La titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha decidido retirar la acusación de lesiones contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al no ver “causalidad” entre las marchas del 8M y el aumento del número de contagios por coronavirus. Eso sí, mantiene por ahora la acusación de prevaricación por haber permitido las movilizaciones.
Según ha adelantado La Sexta y ha confirmado eldiario.es, la jueza ha tomado esa decisión después de recibir un informe forense que descarta que se pueda establecer una relación entre las manifestaciones autorizadas por la Delegación del Gobierno y un aumento en el número de casos positivos de COVID-19.
Por tanto, Rodríguez-Medel ha dictado una providencia en la que levanta la imputación a Franco por el delito de lesiones imprudentes pero mantiene el de prevaricación.
El origen de esta causa está en una denuncia presentada el pasado 19 de marzo por el abogado Víctor Valladares contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los delegados del Gobierno en las 17 comunidades autónomas. El letrado cuestionó que se celebraran hasta 77 “reuniones multitudinarias” en la Comunidad de Madrid después del 2 de marzo, fecha en la que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), la agencia de salud pública comunitaria, calificó de entre moderado y elevado el riesgo de una expansión generalizada del virus en los países de la UE.
Informa Marcos Pinheiro.