Un ciberataque filtra los datos personales de Leire Díez, Aldama, Koldo y otros investigados por corrupción
Una nueva filtración de datos personales ha expuesto en Internet información de contacto y la dirección de varias personas investigadas en diferentes casos de corrupción. Entre los afectados están la antigua militante socialista Leire Díez, el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y los empresarios Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto.
La información publicada incluye números de teléfono, correos electrónicos y números de DNI. En dos de los casos la publicación incluye también la dirección de domicilios particulares. Tal y como ha avanzado Público y ha podido contrastar elDiario.es, parte de los datos filtrados son verídicos.
Este tipo de ciberataques se denomina doxeo y consiste en la exposición de información privada de la víctima. Es habitual entre ciberdelincuentes, como método para romper su anonimato y dejarlos expuestos al acoso de otros usuarios o a la localización policial. En los últimos años, se ha popularizado su uso también contra políticos y miembros de la esfera pública como el presidente Pedro Sánchez o miembros de su Gobierno.
No obstante, al contrario que cuando se lanza contra personas que intentan ocultar su identidad —como los ciberdelincuentes—, su empleo contra figuras reconocidas no requiere demasiados conocimientos técnicos. Al contrario, los datos filtrados suelen provenir de bases de datos robadas a empresas y expuestos ya en ciberataques previos.
Esa característica no exime de responsabilidad a los autores. En julio de 2025, la Policía detuvo a dos hombres acusados de estar detrás de la campaña de doxeos que a principios de verano afectaron a Sánchez, ministros como Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas o Diana Morant, y políticos de todos los partidos excepto Vox. En octubre, fueron detenidos dos menores de edad tras otra serie de filtraciones. Los cuatro individuos fueron acusados de delitos de terrorismo y/o contra altas autoridades del Estado.
En esta ocasión, la filtración no alcanza a miembros del Gobierno. El autor avisa de que “es una muestra de lo que se viene” y amenaza con publicar información de las fuerzas del estado, “altos cargos de la UCO” y otros organismos como el CNI. También pide la liberación de ciberdelincuentes condenados, como el joven Alcasec.