el consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales. Seguir también insistiendo en el respeto, en la educación desde edades muy tempranas, en que nadie es más que nadie y en que nadie puede hacer con otra persona lo que le dé la gana.

¿Hasta qué punto es un mal dato? ¿Sería posible que esas generaciones estén precisamente más alerta y realmente estén denunciando más, algo que antes quizá no sucedía?

Claro, siempre que hay un aumento de denuncias, incluso también en delitos contra la libertad sexual fuera del ámbito de la pareja o la ex pareja, debe valorarse positivamente en el sentido de que, seguramente no es que haya más violencia, sino que lo que está pasando es que aflora esa violencia, esa bolsa oculta de violencia que no afloraba con anterioridad. ¿Por qué? Porque las mujeres están confiando más en las instituciones, en el sistema, porque estén buscando esa salida, esos recursos, porque saben que hay organizaciones de mujeres, asociaciones, que no las van a dejar solas y que están ahí para ayudarlas a salir de esos entornos violentos que nadie, ninguna mujer tiene que tolerar.

Siempre puede haber fallos en cualquier servicio público y en cualquier recurso de ayuda, pero se están haciendo grandes esfuerzos, y las víctimas tienen que confiar en el sistema. La denuncia es muy importante: hoy por hoy únicamente la denuncia es lo que permite que las mujeres puedan tener una orden de protección o una medida cautelar.

Anima a las mujeres a denunciar y confiar en el sistema. Sin embargo, los datos y las historias de muchas mujeres siguen mostrando que la desconfianza y el miedo al proceso, a la revictimización o la falta de apoyo sigue existiendo. ¿Qué medidas hay en marcha para evitar que esto suceda?

El Ministerio se está encargando de la formación tanto de forenses como de letrados y letradas de la Administración de Justicia, como también de integrantes del Ministerio Fiscal. Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial está haciendo grandes esfuerzos en materia de formación especializada de jueces y juezas, aparte de la creación de unidades judiciales especializadas, pero también de especialización de juzgados que se está haciendo en algunas provincias para aprovechar todos los recursos que se tienen y evitar que las víctimas no sean atendidas por recursos especializados. El Consejo General de la Abogacía Española también está involucrándose en la formación de los abogados y abogadas, y el Consejo de la Procura, para que los procuradores y procuradoras hagan los acompañamientos procesales a las víctimas de violencia. Pero tenemos que tener una cosa clara: el sistema judicial es poco empático con las víctimas y tenemos que intentar hacerlo lo más amable posible. Eso se consigue a través de la formación y de la comprensión por parte de quienes actúan en los procedimientos de cómo funciona el ciclo de la violencia, de que cuando una víctima va a denunciar y luego se retracta y luego vuelve otra vez a denunciar es una actitud normal cuando hablamos de delitos de violencia de género. La formación tiene que ser continua y constante, porque constantemente nuevos integrantes profesionales están accediendo a al sistema que trata con las víctimas.

También la formación de los equipos psicosociales. Quienes hacen los informes deben saber, por ejemplo, que cuando hay menores no se puede aplicar de ninguna manera el síndrome de alienación parental, aunque se llame de muchas otras maneras.

Una violencia que sigue muy presente es la vicaria. El último caso es el del padre de Sueca que mató a su hijo de 11 años. La investigación reveló una descoordinación entre juzgados: el de Familia, que avaló la custodia compartida, no supo que otro juzgado había condenado al hombre por violencia machista y que tenía una orden de alejamiento. ¿Ha tomado alguna medida para para evitar que un caso así se repita, para garantizar que haya coordinación entre los juzgados?

Cuando suceden hechos de estas características suelen ser por varios factores, por eso es importante que se analice exactamente qué es lo que ha ocurrido en ese caso. Tenemos que mejorar en materia de coordinación y precisamente por eso, aunque todos los letrados de la administración de Justicia tienen acceso al sistema SIRAJ [un registro de la administración de justicia donde aparecen todas las medidas cautelares etc.], el alta es voluntaria. Hemos recomendado que se den de alta, y que si nos facilitan sus datos, facilitaremos esas altas. Además, he ordenado que se estudie un sistema para que pueda saltar una alerta, también en los Juzgados de Familia, a la hora de registrar los nombres de las personas intervinientes en los procedimientos en caso de que haya vigente algún tipo de orden de protección. Se está estudiando de qué manera se pueden conectar los procedimientos civiles con los procedimientos penales cuando no se llevan en el mismo juzgado. Se trata de evitar que puedan suceder casos de disfunciones por falta de conocimiento de la existencia de asuntos pendientes en otros juzgados, que pueden ser incluso de otras provincias.

Violencia vicaria

En los últimos años hemos visto varios casos de mujeres que, después de denunciar violencia machista o la sospecha de que sus hijos sufrieran abusos sexuales por parte del padre, han acabado teniendo graves problemas judiciales: se han quedado sin custodia o les han impuesto custodias compartidas, algunas han sido condenadas a cárcel por no cumplir estas resoluciones, aún teniendo sus exparejas una condena. De hecho, varios relatores de la ONU han llamado la atención a España por no proteger suficiente a estas madres y sus hijos de los “padres abusivos”. ¿Qué se está haciendo después de una llamada de atención tan grande?

Como decía, la formación de todos los operadores tiene que ser continua y constante, también en buenas prácticas judiciales e interpretaciones correctas de la legislación, de acuerdo con los convenios de Naciones Unidas, el Convenio de Estambul e incluso en conocimiento de las medidas que exige el Pacto de Estado contra la Violencia de género. Sabemos desde hace mucho tiempo que un maltratador nunca puede ser un buen padre. Ya en la Ley de Violencia de Género se apuntaba a que los menores eran víctimas de violencia de género. Posteriormente se modifica para introducir a los menores como víctimas directas de violencia de género. Sólo con eso ya no hubiera sido necesario hacer más reformas legales, pero como es verdad que la práctica judicial en ocasiones no ha ido por esa vía, lo que se ha hecho en el año 2021 en la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia es automatizar la prohibición de las visitas respecto a los padres maltratadores.

Es verdad que que nos encontramos ante situaciones muy lamentables en las que estamos viendo que mujeres que han sido víctimas de violencia de género se están viendo sometidas a una presión muy injusta. Lo hemos visto en el caso de Juana Rivas, donde el Gobierno ha concedido el indulto porque ha tenido posibilidad de hacerlo. El Gobierno estudió un expediente de casi mil folios en poco tiempo porque era urgente su tramitación. Pero hemos visto otros casos que lamento muchísimo y ojalá no me hubiera tenido que tocar, pero me ha tocado. Soy ministra del Gobierno de España y tengo que aplicar la ley porque estamos en un estado de derecho.

Entiendo que se refiere al caso de María Salmerón, que va a tener que ingresar en prisión próximamente. Su expareja fue condenado por violencia de género pero no llegó a entrar en la cárcel, y ella fue condenada varias veces porque su hija se negaba a acudir con su padre. Aunque el indulto le fue concedido varias veces, el Gobierno le acaba de denegar su última petición por “imperativo legal”. ¿Realmente no había otra opción?

Lamentablemente, no se le ha podido conceder el indulto porque era una persona reincidente y el tribunal sentenciador informó negativamente al indulto, también el Ministerio Fiscal. Y en este caso el texto de la ley del indulto impide que el Gobierno pueda indultar. Le recomiendo a las mujeres que se encuentren en estas situaciones que busquen todas las vías judiciales posibles, que lo hagan a través de sus defensas, de sus representaciones letradas, para buscar esas vías que permitan tomar soluciones o resoluciones para evitar supuestos como este, tan lamentables. La verdad es que me ha disgustado tener que asumir esta decisión.

Cambiando de tema, el techo de cristal en puestos que dependen directamente del Consejo General del Poder Judicial es evidente. En el Tribunal Supremo, hay un 22% de mujeres; en las presidencias de sala de Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales, otro 22% de mujeres. ¿Cómo se cambia esto?

Hay un 70% de mujeres en las promociones más jóvenes que acceden ahora a la carrera judicial, y la carrera judicial es paritaria, hay aproximadamente un 50-50. Pero es verdad que cuando vamos escalando en la carrera judicial vemos como, cuando llegamos a los puestos de libre designación de altísima responsabilidad, al final se están nombrando más hombres que mujeres. Lo que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Comisión de Igualdad, son informes para proponer que cuando hay igual mérito y capacidad en una candidatura se elija al sexo menos representado. Otra cosa que se observa en la carrera judicial es que cuando hablamos de acumulación de méritos, las mujeres se están cogiendo mayormente las licencias por cuidado de hijos. Esto provoca que durante esta etapa la mujer no esté ni estudiando idiomas, ni haciendo publicaciones, ni haciendo cursos, por lo tanto le impide tener méritos. Por eso, se propuso que se valorase positivamente como un mérito el haber tenido esa licencia por cuidado de hijos a la hora de poder acceder a esas plazas. Es muy importante que tengamos en cuenta que los cuidados deben ser considerados como un mérito y no como un demérito.

El PSOE se ha comprometido a legislar para abolir la prostitución, ¿con qué medidas concretas prevé hacerlo?

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ya ha presentado unas enmiendas de carácter abolicionista muy importantes que buscan extender el concepto del proxenetismo a cualquier tipo de favorecimiento o facilitación de la prostitución de otra persona. También que no se tenga en cuenta solo la explotación, es decir, que no sea necesaria la explotación sexual, sino sencillamente la prostitución de otra persona. Son unas enmiendas de un calado enorme. Estoy segura que la sociedad quiere un modelo democrático en el que nos respetemos, en el que en una economía social de mercado no se considere que los cuerpos son un producto más de consumo.

¿Es partidaria de multar al cliente?

A mí me gusta el modelo francés, que regula esa punición para el cliente de prostitución, creo que es muy efectivo. Pero es verdad que con enmiendas abolicionistas que corten ese primer eslabón, que es cualquier tipo de favorecimiento o facilitación de la prostitución ya se rebajaría muchísimo la necesidad de tener que castigar al cliente. No obstante, hay ordenanzas municipales que sí prevén el castigo del cliente. A mí me preocupa que, por ejemplo, en Alicante, también se haya previsto el castigo de la mujer prostituida. Eso es prohibicionismo, no es abolicionismo, y de ninguna manera tenemos que pasar por ahí. Donde tenemos que poner el foco es en las mujeres, en su recuperación, en su reinserción en la sociedad, en buscarles esos itinerarios que permitan tener formación, búsqueda de un empleo.

Hay organizaciones, también organizaciones abolicionistas, también prostitutas, que hablan de que la multa al cliente o incluso esa extensión de la tercería locativa puede ser contraproducentes para las mujeres que ejercen la prostitución, bien porque acaben ellas multadas o sancionadas, o bien haciendo más clandestina la prostitución.

La prostitución ya es muy clandestina, a lo mejor está sucediendo en mi propio edificio y yo no me estoy enterando.

Renovación del CGPJ

¿Está el Gobierno dispuesto a proponer los dos nombres que le corresponden para el Tribunal Constitucional sin esperar a que se renueve el Poder Judicial?

El Gobierno está dispuesto a que se cumplan los plazos constitucionales de renovación de todos los órganos constitucionales, también del Consejo General del Poder Judicial. Llevamos ya más de tres años esperando a que se renueve el órgano de gobierno de los jueces y juezas y es una obligación constitucional. Ya lo han pedido todas las asociaciones judiciales, lo han pedido también desde Europa. Cada vez que el Partido Popular ha estado en la oposición ha bloqueado los nombramientos, han sustraído a la voluntad popular de los ciudadanos a través de sus representantes en el Congreso y en el Senado, que son quienes deciden quiénes son esos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esto es muy grave porque repercute directamente en la vida de los ciudadanos. Se está produciendo un retraso injusto del Tribunal Supremo en la resolución de asuntos, más de mil al año, que son asuntos con nombre y apellidos. Lo que hemos hecho en el Ministerio de Justicia es aprobar un refuerzo de 17 letrados y letradas del Tribunal Supremo para que puedan ayudar al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo a hacer resoluciones con mayor agilidad.

¿Cree que la llegada de Feijóo a la presidencia del PP puede agilizar la renovación del Poder Judicial? ¿Hay contactos en estos momentos?

Está habiendo contactos a nivel de fuerzas políticas, que es quien tiene que proceder a esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero también hay excusas. Yo lo que espero es que el señor Feijóo no sea más de lo mismo, que sea realmente distinto del señor Casado y que cuanto antes proceda a renovar el órgano de gobierno porque tiene que cumplir con la Constitución. Es una obligación constitucional de un partido de Estado.

Vídeo: Nando Ochando

La ministra de Justicia, Pilar Llop (Madrid, 1973) es magistrada y se especializó durante su carrera judicial en violencia machista y perspectiva de género. Esa especialización le ha acompañado después en su andadura política. Llop ha sido diputada de la Asamblea de Madrid, presidenta del Senado, y Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Ya como ministra, remarca el esfuerzo por formar a todos los operadores jurídicos en esa perspectiva de género y construir un sistema que comprenda el fenómeno de las violencias machistas. Llop alerta del contexto político y social actual, “donde el negacionismo se ha instalado con unos mensajes simplistas y populistas que banalizan y ridiculizan” todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y “rebajan tanto el nivel de debate que ponen en riesgo nuestros derechos”.

Hace unos días, el INE publicaba los últimos datos de violencia machista, que beben de los registros del Ministerio de Justicia. Las mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de protección o alguna medida cautelar de protección crecieron en 2021 un 3,2% respecto al año anterior, el año de la pandemia. Sin embargo, el aumento más llamativo es el que se produce entre las menores de 18 años: crecen hasta un 28,6%. Los denunciados de esa edad, suben un 70%. ¿A qué puede deberse este aumento tan abultado?