Ninguna madre debería tener que pronunciar jamás una frase tan escalofriante sobre su hijo. Pero en Costa de Marfil, una mujer contó recientemente a nuestros investigadores la desgarradora historia de cómo su hija de 12 años sobrevivió a un ataque mortal en su localidad, situada al oeste del país, durante la oleada de violencia que se desencadenó tras las elecciones celebradas a principios de 2011.
Las armas y la munición empleadas por las milicias dozo se incluyen entre las que entran ilegalmente en el país a través de Burkina Faso, incumpliendo el embargo de armas impuesto por la ONU y vigente desde 2004. Desde antes del embargo, se enviaban de manera irresponsable armas y munición a los dos bandos del conflicto armado de Costa de Marfil.
Casi dos años después de ese salvaje ataque, la pequeña sigue padeciendo hemorragias nasales y cefaleas, por no mencionar el trauma psicológico que tanto ella como su familia deben soportar. Además de los disparos que la niña recibió, la familia también perdió a un hijo de cuatro años en la oleada de violencia, y la madre fue violada por hombres armados.
Ellos y otros habitantes viven con el temor de que los grupos armados que todavía merodean por la zona cometan nuevos ataques.
Esta historia parece increíble, pero lamentablemente no es infrecuente en Costa de Marfil. En el último decenio, el comercio ilegal e irresponsable de armas y munición ha provocado que cientos de marfileños hayan perdido la vida, las mujeres y las niñas hayan sido violadas y miles de personas se hayan visto obligadas a huir de sus hogares, todo ello bajo la amenaza de la violencia armada.
Ojalá esta mujer pudiese acudir esta semana a las Naciones Unidas para compartir su mensaje con diplomáticos de todo el mundo que están ultimando el texto definitivo de un tratado histórico que regule el comercio mundial de armas convencionales.
Cuando escucho lo que le sucedió a su familia, me pregunto cómo un país podría querer excluir la munición —como las dos balas alojadas en la cabeza de esta niña— del texto del proyecto de tratado.
Pero esta es precisamente la postura de Estados Unidos, el mayor exportador mundial de armas y municiones; y no es el único.
Durante una ronda anterior de negociaciones para la elaboración del tratado, celebrada en el mes de julio, un miembro del personal del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que la munición “es fungible, se puede consumir y recargar, y no se puede marcar de ninguna forma práctica que permita rastrearla o seguirle la pista. Cualquier propuesta práctica con respecto a la munición debería tener en cuenta las importantes dificultades asociadas a los permisos, autorizaciones y registro de la munición que se produce y transfiere en cantidades de miles de millones anuales.”
¿Pero qué hay de los millones de vidas afectadas anualmente por armas y munición que caen en las manos equivocadas? Sin duda estos seres humanos merecen el papeleo adicional.
Y en todo caso, al gobierno estadounidense ya se le exige regular su propia importación y exportación de munición, con lo que el argumento no se sostiene.
Por este motivo resulta alentadora la noticia de que el 19 de marzo —segundo día de la conferencia final de nueve días acerca del Tratado sobre el Comercio de Armas que se celebra en la ONU— 69 Estados firmaron una declaración para exigir que el Tratado regule la munición.
Muchos eran países africanos y latinoamericanos cuyas sociedades sufren la lacra generalizada de la violencia provocada por las armas pequeñas y ligeras. En su opinión, para que el Tratado sirva para salvar vidas, es evidente que en el alcance se debe incluir no sólo la transferencia de armas, sino también la munición que se puede emplear para cometer atrocidades y abusos.
Delegados de Amnistía Internacional de cada región del mundo se encuentran en Nueva York hasta la finalización de la conferencia, y presionarán a todos los Estados al objeto de garantizar que balas como las dos alojadas en la cabeza de la niña de Costa de Marfil ya no se puedan comprar ni vender por todo el mundo sin que se hayan establecido los controles adecuados.
Ningún país debe tomar parte en el negocio de suministrar armas y munición a regímenes represivos o grupos armados en lugares donde existe un riesgo real de que se utilicen para cometer o favorecer la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.
Espero que, tras estas dos semanas, nuestros investigadores puedan volver a esa pequeña población del oeste de Costa de Marfil con la noticia de que el mundo ha escuchado y ha tomado medidas para controlar el irresponsable comercio de armas transfronterizo que tanto sufrimiento les ha causado.
En Amnistía Internacional seguimos trabajando para que
Estados Unidos apoye el Tratado Internacional que regule el Comercio de Armas. Actúa.Actúa
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
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