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Megaeventos deportivos: el podio de la represión

A tres meses de los primeros Juegos Europeos Bakú-2015, Azerbaiyán reprime la disidencia bajo el silencio cómplice de la comunidad internacional. Los megaeventos deportivos ofrecen una amplia galería de abusos contra los derechos humanos.

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Tres policías agarran a un activista político durante una protesta en Bakú, Azerbaiyán, marzo de 2011 © IRFS

Tres policías agarran a un activista político durante una protesta en Bakú, Azerbaiyán, marzo de 2011 © IRFS

"Si se concedieran medallas por el número de activistas y defensores de los derechos humanos encarcelados, sus autoridades estarían sin duda en el podio de los ganadores". Lo dice John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional (AI) para Europa y Asia Central. Y se refiere a Azerbaiyán, donde van a celebrarse del 12 al 28 de junio los primeros Juegos Europeos, Bakú-2015.

Pero no es más que el último capítulo de una larga lista de megaeventos deportivos –en especial Olímpiadas y Mundiales de Fútbol- cuyos países organizadores intentan esconder tras el 'resplandor mediático' de la competición su lamentable condición de 'campeones' en violación de derechos humanos.

La galería de abusos es amplia: desalojos y desplazamientos masivos de población ( un millón de personas en las Olimpíadas de Beijing-2008), explotación laboral de trabajadores locales e inmigrantes, persecución de organizaciones no gubernamentales y de activistas de derechos humanos, ataques a las libertades de expresión e información, y múltiples discriminaciones que alcanzan sobre todo a las mujeres y al colectivo LGBTI de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.

Como subraya Dalhuisen a propósito de Bakú-2015, "nadie debería dejarse embaucar por los brillos y oropeles del espectáculo internacional que está organizando Azerbaiyán para proyectar una imagen internacional inmaculada y atraer inversión extranjera. Sus autoridades están entre las más represivas de Europa".

Que se lo pregunten a Leyla Yunus, activista proderechos humanos de 60 años que fue detenida en julio de 2014 tras llamar al boicot de los Juegos Europeos para protestar contra la represión gubernamental. Sufre diabetes y hepatitis C, que han empeorado en prisión, donde la mantienen bajo falsos cargos de traición, actividad empresarial ilícita, evasión fiscal, abuso de autoridad, fraude y falsificación.

Que se lo pregunten a la periodista Khadija Ismayilova, detenida en diciembre bajo la increíble acusación de incitar al suicidio a un excompañero, justo cuando investigaba denuncias que vinculan a la familia del presidente Heydar Aliyev con un lucrativo proyecto de construcción en Bakú. O al bloguero  Faraj Karimov, amenazado y golpeado por la policía para que admitiera delitos relacionados con drogas.

Y lo más grave, como denuncia el citado portavoz de Amnistía Internacional, es que, "con la mirada puesta en los petrodólares de Azerbaiyán, la comunidad internacional ha guardado un llamativo silencio sobre las violaciones de derechos humanos y las represivas tácticas del país". Nada nuevo bajo el cínico paraguas de los intereses comerciales y estratégicos, cuya cortedad de miras prefiere pasar de puntillas sobre "la peor etapa del país en materia de derechos humanos desde su independencia" en 1991.

Los principios del olimpismo –respeto a la dignidad humana, no discriminación, deporte al servicio del desarrollo pacífico- y los "valores humanitarios" de los estatutos de la FIFA futbolística lucen bien sobre el papel.

Tural Abbasli, siendo arrestado en una protesta en agosto de 2010 en Bakú © IRFS

Tural Abbasli, siendo arrestado en una protesta en agosto de 2010 en Bakú © IRFS

Pero en muchos megaeventos deportivos resultan ser papel mojado. Unas veces, como en los Juegos Olímpicos de Atenas-2004, por el sobrecoste de la organización (el presupuesto de 1.500 millones de euros se convirtió en un gasto 'oficial' de 9.000 millones, duplicado o triplicado por otras fuentes), que contribuyó al posterior desastre económico del país. Otras, como en el Mundial de Fútbol de Brasil-2014, por sobrecostes de obras, desplazamiento temporal de 150.000 personas, abusos laborales en la construcción, desalojos forzosos, explotación sexual de mujeres, abusos policiales contra manifestantes... Un inquietante paisaje en el horizonte de las Olimpíadas de Río-2016, cuya factura de brillos y oropeles -la FIFA y el Comité Olímpico Internacional gozan de privilegios fiscales y comerciales- acabará 'restándose' de las políticas que han permitido reducir la pobreza.

En otras ocasiones, como en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi-2014 en Rusia, por otro tipo de violaciones de derechos humanos: intimidación a periodistas, represión contra ecologistas, legislación homófoba que derivó en acoso y ataques a personas del colectivo LGBTI... Inquietantes presagios para el Mundial de Fútbol de Rusia-2018.

Más preocupante, si cabe, se dibuja el horizonte del Mundial de Fútbol Qatar-2022, donde la construcción de estadios se ha cobrado ya cientos de vidas de trabajadores inmigrantes. En este caso, denuncia Amnistía Internacional, la explotación laboral roza la esclavitud, dado el imperante sistema 'kafala' que convierte al empleador en auténtico dueño y señor del trabajador: este ve retenido su pasaporte y solo puede salir del país si su patrón le firma un permiso obligatorio. James Lynch, investigador de AI sobre el terreno, recogió testimonios de obreros nepalíes que contaron que "les tratan como ganado" y trabajan "jornadas de hasta 12 horas al día, siete días a la semana, incluso durante el verano" con temperaturas de hasta 50 grados.

Y todos esos abusos sobre un trasfondo de lujo y riqueza elitistas, en un país que batirá todos los records de inversión (más de 90.000 millones de euros) para un gran evento deportivo.

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