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El juzgado del caso ERE llama a declarar como investigado al obispo emérito de Cádiz y Ceuta

Antonio Ceballos, junto a cuatro exaltos cargos de la Junta de Andalucía, está citado por una ayuda sociolaboral de 300.000 euros otorgada en 2009

El entonces obispo pidió a la Junta una subvención para ampliar el periodo de tiempo del expediente laboral de 50 trabajadores de un centro geriátrico

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obispo emérito de Cádiz y Ceuta

El juzgado que instruye el caso de los ERE ha citado el próximo 25 de abril "en calidad de investigado" al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, a cuenta de un presunto delito de tráfico de influencias en relación a una ayuda sociolaboral de 300.000 euros otorgada en 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz. Junto a él, cuatro exaltos cargos de la Junta, entre ellos el exconsejero Antonio Fernández, también deberán acudir a sede judicial como investigados también para que expliquen los pormenores de la ayuda.

Un atestado de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) había pedido hace unas fechas la imputación de Ceballos, de 82 años, al pedir una compensación complementaria a las prestaciones económicas que ya recibían 50 trabajadores del centro geriátrico de Cádiz que estaban afectados por un ERTE. Al obispo se le acusa de tener una "intervención directa" en la presunta concesión irregular de aquella subvención junto a tres exaltos cargos de la Consejería de Empleo, según concluyó la Guardia Civil.

La ayuda económica fue solicitada por el Obispado con motivo del retraso de las obras de ampliación de su centro geriátrico a causa del hallazgo de unos restos arqueológicos. En una carta firmada en octubre de 2008 por el entonces obispo de Cádiz y Ceuta, Ceballos se dirige al consejero de Empleo Antonio Fernández para pedirle "colaborar y ayudar" antes de que a los trabajadores "se les presente una difícil situación económica familiar". Diez meses después se le concedió la ayuda sociolaboral excepcional.

Hace apenas unos días, la jueza María Núñez señaló que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", abriendo una nueva pieza en la causa. Ahora, en un auto fechado este miércoles 15 de marzo, acuerda las citaciones y da traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie.

La petición del Obispado

La presunta rsponsabilidad penal también alcanzaría, a juicio de la Guardia Civil y ahora del juzgado instructor, al citado exconsejero, al exviceconsejero Agustín Barberá y al exdirector general de Trabajo Juan Márquez, por prevaricación y malversación en los casos de los exresponsables de la Junta, que también deberán declarar el 25 de abril junto a Antonio Diz-Lois, entonces director de administración y finanzas de la agencia IDEA por ejecutar el pago.

"En espera de que como ha sido siempre, podamos colaborar en esta importante tarea sociolaboral, reciba un atento y cordial salud", se despedía el obispo en su carta. La ayuda fue otorgada "incumpliendo las bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones concedidas por la Consejeria de Empleo", detalló el atestado elevado al juzgado instructor de la causa, que ahora llama a declarar al prelado.

"Este nuevo geriátrico tenía prevista su inauguración para el próximo 8 de diciembre, pero durante las obras hemos tenido el importante hallazgo de gran parte de las murallas de Cádiz y dos Torres de la misma, desde el subsuelo hasta dos plantas en altura. Ello está suponiendo una inesperada tarea de obras y un muy importante incremento del presupuesto de obra. Igualmente al actuar sobre la estructura del edificio resulta un inesperado aumento de zonas de forjado que han supuesto igualmente un gran incremento de obra", relataba el obispo en octubre de 2008.

"Todo ello hace que nos encontremos con la necesidad de la ampliación del periodo de tiempo del expediente laboral, pasando los trabajadores a una situación económica muy distinta y en otro espacio de tiempo, y por nuestro lado con un muy importante incremento del presupuesto previsto", añadía en la carta contenida en el atestado.

La Guardia Civil criticaba también que, años después, en concrero en febrero de 2013, la Consejería de Economía, acordara el archivo de las actuaciones del expediente de revisión de oficio sobre dicha ayuda al entender que no había existido mala fe de los trabajadores.

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