La Junta de Andalucía incorpora soluciones extrajudiciales ante los desahucios a la ley de garantía hipotecaria
La Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de la ley contra los abusos en la contratación de préstamos hipotecarios. Se trata del mismo texto que ya fue remitido al Parlamento andaluz el pasado mes de enero y no llegó a tramitarse al concluir la legislatura, si bien incorpora nuevas fórmulas de arbitraje extrajudicial e instrumentos de información y asesoramiento integral para reforzar la lucha contra los desahucios. De hecho, el pasado 19 de junio, en la primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno, se dio luz verde a incluir mejoras en la norma planteada, como ha explicado el Portavoz del Gobierno andaluz en rueda de prensa.
El proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda tiene como principales objetivos acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza.
La primera de estas novedades, prevé la creación de un Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios, como una sección específica dentro de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía. A través de este instrumento se impulsará la mediación “previa o simultánea con cualquier procedimiento de ejecución judicial o notarial, a fin de lograr soluciones consensuadas para que las personas afectadas puedan mantener la propiedad de la vivienda y, subsidiariamente, la posibilidad de su uso”.
En la misma línea de reforzar la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, el proyecto de ley incorpora la creación del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios, tanto en los casos de ejecución hipotecaria como en los de impago de las rentas de alquiler. Para aumentar la transparencia en la información se creará un Índice de Documentos de Entrega Preceptiva, en el que se relacionará toda la documentación que las empresas prestamistas deben poner a disposición del consumidor hasta que suscriba el crédito, así como la efectivamente entregada. Además, el aval podrá tener acceso a la misma información que quien suscribe el préstamo, además de recibir notificación de cualquier cambio que se produzca una vez cerrada la operación. En relación tanto al avalista como al consumidor, la norma también fija la obligación de realizar una evaluación de la solvencia e informarles gratuitamente de su resultado por escrito y en un plazo de cinco días hábiles.
Obligaciones en materia de información y transparencia
Pablo Blanco, Jefe de Servicio de Inspección y normativa de Consumo, explica a eldiario.es/andalucia que esta nueva norma “crea obligaciones de transparencia a las entidades bancarias”. Blanco afirma que “refuerza los derechos de la información en contratación de contratos hipotecarios”. A lo que no están obligados los bancos es a “adherirse a un proceso de mediación. Pero estarán previstas campañas y mecanismos para informar y propiciar que las entidades entren en procesos como estos” en busca de soluciones. Con el ánimo de no llegar a una situación dramática, Blanco explica que la “norma establece y refuerza los mecanismos de información y prevención”.
El sistema prestará atención singularizada y prioritaria a colectivos en situación de emergencia social y económica, como las víctimas de violencia de género, las personas con dificultades por motivos de exclusión social y las que no pueden afrontar los pagos de las cuotas hipotecarias y de los contratos de arrendamiento por causas sobrevenidas.
El nuevo texto, con esas salvedades, mantiene “el mismo contenido” y será remitido a la Cámara “inmediatamente”, según ha dicho el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. Entre otros aspectos, establece medidas frente a las cláusulas abusivas partiendo del respeto a la legislación estatal en la materia; impone nuevos deberes a las empresas prestamistas; garantiza derechos en materia de información y transparencia para las personas prestatarias; incrementa la transparencia de las comunicaciones comerciales y la publicidad, y establece la elaboración del 'Contrato Hipotecario de Confianza' con la participación de la Junta y de las asociaciones de consumidores, entre otras.
La norma, según han informado fuentes de la Junta, previsiblemente entrará en trámite parlamentario a partir de septiembre. Aún así, una vez que se apruebe , la ley tiene un plazo de entrada en vigor de tres meses para dar tiempo a las entidades bancarias a adecuarse a ls nueva norma. En cualquier caso, el técnico de la Adminsitración precisa que se siguen haciendo inspecciones ordinarias y de oficio cuando hay temas específicos, como en el caso de las preferentes.
