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¿Qué está pasando en el campo español?

Yo, que estuve en las protestas, no escuché a ninguna organización profesional de productores echar la culpa de la ruina de la agricultura a la subida del SMI

Agricultores se concentran para pedir precios justos en Agroexpo, donde se viven momentos de tensión

Protesta de agricultores para pedir precios justos.

Nada hacía prever que Extremadura saliera de sus límites geográficos y abriera informativos de radio y televisión y ocupara portadas de periódicos por las protestas de pequeños y medianos productores agrarios de la semana pasada. Mejor dicho, nadie de fuera de Extremadura se podía imaginar que una revolución agraria por el derecho a llegar a fin de mes se iba a fraguar en una tierra más acostumbrada a emigrar que a las revoluciones.

Las protestas, que tuvieron lugar durante la inauguración de Agroexpo en la localidad pacense de Don Benito, capital de las Vegas del Guadiana, fueron el estallido social de los pequeños y medianos agricultores que llevan años vendiendo sus cosechas por debajo del precio de producción pero fue también la cristalización de una situación social y económica límite que vivimos en Extremadura y una enmienda a la totalidad a 40 años de gestión socialista.

El PSOE extremeño abrazó el dogma neoliberal, renunció a una reforma agraria que redistribuyese la titularidad de los latifundios improductivos, para crear riqueza y empleo en zonas rurales hoy devastadas, y a poner en pie un modelo productivo diversificado que permitiera a esta región vivir de sus propios recursos.

En lugar de entender el fondo del problema, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, las derechas extremas y tertulianos varios, que sólo vienen a nuestra tierra a desconectar en una casita rural, intentaron silenciar el debate vinculando las protestas a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y señalando a los jornaleros, la parte más vulnerable del tejido agrario.

Yo, que estuve en las protestas, no escuché a ninguna organización profesional de productores echar la culpa de la ruina de la agricultura a la subida del SMI, sin embargo, los medios de comunicación titulaban que los agricultores extremeños se quejaban de los dos euros de subida por día a sus trabajadores, creando con ello una cortina de humo que sirve para demonizar a los agricultores y abrirle las puertas del campo a la extrema derecha.

Las ideas que defienden las derechas, libremercado, desregulación y no intervención del Estado, son las que han llevado al campo extremeño y español a este punto de emergencia social. Vox representa a los propietarios latifundistas que, produzcan o no, reciben cada año millones de subvenciones de la política agraria común, subsidios que premian la propiedad de la tierra, no a los pequeños y medianos productores que están yendo a la ruina y que son quienes están liderando las protestas en Extremadura y en el resto de la España interior.

Los problemas de los agricultores españoles son la existencia de una cadena alimentaria injusta y muy poco transparente que exprime a quienes trabajan e invierten sus ahorros, mientras que una serie de especuladores se llevan jugosos beneficios por no trabajar. El 60% del negocio alimentario español está en manos del oligopolio de las grandes distribuidoras que tienen la capacidad de tirar los precios por los suelos y tener beneficios de hasta un 1.000%, sólo por llevar del campo a un mostrador de supermercado una caja de tomates.

Es absolutamente injusto que, según el índice de precios en origen y destino de 2019, el brócoli se pague a 0,41€ por kilo al agricultor, mientras en el supermercado está a 2,90€, sufriendo un aumento del 607% que perjudica tanto al productor como al bolsillo del consumidor. Los grandes problemas del campo, lejos de ser la subida del SMI, son el abuso de los monopolios que obligan a entregar las producciones sin precio prefijado, los tratados internacionales de comercio que le abren la puerta a productos cultivados con mano de obra barata y bajos controles fitosanitarios, tirando por tierra el precio y haciendo imposible la rentabilidad de las producciones agrarias en España, como simbolizan el caso del arroz o los cítricos.

Otra de las causas que están arruinando a nuestros agricultores y vaciando nuestros pueblos es un modelo de agricultura intensiva que aumenta los costes de producción y tecnificación que las pequeñas y medianas explotaciones no pueden mantener y una política agraria común que sigue beneficiando a los herederos de la Duquesa de Alba, por no producir y sumir en la depresión económica y social comarcas enteras de latifundios donde ni se crea riqueza y empleo pero los grandes propietarios sí reciben los millonarios subsidios de la PAC.

La agricultura debería ser considerada un sector estratégico de nuestra economía y un elemento de seguridad nacional. Un país que se permita depender de las exportaciones para la alimentación es un país extremadamente vulnerable. El sector primario está demostrando que puede ser determinante si se articula adecuadamente para tumbar el Gobierno de coalición, esto lo sabe la extrema derecha, que está intentando acaparar el discurso sin mucho éxito y sin proponer ninguna solución.

Es urgente que la izquierda entienda lo que está pasando en Extremadura y en el resto de la España interior si no queremos que la ultraderecha se haga con el descontento del mundo rural. El neoliberalismo salvaje ha convertido en clases subalternas y proletarias a sectores que antes tenían poder económico y controlaban los medios de producción. La unión de las demandas de las clases populares con estos nuevos sectores empobrecidos es fundamental para ganarle la batalla al neoliberalismo económico que alimenta a la ultraderecha cultural. Vox está preocupado por el pin parental, no por darle una salida a nuestros agricultores.

Urge establecer un precio mínimo de venta para asegurar el beneficio de los agricultores por encima de los costes de producción. Miremos a Francia y a su Ley para el equilibro de las relaciones comerciales en el sector agrario y alimentario y para una alimentación sana y sostenible, aprobada en octubre de 2018, en la que se establece un mecanismo para que haya precios de referencia por parte de las organizaciones interprofesionales, de manera que cubran los costes de producción más un 10% como mínimo de remuneración de la renta agraria. 

El enemigo de un agricultor no es el jornalero, ni a la inversa, sino las grandes distribuidoras de la alimentación que vacían nuestras zonas rurales y se hacen de oro mientras están arruinando a quienes producen alimentos y se dejan sus ahorros, su vida y esfuerzo en mantener vivo el campo. Hay estallidos sociales que abren una ventana de oportunidad y un tiempo nuevo para el que es necesario saber mirar. En Extremadura se ha abierto un ventana de esperanza.

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