La Universidad como problema o los problemas de la Universidad
Desde la llegada del PP al poder en diciembre pasado, la educación pública tiene razones sobradas para la inquietud. La Universidad no es ajena a las dificultades que atraviesa el sistema educativo público, teniendo en cuenta por un lado los recortes que parecen cebarse en la Universidad: está prevista una disminución en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 en un 18% en las partidas dedicadas a la Educación Superior, y en un 80% en los gastos no financieros en I+D+i. Las Comunidades autónomas tienen deudas importantes con las Universidades -algunas de ella con sentencia que así lo reconoce- y los recortes no van a ser menores sino todo lo contrario. El profesorado ha visto reducido su sueldo (en la Comunidad de Madrid con el añadido de la supresión por la vía de los hechos de parte del complemento autonómico), aumentadas sus obligaciones docentes . Se están aplicando políticas de reducción de personal, no hay promoción del profesorado acreditado, ni entre profesorado contratado ni para acceder a puestos de funcionario. Los recortes de profesorado están impidiendo la impartición de la docencia de acuerdo con el modelo de Bolonia.
El panorama de lo que se avecina no es halagüeño. Al poco tiempo de llegar al Ministerio, Wert propuso al Consejo de Ministros la creación de una Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, debido a que “a pesar de los ingentes recursos que se dedican a la Educación superior, no podemos calificar ni mucho menos como satisfactoria la situación”. Esta Comisión tiene un plazo para emitir un Informe de “la situación del sistema universitario español y elevar al Gobierno recomendaciones para su mejora, tanto en el campo de la organización y la gobernanza, como en el campo de la selección y acreditación del profesorado, elección de los alumnos, etcétera., como también en el campo económico y financiero” (ambos entrecomillados son de la rueda de prensa del Ministro después de su presentación, el pasado 13 de abril).
El informe de la referida Comisión de Expertos aparecerá en los próximos meses y se supone que nos alertarán de cuáles son los problemas y necesidades del sistema universitario español. Dentro de ellas, inevitablemente teniendo en cuenta el ruido que hay, aparecerá el procedimiento de elección de Rector. Ya existe, de hecho, algún borrador que ha salido de los Consejos sociales, órgano que no parece el más cualificado para hacerlo teniendo en cuenta su composición, su escasa vinculación con el gobierno universitario -fruto de que son externos a ella- y su fracaso en la vinculación de la Universidad con la sociedad, que es su función primordial. Cierta prensa, en todo caso, se hace eco de que es una cuestión que se quiere plantear como la gran cuestión de la reforma universitaria.
Pero, ¿de verdad alguien piensa que el problema de la Universidad pública es el procedimiento de elección del Rector? Si es así es que no conoce nada del sistema y de sus problemas. Y ello lo afirmo aún a sabiendas de que hay Rectores buenos y malos, pero ello no quita para que se pueda afirmar tajantemente que el actual sistema lo que ha permitido es la dinamización de la vida universitaria y la implicación de toda la comunidad en su funcionamiento. La participación suele ser muy alta entre el profesorado -más que en las elecciones generales- y el personal de administración y servicios y sólo los estudiantes son abstencionistas, aunque ya se está llegando a cotas de participación aceptables. Y desde luego, no hay ningún Rector que por su acción o inacción consciente o inconsciente haya impedido a un investigador español ser Premio Nobel.
El problema central es que no se ha considerado hasta ahora la Universidad como la palanca para el cambio del sistema productivo español para dirigirlo a uno basado en la investigación, la innovación y el conocimiento. En nuestro país, que tenemos un déficit considerable de épocas anteriores, no se ha examinado lo que se ha invertido durante la crisis económica en otros países para impulsar la economía del conocimiento. Nuestro camino ha sido el contrario, (salvo en el aspecto de becas y ayudas al estudio, que en la pasada legislatura fue razonablemente bueno). No se advierte que nosotros tenemos un problema de estructura económica, que hace que nos basemos en la construcción, y que si se quiere transformar esto hemos de apoyar a los que hacen ciencia, entre ellos, especialmente la Universidad pública. Y si no hay inversión es muy difícil que se pueda mejorar teniendo en cuenta la metodología de los rankings internacionales, especialmente el de Shanghai, que prima sobre todo la investigación y la publicación de sus resultados en las revistas punteras del mundo. Es materialmente imposible investigar sin recursos económicos. Es imposible hacer investigación puntera en el mundo si no hay tiempo porque, tal como ha pretendido el Gobierno del PP, casi todo el tiempo se emplea en docencia.
Frente a esta realidad, la Universidad sigue siendo un problema para alguna fuerza política porque se presume que mayoritariamente la Universidad es de izquierda y que, si no lo es, en todo caso es crítica. Esta realidad dificulta el entendimiento de cuál es el papel de la Universidad, sus necesidades y especialmente el de la pública (porque el nivel real de la Universidad privada se ve en su posición en los índices internacionales). Y por ello el resultado es que se le ahoga económicamente y, con ello se impide su desarrollo y que las capacidades de nuestros investigadores nos permitan obtener los frutos de la inversión realizada en su formación.
Nuestro modelo universitario asume dos funciones esenciales, docencia e investigación. La docencia cumple una función de servicio público indudable y, en consecuencia, es lo que justifica la subvención pública por estudiante durante los años de matrícula. El valor que tiene la docencia es impagable. Pero, pese a lo que se nos hace llegar, no es la única actividad de la Universidad. En la Universidad se hace ciencia y se transmite ciencia. La investigación no es un complemento, es una función esencial que como ya he señalado con anterioridad es lo que da valor a las Universidades en los ránkings. Pero investigar es caro, menos que la ignorancia, pero cuesta mucho dinero. Veamos algún ejemplo.
El presupuesto de la Universidad de Harvard en el año 2010 fue de 3.700.000.000$ y tenía 21.000 estudiantes. El de la UCM, que debe ser el mayor de nuestro país, en ese año rondó los 600.000.000€ y tenía cerca de 90.000 estudiantes oficiales. ¿Alguien piensa que es indiferente tener anualmente seis veces más presupuesto y cuatro veces menos estudiantes? Es calidad: ellos tienen 47 Premios Nobel. La UCM tiene en su trayectoria sólo 3 profesores, ninguno de ellos vivo (Severo Ochoa, Santiago Ramón y Cajal y José Echegaray), y 4 exestudiantes, (Mario Vargas Llosa, Camilo Jose Cela, Vicente Aleixandre y Jacinto Benavente) que han alcanzado tal galardón. El presupuesto de la UCM este año es inferior al presupuesto de la ampliación del campus de Harvard que ha sido aprobado este otoño. La UCM tuvo que anular un contrato de 40 millones de euros para la nueva Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales porque la Comunidad de Madrid anuló unilateralmente el Contrato programa de inversiones. Esa es la diferencia esencial. Y ese es el problema del que no se habla: la cuantía del presupuesto y cómo condiciona la capacidad de investigación y la calidad de la docencia.
Se me puede decir que la Universidad de Harvard es privada y la UCM pública y eso es lo que motiva la diferencia tan grande de presupuesto. En la Universidad de California en Berkeley, pública, con un presupuesto en 2011 de 2.400.000.000$, la financiación pública alcanza casi el 60%. Pero resulta llamativo que es la administración federal la que más aporta al presupuesto a través de la financiación de la investigación, a pesar de que se trata de una Universidad del Estado de California. No hay nada parecido en el sistema universitario español, en el que el último gran aporte estatal fueron los Campus de Excelencia Internacional, que fueron préstamos que recibieron las Universidades, esto es, con obligación de devolución, aunque haya un periodo de carencia.
Con un presupuesto de esta naturaleza, con este apoyo público es lógico que tengan más de 1000 patentes activas y la universidad española muchas menos. Aquí ni hay apoyos de dicha naturaleza ni se ponen las bases para que el patrocinio privado (que es importante en la Universidad anglosajona) tenga los frutos razonables. Y la crítica constante a la Universidad le hace un daño cualitativo grandísimo en la vinculación con el aparato productivo.
A partir de aquí, cualquiera que conozca bien el funcionamiento de una Universidad en nuestro país, verá que la capacidad real de gestión presupuestaria que hay es mínimo. La partida de nominativa (que incluye gastos corrientes y las nóminas del personal) cubre aproximadamente el 80% y, por ello, es presupuesto comprometido de antemano. Pero además, incumpliendo los señalado por la LOU, ni se han proporcionado por el Estado los instrumentos para una adecuada contabilidad y determinación de la eficiencia ni se ha abordado en su integridad la cuestión económica de las Universidades.
No hay mucho profesorado. Es otro de los mitos que hay en la Universidad española. De hecho, me atrevería a decir que con los recortes faltan profesores en las Universidades si lo que se pretende es enseñar e investigar y se están frustrando las carreras investigadora de los profesores de menor edad por la necesidad de compromiso en la docencia y se está obligando al profesorado funcionario a impartir más créditos de los debidos si se quiere que, además, investiguemos. Ese es el cambio Wert hasta ahora, que tiene el efecto de peor calidad del sistema universitario español, tanto en docencia como en investigación. Y por coger un aspecto que acaso pueda resultar extraño en la crisis pero que no lo es, si se hace un análisis comparativo de salarios entre la Universidad española y cualquiera de las punteras quedamos muy por debajo: un profesor visitante en Harvard gana a partir de 150.000$ anuales, cantidad que no gana, ni de lejos, el más afamado catedrático de una Universidad española.
En la misma línea, hay menos personal de apoyo a la investigación del que se precisa para realizar una investigación y docencia de calidad y no hay posibilidad de contratar el que hace falta. Podemos hablar de las tablas salariales, pero si se hace un estudio de la media, se podrá apreciar que tienen un sueldo razonable. Incluso cuando salen a la luz los sueldos de los gerentes de las Universidades, ¿puede alguien decirme qué gerente de una entidad que gestione un presupuesto de 600 millones de euros tiene un sueldo menor que el de la gerencia de cualquier universidad española? Voy a dar otro dato, para compararlo con el coste de nuestros cargos de gestión: la Presidenta de Harvard cobró en 2011; 874.599$, de acuerdo con lo publicado por la Universidad. El Rector de una Universidad pública española tiene su sueldo de Catedrático más un complemento anual de unos 17.000€.
Y desde luego la actividad sindical en la Universidad, otra de las cosas con las que algunos quieren terminar, no es superior a lo que hay en cualquier otra entidad pública o privada. ¿O es que vamos a pretender que en la Universidad vamos a excluir la aplicación del artículo 28 de la Constitución y no se permite que desempeñar su papel los sindicatos?
Incluso me atrevería a decir que el número de universidades tampoco es excesivamente alto. En todo el país tenemos 77, 50 de las cuales son públicas, que son las que tienen cierto nivel en investigación. Sólo en el área de Boston hay 83, de las cuales 2 ocupan los lugares 1 y 3 del ránking de Shanghai, la Universidad de Harvard y el MIT. El problema es otro.
Estamos en condiciones mucho peores porque no se ha querido encontrar el papel a la Universidad y desde la Universidad no hemos tenido capacidad para presentar a la sociedad lo mucho que se hace: ¿ha pensado alguien en lo que se obtiene con el dinero empleado en Universidades? ¿ha pensado alguien lo que se investiga con los escasos recursos que se tienen? ¿qué formación se está proporcionando a este país con un coste muy bajo? ¿Cuántos artículos se publican en revistas internacionales a pesar de las condiciones de nuestra ciencia? ¿Qué impulso se tiene para que se publique en las denominadas “revistas de impacto” internacionales? Eso es lo que está en juego, no el procedimiento de elección del Rector.
Eso sí, téngase presente que hace unos años el Tribunal Constitucional señaló que la autonomía universitaria tenía un ámbito de decisión en el interior de la Universidad muy importante, que impedía, por ejemplo, que las plazas de profesorado fueran controladas por un órgano mixto Universidad-sociedad, como es el Consejo social. No vaya a ser que además de ruido, de ahogar económicamente a las Universidades, de recortar su capacidad de transmitir y generar ciencia, de provocar un conflicto social se genere una norma contraria al contenido del artículo 27.10 de la Constitución. Que ya se esté haciendo en alguna Comunidad autónoma no puede servir de ejemplo.
