Tras 30 años en primera línea de fuego, Colombia cambia su estrategia contra el narcotráfico 

Wilmer Ovalle es un ejemplo viviente del fracaso de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Está parado en frente de unas brillantes plantas de coca que cultiva en la ladera de un pueblo remoto situado en el noreste de Colombia y rocía la base de los arbustos con herbicida. 

En dos semanas, las hojas tendrán el tamaño idóneo para hacer pasta de coca, el primer paso para la elaboración de la cocaína.

“Si la lucha contra el narcotráfico hubiese tenido éxito, yo no estaría aquí”, lamenta.

Ovalle tiene 19 años y ha conocido de primera mano los incentivos y las medidas disuasorias que han constituido la esencia de la estrategia diseñada por Colombia para luchar contra el narcotráfico en las últimas dos décadas e intentar terminar con la fuente de suministro de las grandes organizaciones de narcotraficantes.

Recuerda que, de niño, los fumigadores destruyeron en repetidas ocasiones los cultivos de su padre cerca de la población de Tibú y también recuerda que su padre volvió a plantarlos. Al final, harto de que fumigaran sus tierras, su padre decidió mudarse con toda la familia a una reserva natural donde no está permitido fumigar; taló los bosques vírgenes y plantó coca.

Ovalle también recuerda que el gobierno prometió ayuda a los agricultores si sustituían la coca por cultivos legales. “Nos dijeron que si arrancábamos las plantas de coca nos ayudarían a cultivar y vender otros productos”, indica: “lo hicimos pero nunca nos ayudaron y al final volvimos a plantar coca”.

Ahora cree que su única opción de futuro es hacer el mismo trabajo que su padre. “Es lo único que tenemos”, subraya.

En los últimos 30 años, Colombia, el principal productor de cocaína del mundo, ha liderado la lucha internacional contra el narcotráfico. Tras vivir en los años ochenta y noventa dos décadas de terror infligido por el poderoso cartel de Medellín, el país impulsó, con el apoyo de Estados Unidos, el plan Colombia, que quería cortar la fuente de suministro de los narcotraficantes y se centró en los productores de coca. En la actualidad Colombia lidera los esfuerzos por revisar las políticas antinarcóticos a nivel mundial. Esta semana se celebra una sesión extraordinaria de la asamblea general de las Naciones Unidas para reflexionar en torno a los pocos aciertos y los muchos errores de la política mundial en materia de drogas. 

Un enfoque “más humano”

En el marco de este encuentro, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, propondrá un enfoque “más humano” al problema de las drogas y sugerirá que es preferible luchar contra la raíz del problema en vez de centrarse en políticas prohibicionistas y coercitivas.

En un encuentro sobre medidas contra el narcotráfico celebrado recientemente en Bogotá, Santos comparó las políticas actuales con usar una bicicleta estática. “Hacemos un esfuerzo enorme, sudamos y de repente miramos a nuestra izquierda, miramos a nuestra derecha y estamos en el mismo sitio, y el negocio sigue expandiéndose,” dijo.

Si bien hace una década se logró una ligera reducción de los cultivos de coca, lo cierto es que ahora ha aumentado de nuevo. La superficie total de Colombia dedicada al cultivo de coca aumentó un 44% y en la actualidad es de unas 69.000 hectáreas, según el último informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), que hace un seguimiento por satélite de los cultivos. El potencial de producción de cocaína pasó de 290 toneladas en 2013 a 442 toneladas en 2014, lo cual supone un aumento del 52%. El informe que se publicará este año, con los resultados de 2015, mostrará un nuevo aumento. 

Juan Carlos Garzón, experto en políticas sobre estupefacientes del instituto Woodrow Wilson de Washington, indica que si bien es cierto que Colombia ha conseguido debilitar a los grandes cárteles y han aumentado las detenciones relacionadas con las drogas, también lo es que el negocio no se ha visto perjudicado. Además, en Colombia está aumentando el consumo de drogas. 

John Collins, que dirige el grupo de expertos sobre políticas antinarcóticos de la London School of Economics, señala que en círculos académicos hace tiempo que se constató el fracaso de las medidas impulsadas por Colombia: “Las directrices políticas no tenían nada que ver con la realidad en el terreno”.

Sin embargo, no fue hasta 2012 que Colombia, con el apoyo de Guatemala y México, propuso que este año se celebrara una sesión extraordinaria en la ONU y señaló que era urgente revisar la política mundial en torno a los estupefacientes. 

La violencia de los poderosos cárteles ha sacudido México, mientras que Guatemala se ha convertido en el principal país de tránsito para los narcos que se dirigen a Estados Unidos. “Han hecho lo imposible y no han obtenido resultados”, indica Collins: “Tienen credibilidad (para proponer un nuevo enfoque) ya que son los países que se ven directamente afectados por estas políticas”.

“Tras medio siglo de conflicto armado con los grupos rebeldes de izquierdas, la lucha contra la droga en Colombia también es una lucha por recuperar el control territorial”, indica Garzón. Las zonas con más cultivo de coca coinciden con aquellas que se encuentran bajo el control de las guerrillas. 

Las FARC como un aliado

La Trinidad vive bajo la sombra de tres grupos guerrilleros diferentes: el grupo rebelde izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL); un grupo más reducido y hermético. Los guerrilleros no patrullan las calles pero dejan sentir su presencia. Esa noche se celebra un partido de fútbol y un cartel de las FARCFARC indica que el 26 de marzo fue el “día universal del derecho del pueblo a alzarse en armas” para conmemorar el octavo aniversario de la muerte del célebre fundador de este grupo, Manuel Marulanda. A pocos metros de allí, hay una pancarta del ELN y en una pared hay un cartel del EPL hecho jirones. 

Tanto las FARC como el ELN mantienen conversaciones de paz con el gobierno. La negociación con las FARC se encuentra en el último tramo y podría concluir a finales de año. Se han acordado cuatro puntos, uno de los cuales es encontrar una “solución para las drogas ilícitas”. Santos ha señalado que el acuerdo “cambia las reglas del juego” del tráfico de estupefacientes, ya que las FARC pasarán de ser un obstáculo para la lucha contra el tráfico de drogas a convertirse en un aliado clave del gobierno.

Las FARC se comprometen a cortar todos los vínculos con el tráfico de drogas y el gobierno se compromete a reorientar sus políticas para fomentar la erradicación manual, los programas de sustitución de cultivos y los esfuerzos de erradicación voluntaria. De hecho, en Trinidad las FARC ya no compran la pasta de coca. Mientras tanto, el gobierno ha interrumpido el programa de fumigación aérea de los cultivos ilícitos de coca y está creando nuevos paquetes de inversión social.

“Debemos proporcionar alternativas sociales y económicas a los pequeños productores de cultivos ilícitos y a otras comunidades vulnerables y crear las condiciones necesarias para que puedan volver a plantar cultivos legales,” indicó Santos en una columna de opinión publicada en The Observer.

Reunidos en una de las cinco salas de billar del pueblo, los agricultores de La Trinidad indican que no podrían estar más de acuerdo. “No queremos cultivar coca”, explica Neftalí Rodríguez, de 48 años: “Los productos químicos que utilizamos para elaborar la pasta de coca son nocivos para la salud y también para el medioambiente. Preferiríamos cultivar alimentos”.

La tienda de la comunidad está bien abastecida con frutas, verduras, pescado y pollo. Sin embargo, los tomates son el único producto local. El resto de alimentos, como los frijoles, el arroz, la piña, las cebollas y el pollo llegan dos veces al mes desde Ocaña, la ciudad más cercana.

Muchos de estos productos podrían producirse en el pueblo, pero las carreteras que conectan esta zona remota situada cerca de la frontera con Venezuela no son más que caminos llenos de baches. Transportar los tomates y los frijoles hasta el mercado más cercano es más caro que comprar estas mercancías. En cambio, la coca tiene un precio estable y los agricultores venden directamente al comprador la pasta de coca por unos 800 euros por kilo. 

“La coca nos permite comer, tener escuelas para nuestros hijos, y nos da cobertura médica”, señala Rodríguez: “El gobierno no nos ayuda, solo nos manda militares”. 

Yonny Abril, un dirigente campesino que ha vivido toda su vida en La Trinidad, se muestra animado por el cambio de enfoque del gobierno y por el compromiso adquirido por las FARC de ser parte de la solución: “Celebramos el hecho de que el gobierno haya reconocido que este es un problema social. Nos permite ver la luz al final del túnel, ya que el enfoque militar no funcionó”. 

Abril considera que la estrategia del gobierno no debería centrarse solo en la coca. “No se trata de cambiar un cultivo por otro, lo que se tiene que cambiar es el modelo de desarrollo”, indica: “Necesitamos carreteras, escuelas e inversión social”.

El dirigente cree que Colombia podría industrializar la hoja de coca con fines médicos o científicos. “Queremos un país libre de cocaína pero no necesariamente libre de coca”, puntualiza. “Si en Estados Unidos se puede legalizar la marihuana, ¿Por qué no podemos legalizar la coca?”. 

Traducción de Emma Reverter