El alcalde de La Laguna maniobra tentando al PP con cargos remunerados para evitar la moción de censura

José Alberto Díaz y Antonio Alarcó.

Carlos Sosa

Las Palmas de Gran Canaria —

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de Coalición Canaria, ha ofrecido al Partido Popular ocupar la presidencia de comisiones municipales de control político y de reclamaciones de la ciudadanía, remuneradas y previstas en la Ley de Grandes Ciudades, para sortear de nuevo una moción de censura que se viene cociendo estas últimas semanas entre todas las fuerzas de la oposición. En la operación son imprescindibles los cuatro votos del PP, cuyos dirigentes ya habían participado en al menos dos conversaciones para promover la censura a Díaz, que gobierna en estos momentos apoyado por los siete concejales de CC, dos del PSOE afín al sector oficial y el exconcejal socialista Zebenzuí González, expulsado tras unos mensajes machistas enviados a través de su WhatsApp.

Las negociaciones para integrar a los populares en los círculos del poder municipal las ha llevado el alcalde de La Laguna con el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, y con el dirigente lagunero Pedro Suárez sin contar con el portavoz municipal del partido en el consistorio de La Laguna, el senador Antonio Alarcó, ni con el presidente regional de la formación conservadora, Asier Antona. Alarcó y Antona ya habían dado el visto bueno a la moción de censura contra el alcalde lagunero y habían conseguido el compromiso de los demás firmantes para designar al portavoz popular presidente del pleno corporativo, una figura a modo de la presidencia de un parlamento, poco frecuente pero también prevista en la Ley de Grandes Ciudades.

El alcalde lagunero trata de evitar que prospere la censura y para ello ha activado un mecanismo que durante este mandato ha esquivado en todo momento: las comisiones de control y de participación ciudadana. Y, por supuesto, poner al frente de ellas a dos concejales del partido que, en ocasiones tan señaladas como los presupuestos, le ha brindado su respaldo.

Pero las comisiones de control no solo no están creadas aún sino que, además, José Alberto Díaz, el alcalde que ahora pretende promoverlas y dotarlas de presidentes, ha sido reprobado por el pleno de la Corporación que preside por no ejecutar los acuerdos que adopta la mayoría con su voto en contra.

El éxito de la moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna, que ha tenido varias intentonas estos dos últimos años, está condicionado a que todos los grupos se acepten entre sí. Unid@s Podemos acaba de aprobar en asamblea participar pero sin entrar en el gobierno municipal resultante. Un puñado de votos dejaron la propuesta en ese punto. En las negociaciones preliminares el PP había pedido la alcaldía para Antonio Alarcó, pero resultaba imposible pretender que el partido de Rubens Ascanio, en cuyo consejo ciudadano local hay un influyente sector de Sí se Puede, respaldara tal posibilidad.

Los dos concejales de Ciudadanos, cuya portavoz emitió la semana pasada un duro comunicado reclamando la caída de el actual gobierno municipal, están garantizados siempre que la alcaldía no sea ocupada ni por el PP ni por Unid@s se Puede. Eso señala directamente a Santiago Pérez, portavoz de Por Tenerife (tres concejales), como el candidato que aglutinaría la simpatía de todos los grupos de la oposición. Incluyendo, por supuesto, a los dos concejales expulsados del PSOE, Javier Abreu y Yeray Rodríguez, para los que su antiguo partido habrá de extender una dispensa que impida que sus votos pesen en negativo en aplicación de la ley antitransfuguismo. Es decir, algo parecido a dejar en suspenso su paso a los no adscritos de la Corporación.

Así las cosas y a la espera de conocer los efectos que sobre el PP pudiera tener esta maniobra del alcalde de La Laguna, la moción de censura contaría con 17 de los 27 votos de la Corporación: 6 de Unid@s se Puede; 4 del PP; 3 de Por Tenerife; dos de Ciudadanos y otros dos de los concejales escindidos del PSOE. Estos dos votos de los socialistas expulsados no serían imprescindibles.

Esta escaramuza del alcalde José Alberto Díaz puede precipitar una moción de censura que caminaba pausadamente. Y provocar ser sustituido por el histórico socialista canario Santiago Pérez, cuya única condición ha sido desempañar la Concejalía de Hacienda para levantar las alfombras y desnudar décadas de gestión de Coalición Canaria en la ciudad.

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