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Cuando jugar no es un juego

Policía custodiando una casa de apuestas en Madrid tras localizar a varios menores.

Adriana Maldonado

Eurodiputada del PSOE y portavoz en la Comisión de Protección del Consumidor —

El sector del juego online y las apuestas es un fenómeno en auge en toda Europa. La accesibilidad a internet, el fácil acceso a medios de pago digitales y la escasa regulación de este mercado facilitan su uso desde cualquier punto del mundo sin necesidad de ir al local del barrio. Así lo confirman los datos: 9 de cada 10 pacientes tratados por adicción al juego se hicieron adictos con prácticas online.

En los últimos años han aumentado las modalidades de juegos de azar promocionadas con una publicidad agresiva, vinculadas muchas veces a patrocinios deportivos, personajes conocidos y nuevos modelos de negocio como las apuestas online en directo en retrasmisiones de partidos, creando adicciones y patrones de comportamiento negativos para el público más joven.

Personas expertas en la materia han alertado del incremento de pacientes con cuadros clínicos similares a los que muestran la adicción a las drogas. También resaltan un cambio en el perfil del jugador: personas cada vez más jóvenes y más mujeres, dejando de predominar el perfil del hombre de entre 25 y 40 años.

En la Unión Europea, cada Estado establece su propia legislación, y cuestiones como las licencias de aperturas de casas de apuestas es competencia de las comunidades autónomas. A esta realidad hay que sumar que los países no tienen la obligación de publicar las estadísticas oficiales del juego, y de hecho son muy pocos los que las hacen públicas.

Por poner un ejemplo, Italia aprobó en 2018 el llamado “Decreto de la Dignidad” para regular el sector y prohibir los anuncios de apuestas online. En nuestro caso, en España, estamos viendo en los últimos meses como tanto el Gobierno como las comunidades autónomas y los ayuntamientos están legislando al respecto cuando se ha hecho patente la demanda social. Pero lo cierto es que el tema es de tal magnitud que la Unión Europea no puede permanecer inmóvil.

El preacuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos asume esta realidad social como una cuestión política, comprometiéndose a equiparar la normativa del juego a las del alcohol y el tabaco como mínimo, así como obligar a las casas de apuestas a incorporar medidas de información, gestión y limitación del consumo.

Asimismo, el Congreso de los Diputados ha aprobado una moción que ahonda en el acuerdo de los presupuestos para poner coto al sector del juego, y Gobiernos como el de Navarra han aprobado una moratoria para las licencias de aperturas de casas de apuestas.

Pero más allá de que cada país ponga en marcha su propia legislación, urge que la UE unifique criterios y legisle a nivel comunitario.

Ya en 2014, la Comisión Europea emitió una serie de recomendaciones para mejorar la protección de los consumidores en el juego online y el control de acceso a los menores. Aunque el Ejecutivo comunitario debería haber evaluado cómo los Estados miembros habían implementado estas recomendaciones, a fecha de hoy sigue sin hacerse, lo que supone que ni si quiera es posible conocer la situación real sobre la legislación del juego online en la Unión Europea.

También se creó un grupo de expertos de juegos de azar donde los Estados pudiesen intercambiar buenas practicas, pero los resultados de este grupo de trabajo han sido muy limitados.

Es una buena señal que entre las prioridades de la nueva Comisión Europea se encuentre la Era Digital y, sin duda, el sector del juego online y la creación de un marco regulatorio europeo en cuestiones fundamentales como la publicidad online será una de las primeras cuestiones que tendrá que abordar.

Porque el sector del juego online es el único ámbito digital que no forma parte del Mercado Único Digital, a pesar de que en el año 2020 el juego online será el 24.9% del sector.

Es hora de actuar, es el momento de poner en el debate europeo la necesidad política de legislar sobre el juego online, su publicidad y su modelo empresarial, porque como estamos viendo, tiene consecuencias lesivas para la ciudadanía, que corre el riesgo de desarrollar enfermedades como la ludopatía.

Los responsables políticos no podemos mirar a otro lado ni esperar a que salte la alarma social, tenemos que afrontar el problema y limitar estos modelos de negocio entendiendo que este tipo de juego no es un juego, sino una realidad social que crea dramas personales y tiene consecuencias negativas, muchas veces en los colectivos más vulnerables.

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