Cultivos quemados, granjas destruidas, suelo envenenado, ciudades bombardeadas que han dejado remanentes de casas desmolidas que emiten amianto, y una infraestructura de tratamiento de aguas destrozada que provoca que se viertan al día la capacidad de 44 piscinas olímpicas de agua contaminada a nuestro mar Mediterráneo. Son ejemplos de las consecuencias medioambientales de la ocupación israelí.
La interdependencia entre derechos humanos y medioambiente se ha vuelto innegable. Un ambiente saludable, sin riesgos, limpio y sostenible es necesario para el pleno disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y al desarrollo. Derechos siempre en riesgo para la población refugiada de Palestina desde hace más de 70 años.
La ocupación israelí, que ejerce un férreo control sobre los recursos naturales de la tierra y el agua, está provocando una acelerada degradación ambiental, haciendo que los palestinos y palestinas, incluidas casi dos millones de personas refugiadas de Palestina, sean más vulnerables al cambio climático.
Tanto en Gaza como en Cisjordania, los medios de vida de las comunidades agrícolas palestinas se han transformado inevitablemente por la combinación del cambio climático y, también, de la incautación de tierras y agua. Los campamentos o ciudades se han visto afectados por las incursiones militares con gases lacrimógenos o fuego israelí, que ha dejado no solo a la población con huellas físicas y psicológicas irreparables sino también un ambiente hostil carente de recursos y espacios saludables.
Gaza es el ejemplo más extremo. Según un informe de Naciones Unidas, la Franja será inhabitable en menos de un mes: la fecha límite está puesta en el 1 de enero de 2020.
Gaza: 97% del agua está contaminada
El 97% del agua en Gaza está contaminada. Esto quiere decir que la población gazatí no tiene posibilidad de ducharse a la hora que quiere, de beber agua cuando tiene sed o de lavar la ropa cuando está sucia.
El agua se ha convertido en un bien preciado. Puedes abrir el grifo de tu casa pero puede no caer ni una gota. Los grifos están secos o bien el agua circula con muy poca frecuencia y está contaminada. El control que ejerce Israel a este líquido vital limita su consumo y expone a la población a problemas de salud.
Uno de los innumerables ejemplos trágicos es el de Malka, una niña refugiada de Palestina de 13 años que ha tenido que ser ingresada en un hospital en Gaza debido a un problema en la piel que, según los médicos, tiene que ver con el agua en mal estado. Las diarreas y los parásitos es un mal que aqueja a muchos menores en Gaza por problemas relacionados con el agua.
La ocupación, el bloqueo y las últimas tres ofensivas en menos de diez años en la Franja han dejado consecuencias catastróficas en la población gazatí, que hoy sobrevive en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo sin infraestructuras que garanticen sus derechos más básicos en un espacio saludable.
En el año 2009, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), evalúo el impacto que ese año había tenido la Operación Plomo Fundido en el entorno. La ofensiva israelí no solo exacerbó las dificultades ya existentes en Gaza, sino que propició el aumento de la contaminación tanto en el campo como en los ambientes urbanos, generando una pila de escombros sin precedentes.
La ofensiva del 2014, la más sangrienta y destructiva de todas, solo empeoró las condiciones de vida que otras operaciones militares ya habían dejado. A día de hoy, siguen sin poder arreglarse los pozos de agua y las plantas desalinizadoras. La razón es que el 70% de los materiales que se necesitan para repararlos son considerados de “uso-dual” por las autoridades israelíes, que les lleva a rechazar o retrasar su entrada alegando problemas de seguridad. La prohibición a la importación de materiales para su mantenimiento, como cemento, acero y cañerías, condena al mal estado perpetuo de las infraestructuras.
Según la Red Palestina de ONG medioambientales, en 50 días de ofensiva en 2014, Israel arrojó 21.000 toneladas de explosivos en la Franja, lo que provocó la contaminación del suelo y por lo tanto, redujo la productividad agrícola. Inevitablemente, la falta de acceso a los medios y a los recursos han recortado los derechos de la población refugiada de Palestina.
El campamento de Aida, el más expuesto a los gases lacrimógenos del mundo
En Cisjordania, los refugiados y refugiadas de Palestina del campamento de Aida han tenido que aprender a convivir con la amenaza inminente de gases lacrimógenos. Durante años, este campamento en Cisjordania fue objetivo de incursiones militares israelíes, convirtiéndolo en la zona donde vive la comunidad más expuesta al gas lacrimógeno del mundo.
Uno de los derechos más básicos como ser humano es el derecho a tener aire limpio. Las consecuencias de no tener acceso a él son devastadoras: problemas respiratorios y dermatológicos o en el caso de las mujeres, la posibilidad de enfrentarse a un embarazo de riesgo.
En general, la población en Aida tiene que hacer frente a las graves consecuencias físicas, psicológicas y también a los problemas sociales y medioambientales de no poder respirar aire puro. La situación ha llegado demasiado lejos cuando las madres refugiadas de Palestina se ven obligadas a meter a sus bebés en los armarios mientras las nubes de gas lacrimógeno saturan el refugio.
Esta semana, en la que se reúnen los dirigentes de diferentes países del mundo para determinar el rumbo de una nueva fase de acción climática, no podemos olvidar aquellas zonas del mundo que se ven afectadas por los conflictos, la ocupación o el bloqueo. Para los palestinos, la contaminación que sufren por tierra, mar y aire no solo es un problema natural, sino que también es un problema político. Hablar de la lucha por la justicia climática está directamente relacionada con buscar una solución justa y definitiva para la situación de Palestina.
